La contratación pública como instrumento para superar la crisis económica pos-Covid

Es preciso extremar las medidas para facilitar la participación de las pymes en los contratos públicos

La contratación pública como instrumento para superar la crisis económica pos-Covid

La gran crisis económica que está dejando la sanitaria generada por la Covid-19, exige un esfuerzo especial de aportación de fondos públicos y de eficiencia en el manejo de los mismos. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España prevé una inversión de 72.000 millones entre los años 2021 y 2023, provenientes del Fondo para la Reconstrucción de la Unión Europea. Una buena parte de ese dinero se gestionará mediante contratos públicos. El sector público gestiona mediante contratos en torno al 15 % del PIB nacional, porcentaje que se incrementará considerablemente en esos años. Una adecuada articulación de este mecanismo de colaboración entre el sector público y privado que supone todo contrato, permitirá un mayor impacto global en la economía, directo e indirecto.

La normativa comunitaria (directivas de 2014) y española (Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, LCSP; y RDL 3/2020, de contratación en determinados sectores) imponen una utilización estratégica e íntegra de la contratación pública. Ello supone desterrar la corrupción y orientar los contratos que se celebren para coadyuvar a las políticas comunitarias en materia social, medioambiental, de innovación y de fomento de las pymes. Se trata no de gastar más, sino de gastar mejor.

Sin embargo, como han puesto de manifiesto informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la OIReScon (Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación) y memorias de tribunales de recursos contractuales, la utilización estratégica de la contratación pública está poco extendida y siguen apareciendo denuncias por corrupción y pactos colusorios ligados a contratos públicos. Resulta por lo tanto imprescindible que todos los poderes adjudicadores redoblen sus esfuerzos para hacer efectiva la máxima rentabilidad social de los contratos públicos. Sin descuidar los aspectos sociales y medioambientales en los contratos, quizá la mejor política social sea el empleo de calidad que generan las pymes innovadoras.

Para potenciar la innovación empresarial a través de los contratos públicos, es necesario ampliar los mecanismos de financiación e incentivar, también en las entidades locales, la "compra pública de innovación" (compra de tecnología y servicios innovadores) y de la "compra pública pre-comercial" (con la participación en los propios procesos de I+D+i); además, se debe promover la innovación en todas las fases del procedimiento de contratación: en la definición del objeto del contrato, en la valoración de las ofertas técnicas y con la imposición de condiciones especiales de ejecución.

El objetivo de promover una mayor participación de las empresas pequeñas y medianas en la contratación pública, deriva del peso que tienen en la economía europea, son su “espina dorsal” (Comisión Europea 2014). Es el sector más amplio y que más empleo y valor añadido genera en el UE (en nuestro país (71,9 % el empleo empresarial y el 61,3 % del valor añadido bruto). Sin embargo, apenas reciben el 35 % de los contratos públicos y un porcentaje económico inferior. Las pymes son también el sector más vulnerable a las crisis y la actual está resultando especialmente letal para estas empresas. Es preciso extremar las medidas para facilitar la participación de las pymes en los contratos públicos, especialmente generalizando la licitación de los contratos en lotes, como impone la legislación comunitaria y española, sobre todo en las obras, donde en nuestro país es excepcional en ver lotes (a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Francia). Reducir las cargas administrativas y económicas (en garantías y tiempos de pago especialmente) y simplificar los criterios de adjudicación, ayudarán también a incrementar la presencia de pymes en las licitaciones públicas, lo que se traducirá en una mayor concurrencia competitiva y una mayor especialización en los adjudicatarios.

Finalmente, deben redoblarse los esfuerzos para minimizar la corrupción, que detrae entre un 10 a un 25 % de los recursos públicos que maneja contratación pública (47.5000 millones de euros en España según la CNMC, 2015). Para ello hay reforzar los mecanismos que garantizan la transparencia material en todas las fases de la contratación, en especial en las “zonas oscuras” (OCDE, 2007). Por ello, además de objetivar al máximo la adjudicación, es imprescindible garantizar unas especificaciones técnicas que no restrinjan la concurrencia y controlar que se ejecuta lo contratado en las condiciones de tiempo, precio y calidad pactadas.

Lograr esa mayor rentabilidad social de los contratos públicos, mejorar su eficiencia, es un trabajo que requiere la implicación de todos los intervinientes en el procedimiento de la contratación, con un decidido impulso político y un refuerzo de profesionalización de todos los intervinientes en los procesos de contratación, tanto del lado público como del empresarial.

José Manuel Martínez Fernández, doctor en Derecho, es vicesecretario general Ayuntamiento de Valladolid y director del Observatorio de Contratación Pública Local de COSITAL.

 

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