Una reforma superficial de las pensiones que no las hace más sostenibles

Los retoques resuelven, en el mejor de los casos y siendo generosos con los números, el problema de muy cortísimo plazo

La propuesta de reforma de la Seguridad Social enviada a Bruselas por el Gobierno es una propuesta de no reforma. Se trata de simples ajustes técnicos que cambian partidas de gastos de lugar, pero que en absoluto meten mano a la insuficiencia financiera que arrastra de manera alarmantemente creciente el sistema de protección de la vejez. El ministro liberal de Seguridad Social, pese al respaldo de la vicepresidenta tercera, no ha podido llegar hasta donde quería, por la oposición de los socios más radicales del Gobierno, que advirtieron de que no respaldarían determinados cambios en el Parlamento. Por tanto, las medidas tendentes a reforzar la contributividad, que es tanto como decir que las cuantías de las prestaciones se acerquen lo más posible a las aportaciones, siguen en el limbo, y la sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema, en cuestión.

El documento entregado navega en la ambigüedad y deja abierta la opción de elevar los años a considerar para calcular la pensión, así como otras medidas que afecten al retorno de renta, sin compromiso alguno en el calendario. Únicamente se ponen en marcha las medidas que excluyen de la financiación vía cuotas de los gastos considerados impropios por su carácter asistencial, que equilibran a duras penas para un par de años las cuentas. Lo equilibran dando por bueno que las medidas anunciadas reporten el ahorro que se estima, que es harto complicado porque, como en el caso de retrasar la edad real de jubilación para acercarla a la legal, no dependen de decisiones ejecutivas, sino del ánimo de los cotizantes para decidir cuándo se jubilan.

Los retoques resuelven, en el mejor de los casos y siendo generosos con los números, el problema de muy cortísimo plazo. Pero no consideran que en tres o cuatro años comenzará la gran avalancha de jubilaciones de las cohortes del baby boom (nacidos de 1960 a 1974), y que el agujero de explotación del sistema de Seguridad Social se ampliará de forma severa y que solo podrá ser combatido con más aportaciones y menos prestaciones.

Para ello habrá que volver sobre los pasos ya transitados por otros Gobiernos y manejados por el ministro de Seguridad Social actual. Habrá que elevar los años a considerar para calcular la pensión (sin permitir elegir los mejores para no perder por un lado lo que se gana por el primero); habrá que proporcionar menos retorno por cada año cotizado; habrá que tener en cuenta la esperanza de vida para determinar la primera pensión, rescatando el factor de sostenibilidad mal enterrado por Rajoy y el PNV; y habrá que revalorizar cada año las cuantías en función de cómo vaya la economía. Habrá que tener en cuenta, en definitiva, que el compromiso de toda reforma no es con los pensionistas actuales, sino con los que lo serán en las dos próximas décadas.