Es hora de respaldar el ahorro, no de desincentivarlo
Hay que aprobar mecanismos fiscales que fomenten esa actitud a largo plazo y en coherencia con el ciclo económico
Desde que en 1924 se instituyera el día mundial del ahorro, llevamos casi un siglo conmemorándolo. El objetivo no es otro que concienciar a la población, de todos los estratos sociales, sobre la importancia vital que el ahorro tiene para la estabilidad financiera de las familias y de los ciudadanos a lo largo de sus vidas. Más que nunca, este año, la situación de emergencia que vivimos, nos invita a reflexionar sobre ello.
En España, los hogares no tenemos una cultura de ahorro adecuada. No solo ahorramos menos que nuestros vecinos europeos –a finales del 2019 nuestra tasa de ahorro era la mitad que la de la zona euro– sino que además vamos a contracorriente. En los momentos de auge económico elevamos notablemente nuestro consumo, disminuyendo nuestro ahorro, a veces hasta un nivel casi inexistente; mientras que, frente a las crisis, elevamos nuestra tasa de ahorro y reducimos el consumo. Un comportamiento que exacerba más el ciclo económico, en vez de suavizarlo, lo que hace que nuestras recuperaciones sean más intensas (de lo que la clase política de todos los colores se vanagloria) a costa de que nuestras crisis sean mucho más graves.
Esta escasa cultura de ahorro se manifiesta en la reducida tenencia de instrumentos de inversión a largo plazo por parte de los hogares españoles. Según los datos del BCE, solo alrededor del 23% de las familias españolas tiene participaciones en fondos de pensiones o seguros de ahorro-vida (a pesar de estar bonificados fiscalmente), en comparación con un 43% de los hogares alemanes o belgas, o un 38% de los franceses. Estos instrumentos son adecuados porque a pesar de su enfoque a la jubilación contienen cláusulas que posibilitan usar el ahorro en situaciones de necesidad como la sobrevenida (pérdida de empleo, etc.). De hecho, el nuevo reglamento europeo sobre el producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) deja clara la apuesta de la UE por este vehículo para fomentar el ahorro en la región. Nuestra situación con respecto a los fondos de inversión, otro de los instrumentos orientados al ahorro a largo plazo, no es mejor: solo un 7% de las familias españolas tiene fondos de inversión, frente al 10% de los hogares de la zona euro.
Estos datos denotan la necesidad de implementar políticas activas que promuevan el ahorro en nuestro país. Necesitamos que el ahorro sea visto como el primer gasto del hogar, que se modifique la ecuación [ahorro = ingresos – gastos] que prioriza el gasto y se conviertan en [gastos = ingresos – ahorro] priorizando el ahorro. Pero no es sencillo cambiar los hábitos y las costumbres. Como indican los postulados de la economía conductual, para lograr un cambio de conducta no basta con informar y aconsejar, pues en los comportamientos intervienen diversos y complejos factores de índole psicológico, social y contextual (conocimientos, actitudes, creencias, hábitos, entorno, personalidad, etc.) sobre los que hay que actuar.
Desde esta perspectiva hay dos ámbitos en los que las autoridades económicas pueden incidir para modificar la conducta de los ciudadanos con respecto al ahorro. El primero, es el de los conocimientos y competencias financieras. En España la mitad de la población no cuenta con los conocimientos financieros mínimos para poder gestionar sus finanzas familiares de forma adecuada. Dichos conocimientos se refieren a conceptos como el impacto de la inflación en la capacidad adquisitiva, la reducción del riesgo a través de la diversificación, o el crecimiento exponencial de los ahorros como consecuencia del efecto de componer la rentabilidad en el tiempo. Organismos como la CNMV, el Banco de España o la DGS están desde hace años actuando en la dirección de formar y dotar de competencias financieras a los ciudadanos, a través de iniciativas como la web finanzasparatodos.es, pero necesitan la colaboración de entidades que tengan más capacidad que ellos de llegar al ciudadano. Y aquí destaca el papel que deben jugar las instituciones educativas y los medios de comunicación, en su responsabilidad social de dar acceso a la información y la formación financiera.
En segundo lugar, las autoridades económicas deben promover actitudes, creencias y hábitos adecuados con relación a la conducta que se trata de fomentar, en este caso el ahorro. Sin embargo, desde algunos ámbitos se ha demonizado en numerosas ocasiones la posesión de ahorro, cuando precisamente, se trata de fomentar la acumulación de este, por lo que hay que verlo y transmitirlo como algo positivo. Una de las herramientas más efectiva de las que disponen los gobiernos para favorecer cambios de actitudes y conductas o hábitos, es la política fiscal, que permite incentivar o desincentivar comportamientos.
En este sentido, la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, no solo no incorpora ningún incentivo al ahorro, sino que sorpresivamente elimina el principal incentivo al ahorro que tiene nuestro marco fiscal, reduciendo el límite de las aportaciones con desgravación en fondos de pensiones privados y seguros de ahorro equivalentes (plan de previsión asegurado o PPA) que pasa de 8.000 a 2.000 euros. Según los datos del BCE, el 50% de los hogares españoles con un fondo de pensiones o seguro de ahorro, tiene un ingreso bruto inferior a 59.000 euros –cifra que se refiere a ingreso del hogar, no de cada miembro– y en la mitad de estos hogares, el ingreso queda por debajo de los 32.500 euros. No parece por tanto que este instrumento esté canalizando el ahorro de las clases altas. Uno entendería que si un incentivo al ahorro se estima no funciona lo suficientemente bien (como parece indicar el argumento que se esgrime para justificar esta medida) lo razonable sería modificar dicho incentivo para que su impacto sea mayor, no para que su impacto sea todavía menor.
El ahorro conlleva un esfuerzo en el corto plazo, implica una renuncia a un consumo inmediato, para dotar de mayor solvencia al hogar en el largo plazo. Si queremos que las familias españolas no sean tan vulnerables ante futuras crisis, que tengan una mayor resiliencia, y que afronten en mejores condiciones económicas la etapa de la jubilación, es necesario promover un cambio de actitud que llegue a todos los estratos sociales, estableciendo los incentivos fiscales y mecanismos adecuados para fomentar el ahorro a largo plazo de manera coherente con el ciclo económico.
Laura Núñez Letamendia es Directora del Observatorio del Ahorro Familiar y Profesora de Finanzas en IE Business School, IE University