Imputado un exdirectivo de riesgos de Banco Popular por una operación con Villar Mir
Por la supuesta financiación que la entidad habría concedido a clientes para acudir a la ampliación de 2016, él en concreto, por una operación con el grupo Villar Mir.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado al exdirector de admisión de riesgos de Banco Popular Carlos Fernández por la supuesta financiación que la entidad habría concedido
a clientes para acudir a la ampliación de 2016, él en concreto, por una operación con el grupo Villar Mir.
El titular del juzgado central de Instrucción número 4 ha suspendido este jueves la testifical de Fernández cuando aún continuaba declarando, y lo ha citado como investigado para el próximo 9 de febrero con el objetivo de garantizar sus derechos.
La decisión del magistrado se conoce una semana después de que imputara a otros cinco exdirectivos del banco por supuesta estafa a inversores o falsedad contable a través de la presunta financiación a clientes para comprar acciones de la ampliación de capital de 2016, la cual se ha convertido en uno de los pilares del caso.
La normativa contable no prohíbe esta práctica siempre que se descuente del capital; de lo contrario, sería ilegal ya que, en la práctica, supondría financiar la operación con el dinero de la propia entidad.
Fernández, actualmente responsable de riesgos de la dirección territorial de Castilla-La Mancha del Banco Santander, fue señalado el pasado martes por el exvicepresidente del Consejo de Administración de Popular Heraclio Peña.
A tenor de aquella declaración, Fernández les habría comunicado que sí que se recibían propuestas que consideraban que venían aparejadas a financiación de acciones, y se refirió a una operación con el grupo Villar Mir.
Según explicó Peña, en esa operación intervino personalmente el entonces consejero delegado, Francisco Gómez, aunque dijo no recordar cuál fue el proceso por que se acabó aprobando.
Durante su interrogatorio, Fernández ha indicado que la financiación estaba prohibida para determinados estamentos, y que sólo podía sancionar la comisión delegada del Consejo de Administración del banco.
En este sentido, ha señalado que no había alertas para detectar esta práctica, y ha recordado que, de haberla habido, se tendría que haber deducido del capital regulatorio.
TASACIONES
El exdirectivo también se ha referido a las tasaciones inmobiliarias utilizadas por la entidad, y ha asegurado que no ha existido el rumor de que éstas estuviese sobrevaloradas, y que era el sistema informático de Popular el que elegía la tasadora a la que se iba a recurrir en cada caso, de forma aleatoria.
A preguntas del magistrado, Fernández ha apuntado que formó parte de equipo que trabajó con el Banco Central Europeo (BCE) en la inspección de riesgos de 2016, en la cual se constató que el mayor riesgo de Popular era el inmobiliario.
Los inspectores del BCE, ha proseguido, les transmitieron que aunque el riesgo no estaba mal gestionado, sí que había créditos incorrectamente clasificados y provisionados.
No obstante, ha aseverado que no recuerda si el déficit de provisiones pudo producirse por una sobrevaloración de las garantías.
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes de Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración,
el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.
El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.