Las islas plantan cara a la escasez de vivienda
El Plan de Vivienda aprobado hace una semana por el Ejecutivo autonómico prevé incrementar en hasta 6.000 el número de viviendas protegidas en el archipiélago en el próximo lustro. Sindicatos y empresarios, satisfechos con un instrumento que busca poner fin a la “emergencia habitacional” existente en Canarias
17.000 personas están inscritas en el registro público de la Comunidad Autónoma de Canarias como demandantes de vivienda. Para ellos, se abre una luz de esperanza que podría hacer realidad su deseo en los próximos cuatro años: el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, aprobado hace ahora una semana por el Gobierno regional, prevé incrementar en ese periodo en hasta en 6.000 el número de viviendas protegidas disponibles. Una herramienta aplaudida por empresarios de la construcción y sindicatos y que busca poner fin a la situación de “emergencia habitacional” existente en el archipiélago.
El plan cuenta con una partida de 664 millones de euros, y durante su periodo de vigencia tiene previsto acometer 88.200 actuaciones. Así, se plantea, como principal objetivo, la construcción de 3.600 nuevas viviendas, dos tercios de ellas en régimen de alquiler público, mientras que el resto lo serán en régimen de alquiler privado. Además de la construcción, también contempla incentivar la salida al mercado de 600 viviendas vacías para su alquiler; más de 10.000 actuaciones de rehabilitación y renovación urbana y rural, o la construcción de más de 600 viviendas nuevas en municipios poco poblados para combatir la despoblación.
La directora del Instituto Canario de Vivienda, María Isabel Santana, indica que, con este instrumento, se produce la “aprobación de un marco jurídico y estratégico en el que enmarcar, por fin, la política y jurídica y económica de vivienda. Los demandantes de vivienda pueden saber, por primera vez, a qué atenerse y dónde se va a construir en los próximos años”.
Santana especifica que en el documento se ha priorizado el alquiler “al 100%”, ya que busca garantizar “que personas con pocos recursos tengan acceso a una vivienda, y eso se hace con el alquiler”. Por un lado, tal y como señala el plan, porque representa una repuesta a corto pazo a la necesidad de vivienda, y por otro, por tratarse de una modalidad que los canarios eligen cada vez más frente a la compra: el 34,5% de las familias de las islas viven en régimen de arrendamiento, diez puntos más que en el resto del territorio nacional.
Para los sindicatos, la aprobación de este instrumento supone un paso positivo que plasma los objetivos del Pacto social y político por el derecho al acceso a una vivienda digna, suscrito y apoyado en marzo pasado por una treintena de colectivos sociales, profesionales, institucionales y empresariales canarios. Así lo indica José Ángel Brito, secretario de Empleo y Políticas Sociales de Comisiones Obreras en el archipiélago, para quien es necesario poner el foco en cuestiones como “las 138.000 viviendas vacías en Canarias. Con un 10% de ellas se resolvería el problema de la vivienda en las islas”. El representante de CCOO incide en dos mecanismos sobre los que el plan debe enfocarse: “Uno, que ya recoge el documento aprobado, que consiste en el impulso de la rehabilitación de viviendas para ponerlas a disposición del alquiler social, aprovechando para ello los fondos europeos destinados a tal fin”. El segundo —continúa—, que se graven aquellas viviendas vacías que con fines especulativos o en propiedad de las entidades bancarias en las grandes áreas urbanas de las islas, “para recuperar la cultura de la vivienda como un bien público; como un derecho y no como un negocio”, afirma.
Sector de la construcción
El recién aprobado Plan de Vivienda de Canarias cuenta también con el beneplácito de un sector clave en este ámbito, el de la construcción, en el que se prevé la creación de 28.300 empleos con su ejecución. Un sector que da empleo a unas 53.000 personas en el archipiélago y que generó 2.700 millones de euros para la economía del las islas el año pasado (el 5,9% del PIB de las islas).
El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO), Óscar Izquierdo, lamenta la falta de construcción de vivienda pública en los últimos 10 años, “lo que ha creado un déficit en algunas islas en las que hay una auténtica emergencia habitacional, como son el sur y las zonas metropolitanas de Tenerife y Gran Canaria, o los casos de Lanzarote y Fuerteventura”. Es por esa razón por la que apunta que el plan es “la mejor vacuna económica ante la situación que estamos padeciendo por la pandemia y para reactivar el sistema productivo”, para lo que hace hincapié en los beneficios que aportará, y en concreto, en dos de sus principales líneas de actuación, la construcción y la rehabilitación, “ya que por cada empleo directo en esta actividad se crean 2,5 empleos indirectos”.
Ejes. Entre los ejes estratégicos del plan destacan, además del referido a garantizar el acceso a la vivienda a través del alquiler social, el favorecer el acceso a las mismas de colectivos en especiales dificultades o la rehabilitación, en este último caso “como elemento clave para mejorar las condiciones de las viviendas en las islas con criterios de ahorro energético y de cuidado del medio ambiente”, señala el documento.
Planes específicos. Dentro del plan se prevén diferentes actuaciones específicas como la derivada del Plan estatal 20.000 viviendas, que prevé la puesta a disposición de 894 viviendas, o del Programa para el fomento de la promoción de VPO de promoción privada en régimen de arrendamiento, con 450. Asimismo, con el Programa de vivienda vacía deberá alcanzar la cifra de 600 viviendas en el horizonte del plan. Adicionalmente, contempla la cesión de 50 viviendas en régimen de cooperativa de cesión de uso o cohousing, 343 viviendas destinadas al Programa Canarias Prohogar y otras 45 en ayuda a la autoconstrucción. En el apartado de rehabilitación se establece como objetivo el apoyo a 10.200 actuaciones.
Beneficiarios. El Plan de Vivienda de Canarias prevé, en los diferentes programas de ayudas al alquiler de vivienda, a 72.000 beneficiarios en los años de vigencia del mismo.