¿Está vacunada la banca contra la crisis?

Se ha ganado tiempo para solucionar la problemática financiera de las empresas, pero no para los particulares cuya moratoria vence esta primavera

La crisis provocada por el Covid-19 es la primera crisis económica voluntaria que se recuerda en siglos. Y es voluntaria porque los Gobiernos decidieron encerrarnos en casa a los ciudadanos. Y, así, no hay PIB ni tasa de empleo que resista. Otra cosa es que hubiera otra opción.

Con el fin de evitar que esta crisis económica tan singular se transmitiera a la banca, se desencadenó, en el pasado marzo, una rápida reacción de Gobiernos y reguladores y supervisores bancarios –nunca tan rápida y nunca tan coordinada internacionalmente– que culminó en programas de apoyo mediante avales estatales y flexibilización de flujos de caja a través de moratorias.

En el caso de España, la solución para las empresas fueron las operaciones avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con una garantía estatal media del 76% del riesgo, y la solución para los particulares más afectados fueron las moratorias legislativas y sectoriales. En las primeras, la carencia es total y en las segundas, la carencia se limita al capital, pero siguen pagando intereses. Dados los bajos tipos de interés, las cuotas se reducen en estas últimas en torno al 80% para las hipotecas a 20 años, por lo que la tasa de esfuerzo se amolda a la pérdida de ingresos de los deudores por la pandemia. Tras varios meses de gestiones, la suma de ambas soluciones supone hoy más de 170.000 millones de euros, por lo que la llamada cartera Covid supone un 13,7% de la inversión crediticia en España a empresas y familias, si bien el aval del ICO soporta algo más de la mitad (88.000 millones).

Los documentos regulatorios emitidos desde marzo de 2020 (por la ESMA, la EBA, el BCE, etc.) fueron, sin duda, una primera dosis de la vacuna. En ellos se permite cuestionar la calificación contable de los préstamos si corresponden a deudores con situación transitoria de iliquidez (y sobrevenida por el cierre temporal de sus negocios), frente a los que manifiestan insolvencia real, en cuyo caso no hay relajación contable alguna. Además, recomendaban que los escenarios para el cálculo de las provisiones consideraran más el medio plazo (en el que se vislumbraba la recuperación) que el muy corto plazo (en los que el abismo de PIB y desempleo era vertiginoso, como finalmente ha sido).

Pues bien, estos documentos trazaron una hoja de ruta que marca un camino inverso al de crisis anteriores, en una suerte de flashback, de forma que el principio es el final, como veremos a continuación. En la primera fase (hasta el pasado septiembre) se dotaron las provisiones, que es lo último que suele llegar. En efecto, los bancos españoles han triplicado su coste de crédito en 2020 por la dotación extraordinaria del efecto del Covid-19. Las 12 mayores entidades de crédito españolas han elevado su coste de crédito en 2020, para sus negocios en España, hasta 84 pbs –55 puntos básicos más que en 2019–. Este importe es superior a la diferencia media de 47 puntos básicos de los cinco grandes bancos de Italia, otro país muy afectado por el turismo.

En una segunda etapa (desde octubre), los riesgos marcados en vigilancia especial aumentaron un 30% en el último trimestre. Los sectores de hostelería, ocio y transporte, que parecían invulnerables ante la creciente globalización, son ahora los más afectados, porque presentan curvas de recuperación que hoy se antojan más lejanas.

Por último, la morosidad aún no ha aumentado. Esto es lo insólito: que las provisiones han llegado antes que los activos dudosos. Con las provisiones dotadas en 2020, que han provocado la caída de los resultados de los bancos en España en un 52%, la morosidad podría aumentar hasta tres puntos (del 4,7% actual al 7,7%), pero los augurios supervisores apuntan a que la morosidad podría elevarse aún más. Si la recuperación fuera rápida, las provisiones ya dotadas cubrirían los morosos latentes; pero si fuera más lenta, los bancos seguirán dotando en 2021 para absorber la morosidad futura. En cualquier caso, los bancos prevén un coste de crédito en 2021 menor que el de 2020 –84 puntos básicos–, pero muy superior al de 2019 –29 puntos básicos–.

¿Qué más se puede hacer? Cuando en marzo de 2020 se dieron periodos de gracia de un año a las empresas y a los particulares, se esperaba que la crisis estuviera resuelta en ese tiempo. Pero no ha sido así. La vacunación efectiva de la población se está retrasando y, por tanto, la recuperación económica.

Se ha ganado tiempo con el problema de las empresas al permitir en los créditos ICO la ampliación del plazo de carencia de capital un año más, a solicitud de la empresa. Pero no se ha tomado ninguna medida para los particulares cuya moratoria vence en primavera. Las moratorias sectoriales son el gran invento de esta crisis porque siguen pagando intereses y no se rompe la disciplina de pago. ¿Son una patada hacia adelante? Ampliar un año el plazo de una hipoteca, para que dure 18 años en lugar de 17, no ha sido descabellado. Hay tiempo, hasta el 30 de marzo, para solicitar una nueva votación en la EBA para volver a ampliar las moratorias sectoriales. Prolongar esta medida unos meses más, hasta que se recupere el empleo, equivaldría a una segunda dosis de la vacuna. Y para el sistema financiero esta segunda inyección es tan importante como la primera.

Santiago Martínez-Pinna es Socio de la unidad de regulación financiera y de riesgos de PwC