Decálogo para un gobierno catalán comprometido con la gobernabilidad

La nueva generación de parlamentarios puede adoptar medidas para la recuperación sin abandonar sus aspiraciones de más autonomía

Se ha deteriorado sustancialmente la economía y gobernabilidad de Cataluña en los últimos años. El largo ciclo de crecimiento de la economía internacional iniciado en 2010 acabó de manera abrupta con la propagación de Covid-19. Pero la economía catalana cuenta con muchos pilares sólidos: turismo, sectores industriales tradicionales, agricultura, pesca, puertos potentes (Barcelona, Tarragona) y una creciente red de empresas punteras en biomedicina, TIC, biotecnología, energías renovables y logística. Entre 2010 y 2019 batimos cada año el récord de llegada de turistas, aumentando de 40,5 millones a 68,5 millones en España y de 13,1 a 19,3 millones en Cataluña. Las pymes catalanas y españolas asumieron la devaluación interna de 2010-2013 y multiplicaron de manera espectacular sus exportaciones a todos los continentes.

La triste paradoja de la historia de Cataluña es que a menudo su clase política quiere aprovechar el progreso para desvincularse de España. Así sucedió en 1931, con la proclamación por parte de Lluís Companys de una república catalana independiente y los referéndums ilegales de 2014 y 2017. Nuestra calidad de vida y progreso económico mantienen a parte de la población en un espejismo fomentado por los populistas independentistas (ERC, CUP, JuntsXCataluña), según el cual Cataluña por su cuenta sería una Dinamarca en el Mediterráneo firmemente arraigada en la UE. Hay muchos ejemplos de reformismo catalán comprometido con la gobernanza de España: el federalismo del presidente Pi y Margall durante la primera república, Francesc Cambó en el primer tercio del siglo XX, Josep Tarradellas durante la transición y la Convergencia i Unió de Jordi Pujol y Miquel Roca Junyent, uno de los padres de nuestra Constitución de 1978.

La irrupción de nuevos partidos no lastrados por la corrupción y consecuente fragmentación parlamentaria complican la gobernabilidad de Cataluña. Son también un reflejo del desengaño de la ciudadanía, que se traduce en un deseo de desconexión de una Cataluña que aporta el 21% del PIB de España, pero también exporta el 40% de sus productos al resto del Estado.

En octubre de 2017, Cataluña ya había perdido 4.300 empresas y 40.000 empleos debido a la inseguridad jurídica. El relevo del PP por el PSOE en el Gobierno estatal no ha otorgado a los independentistas su ansiado referéndum de autodeterminación y liberación de los condenados por el 1-O. La alta densidad de población en el Mediterráneo y el incumplimiento de las regulaciones por parte de la población explican en parte las altas cifras de infectados y fallecidos por Covid-19. Pero la clase política también ha gestionado pésimamente la pandemia. Modifican sin cesar las regulaciones excesivamente restrictivas que afectan a los horarios de los comercios y restaurantes. Imponen confinamientos con pocas excepciones de movilidad en comarcas, a sabiendas de que la policía no puede hacerlas cumplir. No se exigieron tests negativos en la llegada a aeropuertos hasta noviembre. Se abrieron las discotecas en verano, pero se mantienen cerradas bibliotecas y cines.

El PIB español y catalán se desplomaron un 11,4% en 2019, el descenso más fuerte en la UE y de los más altos del mundo desarrollado. El desempleo se ha situado en el 16%. Muchos trabajadores no aparecen en las cifras porque cobran ERTE que les permiten subsistir, pero no desarrollar su labor profesional. El déficit público ha ascendido al 11%.

La transición y los pactos de la Moncloa son ejemplos de compromisos que redundaron en el bien de la sociedad. La nueva generación de parlamentarios catalanes surgida de las elecciones debe y puede adoptar medidas que promuevan la recuperación sin abandonar sus aspiraciones de mayor autonomía.

El nuevo Gobierno catalán debería implementar el siguiente decálogo. Primero, simplificar las restricciones y relajarlas para comercios y restaurantes. Segundo, abandonar la micro gestión mediante comarcas y regiones sanitarias y sustituirla por una coordinada con el Gobierno central para acelerar la distribución y suministro de vacunas. Tercero, aceptar la unidad de mercado de España, respetando regulaciones y normativas que en gran parte son fruto del mercado único de la UE. Cuarto, abandonar el discurso de confrontación con España que ahuyenta a empresarios e inversiones. Cinco, dedicar las partidas de los fondos europeos y los PGE asignadas a Cataluña a paliar las consecuencias de la pandemia sobre la salud mental y física. Sexto, hacer lo propio para ejecutar proyectos de renovación o construcción de infraestructuras de transporte y energéticas, incluyendo una prolongación del gaseoducto Medgaz por la costa mediterránea para enlazarlo con la red europea. Séptimo, impulsar una transformación realista mediante el gas natural a una economía sin emisiones de carbono potenciando las renovables y las centrales nucleares. Octavo, invertir mediante partenariados con el sector privado en edificios inteligentes con eficiencia energética y medios de transporte eléctricos, alineando dichos objetivos con el desarrollo del Plan Verde Europeo y su billón de euros para inversiones sostenibles en la próxima década. Noveno, atraer a investigadores extranjeros y recuperar a los que están en el extranjero. Y décimo, desarrollar con el sector privado una 5G que cubra todo el territorio, evitando así la despoblación de zonas rurales.

Un gobierno catalán que aplicara dicho decálogo tendría autoridad moral para exigir al Gobierno central una reforma de la Constitución que reconozca el carácter plurinacional de España, fije mediante parámetros objetivos (población, porcentaje del PIB, renta per cápita) las inversiones estatales en las CCAA y dote de más poderes al Senado. Joe Biden quiere que EEUU lidere el mundo en la producción y exportación de tecnologías limpias que generen empleo. Cataluña puede recuperar su papel de motor del progreso económico español y la integración europea. Exige esfuerzo, compromiso y mirar hacia adelante.

 Alexandre Muns es profesor de de EAE Business School y analista de economía internacional