El plan antidesahucios impedirá cortes de luz y gas a familias vulnerables hasta mayo
Los propietarios recibirán compensaciones calculadas según el precio de alquiler de la zona, y la norma protegerá también a 'okupas' con menores o dependientes a cargo
El Consejo de Ministros ha prorrogado hasta mayo la suspensión de los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables que no tengan vivienda alternativa. La esperada medida, que ha venido acompañada de numerosos tira y afloja en el seno del Gobierno, ha sido confirmada por la portavoz del Ejecutivo María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo. Además, tal y como había adelantado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se han vetado los cortes de agua, gas o luz: "Hemos acordado extender la prohibición de cortes de suministro a todas las categorías de vulnerables que define la ley", indicó en Twitter. Las medidas están enmarcadas en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
La prohibición de los cortes de luz, agua o gas también se extenderá hasta el 9 de mayo y será aplicable a quienes acrediten la condición de consumidor vulnerable. Para ello se debe presentar la última factura eléctrica, donde se debe reflejar la percepción del bono social de electricidad. Actualmente 1,2 millones de hogares se benefician de esta calificación. La normativa amparará, también, a consumidores que no tengan asignado el bono social pero que acrediten un grado de vulnerabilidad equivalente. Además, el periodo en el que esté en vigor esta medida no computará a efectos de los plazos legales comprendidos entre el requerimiento de pago y la suspensión del suministro.
Hogares vulnerables, en términos del suministro eléctrico, son aquellos cuya renta es inferior a los 11.279 euros al año (si no hay menores en la unidad familiar) o de 18.799 euros si hay dos menores de edad. También están en esta categoría las familias numerosas o los hogares donde todas las rentas procedan de la Seguridad Social y solo se cobre la pensión mínima. El suministro de agua está garantizado para toda la población, afirma el Ejecutivo remitiéndose a la la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Por su parte, los colectivos considerados en riesgo de exclusión ya están protegidos frente a cortes del suministro según la normativa eléctrica.
Desahucios
"Es un decreto extraordinario para un momento excepcional", ha señalado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, refiriéndose a la prórroga de la moratoria de desahucios. "Garantiza el derecho a vivienda y protege a las personas y familias más vulnerables, pero también los derechos de terceros, como los arrendadores. No legitima la okupación porque distingue las causuísticas", ha indicado. A la misma hora que Ábalos explicaba la medida en La Moncloa, Pablo Iglesias publicaba un vídeo haciendo lo propio sobre un decreto que, asegura, "no es la panacea".
Hoy, por fin, hemos aprobado en el Consejo de Ministros la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas a hogares vulnerables mientras dure el estado de alarma. pic.twitter.com/f7Bp82BUhl
— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) December 22, 2020
Los desahucios de vivienda habitual para familias vulnerables estarán paralizados hasta el fin del estado de alarma (9 de mayo), prorrogando una moratoria que concluía el 31 de enero. La medida se extiende a otros colectivos, como familias que se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, dado que muchos de estos casos son los que están ahora resolviendo los juzgados y dando lugar a lanzamientos. En todos los casos los arrendadores de viviendas tendrán derecho a una compensación, una vez que sea un juez quien acredite la vulnerabilidad económica de los inquilinos. La compensación consistirá en el precio medio de alquiler del entorno en el que se ubique el inmueble, que será determinado a partir de los índices de referencia, más los gastos corrientes asumidos y acreditados.
La norma también paraliza durante tres meses los desahucios de ocupantes sin contrato de viviendas vacías de grandes tenedores (propietarios de más de diez inmuebles). Solo se contemplará esta opción si los inquilinos tienen menores o dependientes a su cargo, o si son víctimas de violencia de género. Adeás, la ocupación se debe haber producido antes de la entrada en vigor del decreto y sin violencia ni intimidación. Los grandes propietarios podrán también pedir una compensación.
En todos los casos, las comunidades autónomas tendrán tres meses, desde que queda acreditada la vulnerabilidad de los desahuciados, para ofrecerles una alternativa habitacional que sea una "vivienda digna". "Es una medida claramente excepcional cuya vigencia concluye el 9 de mayo, con el estado de alarma", ha recalcado Ábalos.