La industria consumidora de gas pide la exención del pago al fondo de renovables
El sector presenta alegaciones para reducir el impacto en sus cuentas Teme perder competitividad e inversiones que lastren su futuro
Quedar exentos y no tener que pagar la parte que les corresponde del Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).Es la petición compartida en las alegaciones que las empresas que utilizan el gas como fuente de energía en sus procesos industriales han presentado hace solo unos días al anteproyecto de ley que dio a conocer el Gobierno el pasado mes de diciembre.
Varias de las principales organizaciones industriales coinciden en este punto en los escritos remitidos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El director general de la patronal siderúrgica (Unesid), Andrés Barceló, pide directamente que “se nos exima, no que haya compensaciones”. Juan Antonio Labat, director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), solicita también que “se excluya a las industrias que usan gas”.
Las dos asociaciones de la cogeneración en España, Acogen y Cogen, han presentado un escrito conjunto en el que, entre otras cuestiones, demandan “mejorar los mecanismos de exclusión previstos para las industrias consumidoras de gas”, informan ambas entidades.
Fuentes del ministerio afirman que “actualmente estamos enriqueciendo el texto con las aportaciones recibidas”. La nueva versión se llevará luego al Consejo de Ministros para remitirlo a las Cortes ya como proyecto de ley.
Feique calcula un coste de 218 millones. Aspapel pronostica que dejarán de crearse 7.000 empleos
El objetivo es reducir el impacto que pueda tener en sus cuentas el pago del fondo. El sector del gas tendrá que hacer frente al 24,8% del mismo, un total de 1.700 millones de euros.
Feique calcula este impacto en 218 millones de euros, lo que “supone un incremento del 21% en nuestros costes”, asegura Labat. Fuentes de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) lo estima en 182 millones y prevé la destrucción de los 60.000 empleos que de él dependen.
El director de energía de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), Isaac del Moral, lo calcula en 100 millones y pronostica que dejarán de crearse unos 7.000 puestos de trabajo.
Del Moral advierte de la pérdida de competitividad y de la “deslocalización silenciosa” que se va a producir. Esto se traducirá en la “desaparición de inversiones por parte de unas multinacionales que se las llevarán a otro sitio”.
Efecto positivo
El director asociado en Nera Economic Consulting, Jorge Sanz, no cree que el fondo afecte negativamente a la competitividad internacional de las empresas españolas “por el simple motivo de que el anteproyecto de ley plantea que dichas empresas estarán eximidas de tener que contribuir” al mismo. Las que compitan en España tampoco saldrán perjudicadas, ya que “todas se verán afectadas en la misma medida”, recuerda.
El experto Jorge Sanz defiende su huella positiva en el PIB y anima a las empresas a usar más la electricidad
Sanz está convencido de que “el efecto agregado del fondo sobre el PIB y el empleo será positivo, gracias a que se reducirá el coste de la electricidad para todas las empresas”, sin olvidar que beneficia también a los hogares que tienen menor renta.
El que fuera presidente de la comisión de expertos para la transición energética recomienda a estas empresas “modificar sus procesos productivos para consumir electricidad en lugar de hidrocarburos, con lo que se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Algunas patronales argumentan que a día de hoy no hay alternativa para el uso del gas en determinados procesos y que este cambio de tecnología no llegará en un plazo menor a los cinco años.
Pendientes de la nueva fiscalidad
Reforma. La renovación de la fiscalidad de la energía sigue siendo un asunto capital que aún está pendiente por acometer en este proceso de transición hacia la descarbonización.
Propuesta. Jorge Sanz considera que “la imposición actual no tiene fundamentación ambiental alguna, solo responde a las necesidades recaudatorias de la Hacienda pública, penaliza el consumo de electricidad y subvenciona implícitamente el de combustibles fósiles”. Su propuesta va en la línea que ya propuso en 2018 la comisión de expertos de transición energética: sustituir la fiscalidad actual “por impuestos que graven cada producto energético en proporción a sus emisiones de gases contaminantes (CO2, SO2 y NOx) y partículas sólidas a la atmósfera”.
Restricciones. Antonio Hernández, socio responsable de sectores regulados en la consultora EY, sostiene que la reforma “debería perseguir un doble fin: contribuir a la transición energética y la descarbonización de nuestra economía y la mejora de la calidad del aire, especialmente en núcleos urbanos”, respondiendo al principio de “quien contamina, paga”. Hernández añade cinco restricciones para impulsarla: “Evitar la pérdida de competitividad de nuestra industria frente a otros mercados, proteger a los usuarios más vulnerables, respetar la sostenibilidad financiera del sistema energético, no afectar negativamente a los presupuestos públicos y velar por el mantenimiento de la unidad de mercado”.
