La banca se rebela contra la reducción de las ventajas a los planes de pensiones

Considera que las medidas anunciadas "van a perjudicar a la economía nacional"

Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco; Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa y Gregorio Izquierdo, presidente del Instituto de Estudios Económicos.

Bancos y aseguradoras han mostrado su absoluta disconformidad con el proyecto del Gobierno de reducir las ventajas fiscales en los planes de pensiones individuales. Según lo recogido en el borrador del Anteproyecto de Ley de los Presupuestos, los límites de desgravación se reducirían drásticamente, al pasar de 8.000 euros al año a 2.000 euros.

Inverco, la asociación de las gestoras de fondos de inversión y de pensiones (mayoritariamente controladas por la banca) y la patronal aseguradora (Unespa) han elaborado un comunicado conjunto mostrando su malestar por las medidas anunciadas.

A juicio de sector del ahorro y la inversión, "la reducción de los límites de aportación que se pretende aplicar a los sistemas de previsión social no va a conseguir los efectos deseados". En cambio, "sí van a perjudicar el desarrollo de la previsión social complementaria en España, con el consiguiente perjuicio para el conjunto de la sociedad y la economía nacional".

El objetivo del Gobierno es priorizar el ahorro complementario para la jubilación a través de los planes de empleo, que son pensiones privadas que se impulsan dentro del ámbito empresarial, por la negociación de la empresa y los representantes laborales. El Ejecutivo pretende, para este tipo de vehículos, elevar el límite de desgravación, al pasar de los 8.000 euros actuales, hasta 10.000 euros.

La señal es clara: el ahorro complementario para la jubilación tiene que constituirse en el ámbito de las relaciones laborales. El gran problema es que, a día de hoy, solo grandes empresas y algunas administraciones públicas tienen constituidos planes de empleo para su plantilla. A través de esta fórmula se han acumulado en España 35.000 millones de euros, mientras que por medio de los planes de pensiones individuales se han llegado a un patrimonio agregado de 75.000 millones de euros.

Para banca y seguros, la fórmula utlizada es un error. En su comunicado, recuerdan que hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida. Sin embargo, en más del 90% de estos casos, las aportaciones anuales son inferiores a los 2.000 euros que sería el nuevo tope.

Inverco y Unespa basan su argumentación contra estas medidas en cinco puntos:

1. Si se limitan tanto las aportaciones a los planes individuales se perjudica a la mayoría de los trabajadores españoles, que no pueden acceder a un plan de empleo. Esto evidente para los 3,3 millones de autónomos y los millones de trabajadores que están en pymes.
2. Los planes individuales permiten modular las aportaciones, de modo que sean mayores en los años con más ingresos y más reducidas en los años peores. Con los planes de empleo, la aportación está muy condicionada al salario.
3. Los planes individuales permiten al trabajador elegir productos con más o menos Bolsa, puede optar por planes que tengan un componente medioambiental, o que apuesten por las nuevas tecnologías. Mientras tanto, los planes de empleo son más rígidos, puesto que la política de inversión se pacta entre la empresa y los representantes de los trabajadores, para toda la plantilla.
4. Unespa e Inverco recuerdan que la Comisión Europea y la OCDE recomiendan que la previsión social complementaria se base tanto en el pilar principal, que son las pensiones públicas, como en el segundo y el tercer pilar, que son las pensiones empresariales y las individuales. Con la medida propuesta, se discrimina especialmente a los individuales.
5. También aluden al supuesto impacto de las desgravaciones sobre las cuentas públicas. Según explican las dos asociaciones financieras, este coste se compensa en el momento de la jubilación, cuando la renta procedente del plan de pensiones tributa como un rendimiento del trabajo. El impacto fiscal neto sería de tan solo 450 millones de euros, y se estaría reduciendo año a año.

Los planes del Gobierno, no obstante, no se quedarían únicamente en esta drástica revisión de las desgravaciones para los planes individuales. La intención del Ejecutivo es implantar un sistema similar al de Reino Unido, que obliga a todas las empresas (incluídas pymes y autónomos) a tener que ofrecer a sus trabajadores un plan de empleo. 

Para aquellas firmas pequeñas que lo deseen, el Estado crearía un plan de empleo abierto, con control público, al que podrían adscribirse. 

Los trabajadores serían incluidos directamente en este tipo de producto de ahorro para la jubilación. Y una parte de su sueldo (un 1% o un 2%) se descontaría para sumarlo a ese plan de empleo, que sería enteramente suyo. Sin embargo, los trabajadores que no estuvieran interesados podrían renunciar expresamente y salir de este modelo.