Guía para estudiantes: cuánto tiempo y dinero cuesta aprobar cada oposición

La mayoría de los alumnos de Derecho tienen el empleo público como primera opción profesional tras la carrera

Oposiciones jurídicas Pulsar sobre el gráfico para ampliar

Opositar es la opción preferida entre los estudiantes de Derecho al acabar la carrera. De acuerdo con una encuesta elaborada por El Observatorio, think tank del sector legal, la mayoría de los alumnos cree que el empleo público es la mejor salida profesional. Una idea que no puede desligarse de la crisis provocada por la pandemia, que ha realzado el valor de una estabilidad laboral que no ven en el sector privado.

Embarcarse en una oposición, no obstante, supone un gran sacrificio. No en vano, las oposiciones jurídicas se encuentran entre las más difíciles de nuestro país. ¿El motivo? Un extensísimo temario que requiere años de estudio y una dedicación plena, unido a un elevadísimo nivel de exigencia en las pruebas. Así, un aspirante a abogado del Estado debe prepararse 465 temas, frente a los 372 para registradores y los 348 de notarías. Por su parte, las estudiantes para jueces y fiscales deben estudiar 320 temas.

Estas cuatro oposiciones se encuentran dentro del nivel A1, calificadas así por su mayor grado de dificultad. Junto con los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), son los únicos procesos que exigen que los aspirantes sean graduados en Derecho. Otras oposiciones de este grupo, como la de inspectores de Hacienda, de Trabajo, de seguros e interventores y auditores del Estado, requieren un grado universitario, pero no especifican cuál.

La media de tiempo para sacar plaza oscila entre los cuatro y los seis años. Así, hay gente que la saca en dos, “pero otros pueden llegar a los doce años estudiando”, apunta Jesús Martínez, director del área de oposiciones del Centro de Estudios Financieros (CEF). Los opositores suelen empezar nada más acabar la carrera y terminan en torno a los 29 años. “Es una carrera de fondo”, resume.

Las oposiciones de tipo A2, en cambio, están orientadas a un perfil más técnico o de gestión. Martínez explica que el tiempo medio estimado para sacar plaza es de dos años, y uno de los requisitos es tener un grado universitario, sin importar cuál. Entre las más demandadas dentro de este grupo se encuentran las de gestión de la Administración civil del Estado, gestión de la Seguridad Social, subinspectores laborales, técnicos de Hacienda y el cuerpo especial de instituciones penitenciarias.

10 horas de estudio al día

La oposición para la carrera judicial y fiscal es una de las más solicitadas en el ámbito de la justicia. Consta de tres pruebas. La primera, un tipo test de cien preguntas. El segundo y el tercer ejercicio consisten en “cantar” (recitar lo más rápido posible, pero de forma clara y comprensible, el contenido de una materia) durante una hora cinco temas aleatorios del programa.

Por otro lado, las pruebas para notario, registrador y abogado del Estado son bastante similares. Todas cuentan con, al menos, una fase oral, una práctica y un ejercicio de redacción. El proceso de abogado del Estado, además, incluye una prueba de inglés o francés y otra de un idioma comunitario.

Esta oposición presenta, además, otra particularidad: es la única en la que, desde hace un tiempo, el número de estudiantes que aprueban es menor al de plazas ofertadas. Así, en julio de este mismo año, el Ministerio liberó 25 vacantes, pero solo 20 opositores pasaron el proceso. En la anterior convocatoria, anunciada en diciembre de 2017, un total de 17 graduados se convirtieron en abogados del Estado, dejando tres plazas vacías.

La clave para sacar plaza reside, según Ainara Pedrosa, opositora a LAJ recién aprobada, en ser perseverante y marcarse rutinas de estudio diarias, sobre todo al principio. “Le dedicaba unas diez horas al día y descansaba el sábado. Y todos los lunes cantaba”, relata. La ahora letrada de la Administración estuvo siete años estudiando para judicatura, pero el aprobado no llegaba. “Llevar tanto tiempo y ver que el resto saca plaza puede llegar a desmotivar bastante”, confiesa. Por eso, en las últimas convocatorias decidió presentarse simultáneamente a las de jueces y fiscales y LAJ. El pasado martes le comunicaron su aprobado.

Psicólogos y logopedas

Un sinfín de horas de estudio, no obstante, no siempre garantiza una plaza. Como señala José Ignacio de Solas, notario en Alceda (Cantabria) y preparador, quedarse en blanco o ponerse excesivamente nervioso son elementos que pueden llevar al suspenso. “Conozco muchos casos de opositores que, a pesar de saberse el temario, han suspendido por pronunciar mal”, añade.

Para evitar pinchar por alguna de estas causas, muchos opositores recurren a psicólogos, coaches motivacionales o, incluso, logopedas para que les ayuden a vocalizar al cantar los temas.

Coste económico

Uno de los principales hándicaps al opositar es el coste económico. Aprobar, al fin y al cabo, puede llevar varios años, con el gasto en preparadores y academias que ello conlleva. Así, la de notarías ronda los 170 euros al mes, por lo que sacar plaza en cinco años exigiría un desembolso de más de 10.000 euros.

A ello se le une la imposibilidad de trabajar durante el proceso. “Son pruebas que requieren de mucho tiempo y esfuerzo, es difícil compatibilizar el estudio con un empleo”, destaca Antonio Morales, socio en Baker McKenzie, abogado del Estado en excedencia y preparador desde hace más de 20 años. No obstante, matiza que el coste en general de los preparadores en este tipo de pruebas es muy bajo. "Hay muchos que no cobran nada o piden una cantidad simbólica; el objetivo es ayudar a los aspirantes", aclara.

Por su parte, el Colegio de Registradores ofrece becas "para las personas que acrediten que no tienen recursos para pagarse la oposición", comenta José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores. Esta ayuda cubre el coste de la la formación e incluye una compensación económica adicional "para los gastos del día a día". Desde el Colegio revelan que el 10% de los aprobados en la última convocatoria eran becados.

La recompensa para los que consigeu plaza es, en todo caso, gratificante. Así, el primer sueldo de un abogado del Estado oscila entre los 70.000 y los 75.000 euros anuales. En el caso de los jueces, el salario base ronda los 21.000, a los que hay que sumar los complementos. El de los notarios y registradores, por su parte, es más complejo de calcular, ya que ejercen como autónomos y deben asumir costes como el alquiler del local, los sueldos de empleados o los impuestos. “En todo caso, lo invertido en la oposición se rentabiliza rápido”, resume De Solas.

Perfil atractivo

¿Qué opciones profesionales tiene el que no consigue aprobar? Lo cierto es que el perfil de exopositor es altamente atractivo para los despachos. De hecho, en firmas como Cuatrecasas suponen alrededor del 15% de los letrados.

“Son personas con una formación técnica jurídica muy buena y están curtidos en disciplina y perseverancia”, señala Jorge Pérez, responsable de selección en Gómez Acebo & Pombo. Entre los exopositores más cotizados figuran los de judicatura y fiscal, abogado del Estado, registros, notarías e inspector de Hacienda, ya que cubren áreas especialmente relevantes de la abogacía de los negocios.

Pero no todo son ventajas. Como explica Pérez, los que llevan mucho tiempo opositando pueden acabar pecando de individualistas, “y eso perjudica a la hora de encajar dentro de un equipo”. Por otro lado, los años de estudio también pueden resentir el nivel de inglés, uno de los requisitos indispensables hoy en día para trabajar en un bufete. El límite, para Pérez, estaría en cuatro años.

Otras oposiciones demandadas

LAJ. Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) son funcionarios públicos que dependen del Ministerio de Justicia. Entre sus funciones están las de ser titulares de la fe pública judicial, son directores de la oficina judicial de la que formen parte e impulsores los procedimientos. La oposición abarca 265 temas y consiste en tres pruebas. En primer lugar, un test de cien preguntas. Segundo, un ejercicio oral en el que se desarrollan cuatro temas durante una hora. Y, por último, un caso práctico a resolver por escrito. La duración media para aprobar es de tres años.

Inspectores. Las oposiciones a cuerpos de inspección (de Trabajo, Hacienda y Seguros) son bastante similares. Todas pertenecen al grupo A1, pero su dificultad es menor comparada con la de otras pruebas jurídicas. En estos casos, el proceso suele incluir una fase oral, otra de desarrollar temas por escrito y la resolución de un supuesto práctico. Además, se exige superar un examen de idiomas. La media de tiempo para aprobar está entre los dos y los cuatro años, y el sueldo de un inspector recién aprobado oscila entre los 40.000 y los 45.000 euros anuales.

Mayoría femenina. Si hay algo que tienen en común todas las oposiciones es una presencia femenina mayoritaria entre los aprobados. Así, el 71% de los nuevos jueces y fiscales del año pasado eran mujeres, frente al 29% de hombres. Por su parte, la última promoción de registradores tuvo un 60% de aprobadas. Una tendencia que también se confirma en notarías, donde ellas ocuparon algo más del 60% de las plazas ofertadas en el último proceso. La única excepción es la de abogados del Estado, donde las mujeres representaron el 40% de las aprobadas.

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