Sobre la legislación financiera en el Parlamento Europeo

Además de la aprobación del paquete presupuestario para responder a la pandemia, se ha impulsado el InvestEU, el fondo de inversión europeo

El proceso legislativo europeo no está suficientemente interiorizado por la opinión pública en nuestro país. A menudo, nos encontramos con requerimientos sobre directivas o reglamentos aprobados tiempo atrás, cuando los textos ya están votados e inician su tramitación en el Congreso de los Diputados, en el caso de las primeras, o su aplicación directa, en el de los segundos. Asimismo, no acabo de observar un trabajo sistematizado a la hora de hacer llegar las casuísticas locales a las autoridades comunitarias, desde el inicio de los proyectos a través de las consultas que abre la Comisión, previas a la redacción de sus propuestas legislativas, a los trámites siguientes en el Consejo de la UE y en el Parlamento.

No es sencillo aportar información para la deliberación del Consejo de la UE, que sigue funcionamiento con un alto grado de opacidad, pero incluso en el trámite parlamentario, donde la transparencia es total, no siempre se hace llegar en el momento oportuno los problemas o necesidades de los distintos grupos de interés nacionales. Sin duda, existen notables excepciones, pero aún existe un amplio espacio de mejora.

Así pues, esta columna tiene por objetivo informar de los distintos dosieres en los que está trabajando el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, intentando no solo facilitar la aprehensión del funcionamiento de la Unión, sino también trasladar las aportaciones del Parlamento y, especialmente, del Grupo Socialista. Empecemos.

Durante los últimos meses, el Parlamento ha estado centrado en la aprobación del conjunto del paquete presupuestario para formalizar la respuesta europea ante la crisis de la pandemia. El Comité de Presupuestos logró revisar al alza el marco financiero plurianual 2021-27, mejorando la dotación de las políticas comunitarias de investigación, educación, seguridad y vecindad. A su vez, en cooperación con el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios, se cerró el pasado diciembre el texto para canalizar el grueso de la emisión de deuda del fondo de recuperación Next Generation EU a los Estados miembros a través del reglamento para la constitución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El Parlamento logró convencer al Consejo de la UE en el trílogo de la necesidad de mejorar la estructuración de los planes nacionales, que deberán ahora no solo responder a las recomendaciones por países derivados del semestre europeo, sino que también tendrán que estar articulados en base a seis pilares, que faciliten el desarrollo de los compromisos europeos en respuesta a la pandemia, además de perfilar una condicionalidad presupuestaria alienada con el resto de políticas europeas.

Además, el Parlamento exigió y obtuvo del Consejo de la UE un calendario vinculante para la adopción de nuevos recursos propios, que permitan la amortización de la deuda emitida en el Next Generation EU. Y el Parlamento consiguió también acordar con el Consejo de la UE el nuevo reglamento sobre condicionalidad democrática, que los Estados llevaban largo tiempo retrasando ante las amenazas de Polonia o Hungría, más allá de que su aplicación penda ahora de la valoración del Tribunal de Justicia de la UE.

En todo caso, desde el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios hemos venido trabajando en otros asuntos, algunos de los cuales acaban de cerrarse con el Consejo. En este sentido, merece la pena detenerse en el acuerdo para viabilizar el fondo de inversión europeo, el InvestEU, heredero del plan Juncker adoptado en la pasada legislatura.

El acuerdo del Consejo Europeo el pasado julio para permitir que saliera adelante el plan de emisión conjunta de deuda tuvo algunos grises, uno de los cuales fue la eliminación del Solvency Support Instrument, una propuesta de la Comisión para dotar a la Unión de un instrumento para cooperar en la entrada en el capital de empresas en crisis fruto de la pandemia.

La suavización de la aplicación de las normas de ayudas de Estado ha llevado a una carrera desigual entre países a la hora de apoyar a empresas. Los Estados con mayor músculo presupuestario han podido apoyar a sus empresas nacionales con mayor potencia que otros, y la creación de ese instrumento comunitario, el Solvency Support Instrument, permitía armonizar el nivel de respaldo público y elevar la igualdad de oportunidades en el seno del mercado único.

Considerando la importancia de contar con un mecanismo de este tipo, el Parlamento ha introducido en el marco del InvestEU el diseño de un instrumento ad hoc para realizar esa misma labor con una dotación presupuestaria especial, permitiendo además trasladar parte de la financiación del MRR a ese destino, junto a otro tipo de financiación nacional, cuyas aportaciones quedarían fuera de los cálculos de los saldos presupuestarios en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En otro orden de cosas, el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento ha cerrado también un acuerdo con el Consejo de la UE para la ampliación de la definición de las titulizaciones STS (simples, transparentes y estandarizadas), que ayude a dinamizar un mercado necesario para facilitar la financiación empresarial, junto a una revisión puntual de la regulación de requerimientos de capital para tales activos. Se ha revisado también el reglamento de folletos de emisión para simplificar la emisión de pasivos para las pequeñas y medianas empresas, y se ha procedido a una reforma puntual de Mifid, que antecede a la revisión más profunda que debe acometerse en el presente ejercicio.

Por último, el Comité ha logrado un acuerdo para aprobar una directiva para la dinamización del mercado de créditos fallidos que, manteniendo la protección de los acreedores, facilite la salida de tales activos dañados de los balances bancarios. Esta norma da continuidad a un reglamento acordado en la pasada legislatura, y queda ahora pendiente de los trílogos con el Consejo de la UE. En todo caso, parece evidente que serán necesarias nuevas propuestas legales ante el incremento esperado en la morosidad bancaria, cuando los sistemas de apoyo público comiencen a suavizarse según vaya reduciéndose el impacto del coronavirus.

En fin, sirva este artículo como una muestra inicial de lo que está por venir. Continuará.

Jonás Fernández Álvarez es Diputado al Parlamento Europeo y portavoz de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios