Transparencia y Justicia: conocimiento, justificación y responsabilidad

El deber de los servidores públicos reside en la capacidad para la autocrítica y en el escrutinio propio

Transparencia y Justicia: conocimiento, justificación y responsabilidad

Desde hace mucho tiempo, y de forma especialmente intensa en los últimos años, la Administración de Justicia sufre (sufrimos) un notable deterioro reputacional. Los casos de corrupción política y económica, la excesiva lentitud en la tramitación de los mismos y la generalizada falta de consenso en torno a los asuntos de política judicial, ha generado un estado de opinión desfavorable, muy crítico, y que de forma amplia estima que el statu quo no puede mantenerse.

Lejos de cualquier censura o acusación de simplicidad a esa opinión —legítima— de los ciudadanos, el deber de los servidores públicos reside en la capacidad para la autocrítica y en el escrutinio propio, en sabernos responsables de una desafección cada vez más aguda y que, si bien no se corresponde con la prestación general del servicio, como en la filosofía del arte, la apariencia y lo general resultan de la misma importancia que el ser y lo específico: el árbol no puede impedirnos ver el bosque… pero la expresión admite su formulación inversa.

En la literatura jurídica y política anglosajona, el derecho a la información y el principio de responsabilidad de los poderes públicos encuentran su nexo de unión en una palabra: transparencia. Y si bien es cierto que de forma ordinaria esta se vincula con la expresión accountability (dación de cuenta), lo es también que dicho término se desintegra, para su pleno entendimiento, en dos subconceptos: la answerability (justificación de la actividad pública) y el enforcement (capacidad sancionadora frente a los incumplimientos detectados). La transparencia, de este modo, y ya nos centremos en su vertiente activa (la publicidad institucional) o pasiva (el derecho de acceso) se erige como un fenómeno jurídico-político complejo, cuya dimensión democrática no se agota en la simple exhibición de la actividad pública sino, más allá, en la permanente exigencia de motivación al poder—instrumento de combate frente a la censurable arbitrariedad— y en la correlativa sanción a la negligencia o desviación detectada.

Aunque no lo sepamos apreciar (todavía), la comprensión plena de la locución gramatical Estado de Derecho no se simplifica en el tradicional principio de legalidad, sino que se desenvuelve extra muros —concepción dinámica—, armando al ciudadano de herramientas para poder exigir la responsabilidad de la que es deudora toda la arquitectura pública.

Por razones evidentes, los juzgados y tribunales no son una Administración típica; la confusión de ejercicio de un poder de Estado y un servicio público no facilita el deslinde en la actividad judicial que cada día se despliega por los órganos jurisdiccionales. No obstante, y con el debido matiz que conlleva distanciar lo jurisdiccional —en sentido estricto— de lo que se encuentra ligado al mismo o, simplemente, es su impersonal expresión estadística, debería ser admitido que la transparencia ha de hallar una posición central en el escenario judicial español.

Esa idea de transparencia es quizá más intensa por ser los juzgados y tribunales la última ratio para la resolución del conflicto y, desde el respeto al fundamental papel de la Justicia en la democracia, se presta urgente e imprescindible regular con exactitud las obligaciones de publicidad en el campo judicial. Ello sin perjuicio del trabajo realizado desde 2014, pero también potenciando los elementos sustanciales de esa cultura cívica en la que el ciudadano participa en la gestión de los servicios públicos no meramente como usuario o financiador, sino también, y sobre todo, como agente responsable, haciéndose partícipe del funcionamiento de un tejido público que sólo podrá mantener el cumplimiento de sus funciones si es transparente; es decir, si conocimiento, justificación y responsabilidad siguen girando en esa relación íntima que tantas veces pasa inadvertida: la que se establece entre la información, la decisión y la crítica. Un trinomio para construir una democracia mejor; tres palabras para construir una Justicia mejor.

Álvaro Perea González, letrado de la Administración de Justicia.

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