Las grandes eléctricas se oponen al sistema de subastas de renovables

El precio que se garantiza permite la financiación de proyectos a los nuevos entrantes

El que las grandes eléctricas, como Endesa, Iberdrola o Acciona, eran reticentes a la celebración de subastas de capacidad de renovables con las que se garantizaba hasta ahora la recuperación de la inversión y a partir de ahora un precio cerrado durante 20 años no era ningún secreto. De hecho, las dos últimas no han participado en ninguna de las celebradas hasta ahora. Sin embargo, a medida que se acerca la aprobación del real decreto (RD) por el que se regula el nuevo régimen económico de energías renovables para la instalaciones de producción de energía eléctrica, las presiones de las grandes empresas y fondos de inversión han ido en aumento, según fuentes del sector.

El citado real decreto, con algunas modificaciones poco relevantes respecto al texto inicial sometido a consulta pública, ha sido enviado ya al Consejo de Estado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Una vez que entre en vigor, el departamento que dirige Teresa Ribera aprobaría una orden que fijaría las condiciones de la primera subasta de la nueva etapa, que los más optimistas prevén para antes de fin de año.

El Gobierno prevé subastar una media de 5.000 MW de capacidad de renovable anual hasta 2030. Sin embargo, Transición Ecológica no ha establecido un volumen cerrado anual, tal como le aconsejó la propia CNMC.

¿Por qué se oponen las grandes a las celebraciones de subastas? Según las pequeñas compañías que están proliferando a la sombra de un negocio clave para la próxima década, porque quieren evitar la competencia y perder el poder del mercado de generación que ahora tienen. Y es que el mecanismo de subasta propuesto “facilita el acceso a la financiación de los proyectos de energías renovables a los promotores”, tal como indica el propio real decreto.

Garantizar un precio por kWh a largo plazo (si el de mercado es superior, deben saldarlo, y si es inferior, se les compensa) proporciona una estabilidad retributiva que da tranquilidad al financiador. Se calcula que los inversores logran el 60% de la financiación que necesitan por ser adjudicatarios de las subastas.

Por contra, las grandes empresas tienen músculo para poder abordar los proyectos en el libre mercado o a través de contratos a largo plazo (PPA) con grandes consumidores y recurriendo a financiación corporativa, según fuentes de la competencia. Precisamente, otro de los motivos del Gobierno para optar por la subasta es que los contratos bilaterales en mercados organizados a plazo o bilaterales (PPA) están escasamente desarrollados en el mercado español, que carece de liquidez.

Distorsiones

Más allá del rechazo del propio sistema de subastas y dado que prefieren evitar un enfrentamiento abierto con el Gobierno, las grandes eléctricas rehúyen sus críticas en público. Sin embargo, también rechazan la propuesta del ministerio, de la cual han dejado constancia. En sus alegaciones al real decreto, las empresas integradas en Aelec consideran que el mecanismo propuesto (que la energía se subaste según lo programado por los productores y no por lo realmente generado) es que puede provocar distorsiones en el mercado de electricidad.

“Esto hace que puedan existir incentivos perversos para los generadores al realizar la programación en el mercado de una manera u otra según las expectativas de precio que estimen, concretamente, programando de más cuando estimen que el precio del mercado vaya a ser inferior al precio que tienen adjudicado en la subasta, y arreglar su situación yendo a desvíos, perdiendo así la señal del coste del desvío”, señala una de las compañías en sus alegaciones.

De la liquidación se ocupa el operador del mercado, OMIE, y no el operador del sistema, REE, y el coste del precio garantizado en la subasta va contra el término de energía y no de los peajes. Ello causará un serio problema a las comercializadoras a la hora de realizar sus ofertas. “El hecho de liquidar así implica un tratamiento diferente respecto al resto de participantes del mercado, lo que no parece justificado”.

Una petición común, tanto a grandes como pequeñas y la propia CNMC, que el ministerio ha desoído, es que la liquidación se realice según “la energía medida” producción real, la cual “no puede llevar a cabo OMIE”, subrayan las alegantes.