Hacienda apuesta por reintroducir de rondón el control sobre los alquileres turísticos

Se trata de una medida racional y equilibrada de lucha contra el fraude, aunque la fórmula elegida para tramitarla sea mejorable

Hacienda ultima estas semanas una propuesta para solventar el revés que ha supuesto para el organismo una sentencia del Tribunal Supremo que anula la disposición que desde 2017 obligaba a informar a la AEAT sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos. El fallo del Supremo, dictado en aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Airbnb Irlanda, dejó sin efecto el deber de presentar trimestralmente a Hacienda el denominado modelo 179, como respuesta a una demanda presentada por la Asociación Española de la Economía Digital. El departamento que dirige María Jesús Montero planea ahora reintroducir esa obligación aprovechando la regulación de la liquidación del nuevo impuesto a las transacciones financieras, la llamada Tasa Tobin. El objetivo de Hacienda es aprobar una nueva declaración informativa –esta vez acorde ya con los criterios judiciales– que deberán entregar al fisco los particulares, entidades y “en particular” las plataformas colaborativas, como Airbnb.

El argumento por el que el Supremo anuló el deber de presentar el modelo 179 no se refería al derecho de Hacienda a exigir esa información, sino al hecho de haber aprobado la normativa sin haber informado previamente a la Comisión Europea, tal y como es preceptivo. De ahí que el Gobierno haya decidido solventar el varapalo volviendo a introducir la declaración en una decisión regulatoria que no solo es legítima, sino también justificada por la necesidad de ejercer un control tributario suficiente sobre un sector que en los últimos años ha crecido de forma exponencial, aunque no siempre con transparencia fiscal y regulatoria, lo que puede albergar conductas propias de economía sumergida. Los datos que maneja la AEAT, que se basan en la información aportada por los 1.992 declarantes del modelo 179 en el ejercicio 2019, cifran el importe de las operaciones de cesión de uso de viviendas con fines turísticos declaradas en 1.771 millones de euros, lo que tendrá una previsible repercusión en las castigadas arcas tributarias del Estado.

La reintroducción de la obligación de informar sobre los alquileres turísticos no es una ofensiva contra un negocio en expansión, aunque interrumpido en seco por la irrupción de la pandemia, sino una medida racional y equilibrada de lucha contra el fraude. Cuestión distinta y bastante más discutible es la formula elegida por Hacienda para tramitar la normativa, reiteradamente utilizada por este y otros Gobiernos, y que supone aprobar la norma adherida de rondón a otro texto legal y casi por la puerta de atrás.