Las islas se hunden en la pobreza
Un 35% de los canarios se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, y la crisis del coronavirus podría incrementar ese porcentaje en 10 puntos
Los datos de la pobreza en Canarias dibujan una dura realidad: 773.000 personas, el 35% de los canarios (diez puntos por encima de la media nacional), se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social según los datos del informe de EAPN España, publicado a mediados de octubre y referidos a 2019. Pero lo peor está aún por llegar: la crisis del coronavirus podría aumentar ese porcentaje en hasta 10 puntos. Agentes sociales, empresarios y administración pública aportan posibles soluciones a un problema “estructural” del archipiélago, que ha ocupado en la última década, de manera sistemática, los puestos de cabeza de España en este ámbito.
Según ese mismo estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la tasa de pobreza severa, referida a aquellas personas que viven en hogares que ingresan un máximo de 500 euros al mes, se sitúa en el 11% de la población de las islas, dos puntos porcentuales por encima de la media nacional. Si nos referimos específicamente a los ítems que definen la pobreza material severa (establecida sobre elementos como la capacidad para irse de vacaciones al menos una semana al año o la de poder comer carne, pollo o pescado cada dos días), el más llamativo es el que revela que la mitad de los canarios, algo más de un millón de personas, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.
“Los datos dan escalofríos”, afirma la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez. Y las expectativas con la crisis que ha traído consigo el coronavirus no son muy esperanzadoras: “No necesitamos indicadores para saber que van a ser infinitamente peores”, y apunta elementos que revelan ese empeoramiento, como las solicitudes de acceso al bono eléctrico —que solo de marzo a septiembre han pasado de 40.000 a 47.000—, o el aumento de personas que piden ayudas sociales o para comedores escolares.
Para revertir esta situación, Martínez indica que es necesario un cambio en el sistema productivo. “Se tienen que dar pasos para no depender únicamente del turismo. Este Gobierno está apostando por ello, pero no se puede hacer en una legislatura.” Se refiere a la apuesta por sectores como el de las energías sostenibles, a tender a la soberanía alimentaria o a la puesta en marcha de un nuevo modelo de cuidados “desde los menores de tres años, a dependientes o personas con discapacidad”, manifiesta. Un modelo de cuidados del Ejecutivo autónomo que se encuentra en un avanzado proceso de planificación y cuya puesta en marcha dependerá de la cantidad que, de los 72.000 millones de euros de fondos europeos que nutrirán hasta 2023 el Plan de Recuperación y Resiliencia aprobado por el Gobierno central, se destinen a cada comunidad autónoma.
Una de las organizaciones que lidian en el día a día con situaciones de exclusión y pobreza es Cáritas. Su director en Tenerife, Juan Rognoni, admite que el parón que ha provocado la crisis del coronavirus en el sector turístico “es terrible, porque deja al 60% de la población, o más, sin nada.” La muestra del empeoramiento de la situación desde marzo la ha constatado a través de las llamadas al teléfono de emergencia que habilitaron en la isla para poder atender solicitudes de ayuda de aquellas personas que la necesitasen. “Con la llegada del covid-19 notamos un aumento exponencial. En abril recibimos 300 llamadas; en mayo, 900; y en julio, 1.900”.
¿Hay soluciones a la vista? “El Ingreso Mínimo Vital está por ver qué va a resolver, primero porque no se ha llegado a aplicar del todo. Pasa un poco como con la Ley de Dependencia, que es maravillosa, pero siempre ha habido una falta económica y de recursos que se queda en papel mojado”. Aunque la puesta en marcha del IMV es una medida que Cáritas aplaude, Rognoni admite que “no va a solucionar los problemas, habría que complementarlos con otras ayudas”, como las que tiene que ver con el acceso a la vivienda.
El panorama es, como mínimo, “poco halagüeño”, afirma el responsable de Servicios Sociales de UGT en Canarias, José Ángel Ramírez, quien recuerda que en las islas, “la brecha digital es la mayor de España, mientras que la capacidad de ahorro está un 12% por dejado de la media española”. Unos indicativos que ponen de manifiesto “que hay un mayor riesgo de que el archipiélago aumente de forma exponencial los índices de riesgo de pobreza”. Ramírez pone el énfasis, más que en un cambio de modelo económico en las islas, “que es una planificación a una o dos décadas”, en solventar los problemas ahora. La fórmula: impuestos progresivos en función de la renta de cada contribuyente, ayudas ágiles e inmediatas a quienes más lo necesiten y un reparto más justo de la riqueza con salarios que se acerquen a la media española.
El punto de vista empresarial
Peso del sector terciario. Entre los factores que indicen en que las Canarias aparezcan tradicionalmente a la cabeza en los datos de pobreza en todo el país, el secretario general de CEOE Tenerife, Eduardo Bezares, explica que es necesario tener en cuenta “que los ingresos provenientes de las rentas del trabajo en las islas tienen su origen en los sectores terciarizados de la economía, los cuales tradicionalmente generan menos ingresos salariales dado el factor productividad aparejado”.
Renta per cápita. Es otro de los factores que influyen. Bezares especifica que el archipiélago registró un crecimiento de la renta per cápita del 7% entre 2010 y 2019, frente al crecimiento del 14,8% para el conjunto nacional, una diferencia de 7,8 puntos. “Esta menor evolución del PIB per cápita en Canarias viene explicada por una tasa de crecimiento del PIB promedio durante el período del 1,67%, superior al crecimiento de la población (0,87%), si bien en los últimos años del período, el ritmo de crecimiento del PIB ha ido perdiendo intensidad, al contrario que el ritmo de crecimiento de la población”.
Formación y empleo. El representante de los empresarios añade que la mejor vía para lograr la inclusión y la cohesión social es la formación, cualificación y el empleo. Señala que, para ello, "se necesita de tejido empresarial, el cual en los momentos que atravesamos está perdiendo peso, lo que conllevará incrementos del desempleo superiores al 40%. Se deben poner recursos para la supervivencia empresarial con el fin de que la crisis que atravesamos no se convierta en estructural generando mayores índices de pobreza”.