Escrivá propone adecuar la edad de jubilación a la esperanza de vida y destopar bases máximas
El Gobierno ofrece a Bruselas nueve cambios en la Seguridad Social, entre las que sí sugiere la ampliación del número de años cotizados para calcular la pensión
El Gobierno ha enviado a la Comisión Europea una propuesta de reforma de las pensiones que toca nueve cuestiones de cómo se gestiona ahora la Seguridad Social y cómo se calculan las pensiones. Entre los cambios que propone el Ejecutivo en este documento, al que ha tenido acceso Cinco Días, hay algunos de calado, como la creación de un nuevo mecanismo "de equidad intergeneracional" que podría vincular la fórmula por la que se calculan las nuevas pensiones o la edad de jubilación a la esperanza de vida y/o al equilibrio entre pensionistas y ocupados. O también la posibilidad de destopar progresivamente las bases máximas de cotización e incrementar proporcionalmente las pensiones máximas también.
Asimismo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado reiteradamente en las últimas horas que estas fichas enviadas a Bruselas, no incluyen la ampliación de 25 a 35 años del periodo de cómputo que se toma para calcular las pensiones. Sin embargo, una de las reformas que plantea en materia de Seguridad Social, no solo deja abierta esa posibilidad, sino que la defiende para que se aplique dicha ampliación del periodo de cálculo --sin concretar cuántos años-- "de manera progresiva a partir de 2023".
En concreto, Escrivá retoma en este documento su propuesta de ampliar dicho número de años que se toman para determinar la cuantía de la pensión inicial, su idea de combinar esta ampliación con "la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora cuando se supere este umbral, junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional".
Esto significa, que el planteamiento de Escrivá no se limitaría a ampliar el periodo de cálculo, lo que se traduciría claramente en un recorte de las nuevas pensiones, sino que intentaría mitigar esta disminución de las prestaciones, al menos en las largas carreras de cotización, a las que les permitiría eliminar de su base reguladora algunos de los peores años de cotización. A esto le añadiría una nueva regulación, más protectora, se deduce, de la compensación de las lagunas de cotización (años en los que el trabajador no cotiza por estar en el desempleo durante las crisis o por estar en excedencia por cuidado de hijos, por ejemplo).
Además, en un cuadro justificativo de esta medida, el equipo de Escrivá asegura que la ampliación del periodo de cómputo de la pensión "tiene adecuado encaje en la recomendación 11 del Pacto de Toledo", algo que han negado reiteradamente empresarios y sindicatos.
En dicha recomendación, dónde los parlamentarios apuestan por mejorar la contributividad del sistema se indica que "cabría valorar la posibilidad de la inclusión de medidas que, con carácter excepcional, reconozcan la capacidad del beneficiario para descartar algún año concreto del periodo de cálculo ordinario o para escoger el específico tramo de la carrera de cotización sobre el que va a aplicarse la fórmula de cálculo para la determinación de su pensión". Y, dado que Escrivá quiere combinar la ampliación del número de años con una suerte de sistema de elección o descarte de los peores ejercicios cotizados, la medida que propone el Gobierno sí entraría dentro de dichas recomendaciones parlamentarias.
Nueva revalorización
En materia de Seguridad Social, la ficha enviada a Bruselas recoge el resto de propuestas que ya les habrían presentado a los interlocutores sociales en la mesa de reforma de las pensiones y que incluyen una nueva fórmula que garantice el poder adquisitivo de las pensiones --derogando el conocido como 0,25% actual-- y que "evite las necesidad de reducciones nominales en el eventual caso de que se produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo, por inflación negativa, por ejemplo", dice el documento.
Asimismo, entre el resto de estas medidas están la financiación de gastos impropios de la Seguridad Social a cargo del Estado por valor de "aproximadamente 20.000 millones de euros", de los que tres cuartas partes ya han sido asumidos por la Administración Central en los Presupuestos de 2021, precisa el Ejecutivo a Bruselas. E igualmente, Escrivá incluye su plan de endurecer la jubilación anticipada, crear nuevos incentivos al retraso de la jubilación y la creación de "beneficios para las empresas que mantengan a trabajadores mayores y se fomentará su capacitación permanente para mejorar su empleabilidad".
Junto a esta sustitución del factor de revalorización creado en 2012, el Gobierno propone a también Bruselas y a los interlocutores sociales sustituir el factor de sostenibilidad también creado en esa reforma y que nunca se ha llegado a aplicar, por "un mecanismo de equidad intergeneracional". Este nuevo instrumento hará que "los parámetros fundamentales del sistema serán objeto de revisión periódica en función de la evolución de la demografía y del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista".
Cuando se habla de parámetros fundamentales del sistema es para referirse a dos fundamentalmente: la fórmula con la que se calcula la pensión inicial y la edad de jubilación. Por tanto este nuevo mecanismo intergeneracional, dejaría también la puerta abierta que, por ejemplo la edad de jubilación en cada momento --que es uno de los parámetros fundamentales del sistema-- aumente si se eleva la esperanza de vida o disminuye la ratio entre ocupados y pensionistas, como está previsto que lo haga por razones demográficas. O, igulamente, podría disminuir la cuantía inicial reconocida a las nueva pensiones si se elevara la esperanza de vida o cayera la ratio de jubilados y trabajadores en activo, tal y como ya preveía el factor de sostenibilidad que Escrivá quiere ahora sustituir.
Otra de las reformas propuestas consistiría en la "adecuación de la base máxima de cotización del sistema". Concretamente, la intención de Escrivá es eliminar, de manera progresiva, los límites en la cotización de los trabajadores con los salarios más altos. De esta forma, todo el salario que perciba el trabajador cotizaría a la Seguridad Social y, en paralelo, debería incrementar las pensiones máximas que reciben estos trabajadores para no romper la contributividad del sistema.
Entre el resto de las modificaciones que el Ejecutivo propone a la Comisión está la implantación del sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos; la modificación del complemento de maternidad de pensiones, de forma que se vincule a la interrupción de la cotización por cuidado de hijos, independientemente de si se es hombre o mujer; y la "revisión e impulso" de los sistemas complementarios de pensiones, citando la creación del "fondo de promoción pública de libre adscripción" que ya recogen los Presupuestos de 2021.
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