¿Qué hacemos con los ERTE si funcionan como ‘jaulas de oro’?

Se corre el riesgo de estar financiando con dinero público empresas inviables que destruirán empleo cuando se desmantele la normativa

El sistema de ERTE por el Covid-19, tanto por fuerza mayor (FM), como por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas (ETOP), tiene una protección social por desem­pleo reforzada y, en muchos casos, cuotas sociales empresariales exoneradas, vinculadas a la cláusula de mantenimiento de empleo de seis meses tras el inicio de actividad (Decretos-Ley 8 y 30/2020).

Es un sistema, por tanto, con una gran financiación pública que ha permitido, en diferentes etapas de la pandemia, amortiguar los costes laborales de las empresas ante paralizaciones, restricciones o profundas disminuciones de la actividad económica. Las empresas han podido externalizar estos costes hacia la Seguridad Social, con suspensiones contractuales y reducciones de jornada durante el ERTE (FM o ETOP), por la vía, en muchos casos, de exoneración de cuotas y, en todos, de sustitución de salarios por prestaciones de desempleo. En la actualidad se estima que en torno a 750.000 trabajadores están bajo la cobertura de un ERTE Covid-19 y que el coste mensual para el Estado, desde marzo, está entre 4.500 y 5.000 millones de euros.

La alta financiación pública de esta flexiseguridad laboral, que ha permitido contener el empleo con enorme eficacia, en una caída profunda e inédita del PIB, va conexa a un contundente régimen jurídico sancionador y antifraude contra empresas incumplidoras (DF 9ª y 3ª Decreto-Ley 15/2020).

Ello no debería resultar extraño, porque la inversión de tanto dinero público conlleva medidas de lucha contra el fraude empresarial en su utilización. Las herramientas utilizadas, según los casos, son las sanciones administrativas con multas cuantiosas, con infracciones muy graves individualizadas por cada trabajador; el reintegro de prestaciones sociales de desempleo indebidas, con responsabilidad directa de la empresa; y la liquidación del pago de cuotas sociales exoneradas por incumplimiento de la exigencia de mantenimiento de empleo seis meses, tras el inicio de la actividad, con abono de la totalidad de las mismas, como acaba de confirmar la Dirección General de Trabajo.

Los incumplimientos empresariales en la tramitación del ERTE, ocultando o falseando datos, y en su propia ejecución, estando los trabajadores realmente activos, cuando sus contratos están en suspenso, o a tiempo completo, cuando sus jornadas están reducidas, suponen un fraude a la Seguridad Social, que implica el reintegro de prestaciones sociales indebidas, a cargo de la empresa, y el pago de cuantiosas multas. Incluso el incumplimiento de las restricciones de horas extras y contratos para dar prioridad a los afectados en ERTE podrían conllevar idéntica consecuencia.

Los incumplimientos, por su parte, del mantenimiento del empleo en seis meses posteriores conllevan la dura penalización económica de abono de todas las cuotas exoneradas en el ERTE. Todo ello en el marco, además, de la prohibición de despedir por causa del ERTE (Decreto-Ley 9/2020), que, con gran inseguridad jurídica, está originando sentencias de improcedencia o nulidad de las extinciones, dependiendo de los casos.

Este sistema dotado de una gran financiación pública para costear los ERTE, conexo a una normativa antifraude y de mantenimiento de empleo tan contundente, está prorrogado, al menos, hasta el 31 de enero de 2021, siendo previsibles más prórrogas. Es loable que la utilización de tanto dinero público para salvar empresas y empleos tenga como consecuencia un régimen sancionador tan duro y tendrán que ser los inspectores de Trabajo los que vayan localizando, con pruebas, estos comportamientos empresariales inadmisibles en medio de una pandemia. Pero la alta exigencia de mantenimiento de empleo debería ser revisada porque puede estar teniendo, ya, consecuencia no deseadas.

Las empresas en ERTE parecen encerradas en una especie de jaula de oro, donde reciben mucha financiación pública, sin poder reestructurar sus plantillas debido a las contundentes exigencias de mantenimiento de empleo y sus altas penalizaciones económicas. Ello tiene el riesgo, ya, de estar financiando con dinero público empresas inviables que, en un futuro, cuando se desmantele esta normativa, destruirán empleo.

La jaula de oro puede estar, además, postergando en el tiempo, decisiones empresariales necesarias para garantizar la viabilidad futura de otras empresas. Habría que reflexionar, en este sentido, sobre la conveniencia de abonar todas las cuotas exoneradas ante una sola extinción, sin ninguna proporcionalidad, y de prorrogar la propia prohibición de despedir, porque, de lo contrario, el resultado futuro puede ser contraproducente.

Los ERTE han sido, y son, una herramienta formidable de contención de empleo y flexibilidad laboral en la pandemia. Pero el acto de prórroga sin más y su diseño de jaula de oro deberían replantearse para evitar este tipo de riesgos, de cara a la recuperación económica y de empleo tras la pandemia.

De nada sirve destinar tanto dinero público para mantener empresas inviables o para dificultar la viabilidad de otras. Igual que se castiga el fraude empresarial con contundencia, se debería evaluar con rigor el destino de este dinero público.

Jesús Lahera Forteza es catedrático de Derecho del Trabajo Universidad Complutense y consultor de Abdón Pedrajas