Los cuatro grandes desafíos de la justicia digital en la era post covid

La pandemia ha evidenciado las carencias tecnológicas de un sistema judicial anclado en el pasado

De arriba a abajo y de izquieda a derecha: Cristina Sancho (presidenta de la Fundación Wolters Kluwer); Eugenia Navarro (profesora de Esade Law School); Cristina Retana (directora de Contenidos e Innovación de Wolters Kluwer) Joaquín Delgado (magistrado de la Audiencia de Madrid); Álvaro Perea (letrado de justicia) y Juan Fernández (abogado de Telefónica España).
De arriba a abajo y de izquieda a derecha: Cristina Sancho (presidenta de la Fundación Wolters Kluwer); Eugenia Navarro (profesora de Esade Law School); Cristina Retana (directora de Contenidos e Innovación de Wolters Kluwer) Joaquín Delgado (magistrado de la Audiencia de Madrid); Álvaro Perea (letrado de justicia) y Juan Fernández (abogado de Telefónica España).

Vistas telemáticas, deliberaciones online o declaraciones por videoconferencia. La pandemia ha obligado a la Administración de Justicia adaptarse a marchas forzadas a una digitalización precaria, en un ámbito todavía aferrado a la cultura del papel y el presentismo. En este contexto, se ha hecho más evidente que nunca la necesidad de introducir nuevas herramientas tecnológicas que ayuden a los juzgados a ser más eficientes, más transparentes y cumplir mejor con sus funciones como garantes del Estado de Derecho.

No obstante, la transformación digital de los tribunales plantea grandes desafíos que deben ser considerados y debatidos pormenorizadamente entre todos los profesionales implicados en el sistema judicial. Ese precisamente ha sido el objetivo del último webinar organizado por la Fundación Wolters Kluwer y ESADE Law School, en el que ha participado un destacado panel de juristas y expertos en innovación.

Evolución Vs revolución

Una de las primeras cuestiones abordadas durante el encuentro ha sido, en concreto, la manera en la que el Poder Judicial debe afrontar su reconversión tecnológica: de forma progresiva o disruptiva. Para el letrado de la Administración de Justicia, Álvaro Perea, no hay que perder de vista el carácter instrumental del servicio público que ofrecen los juzgados. De ahí que, desde su punto de vista, lo más recomendable sea integrar primero a todos los actores del sistema para después emprender una transformación que tenga como objetivo la implantación del expediente digital. "La idea es conseguir que el ciudadano pueda conocer la situación de su caso con un click, aunque es una conquista que llevará su tiempo", augura.

Las observaciones de Perea están en consonancia con lo que piensa el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Joaquín Delgado, que apunta que lo prioritario ahora mismo es profundizar en las aplicaciones ya disponibles, como el email o las plataformas de mensajería instantánea, con el objetivo de avanzar hacia un procedimiento totalmente online. Solo con todos los datos digitalizados, asegura, se podrá empezar a utilizar otras tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial o el big data.

En esta misma línea, Cristina Retana, directora de innovación y contenidos de Wolters Kluwer Legal & Regulatory en España y Portugal, destaca que ya existen muchas soluciones informáticas que podrían ayudar a resolver parte de los problemas actuales, "desde herramientas básicas como la videoconferencia hasta la automatización documental".

Garantías procesales

Más allá de los aspectos puramente tecnológicos, la digitalización puede entrar en conflicto con ciertas garantías procesales como el derecho de defensa o el principio de inmediación. Como resalta Juan Fernández Tamames, abogado del Servicio Jurídico de Telefónica España, esta circunstancia ha provocado que la mecánica de celebración de los juicios telemáticos dependa en gran medida de la disposición de los jueces que, en cada caso, emplean medios muy diferentes. "Todos hemos hecho grandes esfuerzos para adaptarnos a las restricciones y seguir funcionando, pero ahora necesitamos una nueva normativa que dote al sistema de una mayor seguridad jurídica", apostilla.

Delgado recuerda que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó a finales de abril una guía para la celebración de juicios telemáticos que ha logrado despejar bastantes dudas al respecto. Aún así, entiende que es urgente que el legislador regule cuanto antes los trámites en remoto (incluidos los sistemas de presentación de pruebas) y "se den directrices que homogenicen los protocolos a aplicar" en cada jurisdicción. Y es que, lógicamente las garantías del proceso penal no tienen nada que ver con las del proceso laboral o mercantil.

Nueva cultura digital

El paradigma de los juicios online demuestra que todos los avances, grandes o pequeños, requieren de un cambio cultural muy importante para que los actores intervinientes sean conscientes de su necesidad y lo apoyen. "Instalar una nueva tecnología es fácil, lo difícil es que los usuarios la implementen y sean conscientes de sus beneficios", insiste Retana.

Desde esta misma perspectiva, Álvaro Perea destaca que la Administración de Justicia tiene la mala costumbre de empezar la casa por el tejado, o lo que es lo mismo: aprobar primero la norma, luego dotarse de los medios necesarios e implantarlos sin explicar cómo funcionan. "Tenemos al menos 10 herramientas muy potentes, pero muchas veces los usuarios no saben cómo aplicarlas", revela. Para romper este esquema pernicioso, el procesalista propone que se implementen cambios que "logren generar confianza entre todos los operadores jurídicos".

Inteligencia artificial

Una de las tecnologías que más suspicacias despierta entre los juristas es, sin duda, la inteligencia artificial (IA). Y no es para menos: los algoritmos informáticos ya han demostrado su capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos y predecir resoluciones con un 80% de efectividad. Ahora bien, ¿llegarán las máquinas a sustituir a los jueces en un futuro cercano? El magistrado Joaquín Delgado cree que sí, al menos en las tareas más rutinarias y mecánicas. "Estoy seguro de que en pocos años los ordenadores se encargarán de resolver los conflictos más frecuentes y sencillos, aunque siempre se deberá garantizar la supervisión humana del caso", asevera.

Perea no lo tiene tan claro: "me cuesta mucho pensar que un robot pueda analizar, por ejemplo, la percepción de un menor respecto a la separación de sus padres". De hecho, ve más probable que la IA y el Bigdata finalmente se apliquen al propio procedimiento para agilizar la burocracia y evitar dilaciones indebidas. Por su parte, Cristina Retana tampoco piensa que los jueces de carne y hueso vayan a desaparecer, aunque sí vaticina que irán surgiendo nuevas aplicaciones que les ayudarán a ser más rápidos y a tomar decisiones más acertadas. "Todavía hay mucho margen de mejora, el proceso digitalización del sistema judicial no ha hecho más que comenzar", sentencia.

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