Abogados y asesorías ante el momento en que a la economía se le pase la anestesia

La avalancha de concursos de acreedores llegará con el fin de la moratoria concursal, de los ERTE y de los avales a los créditos Covid. Abogados y asesorías ya atienden a empresarios que quieren liquidar sus empresas

Establecimiento cerrado en Tenerife. Getty Images

Estamos en una calma tensa, dicen algunos. En “un período de hibernación empresarial”, dicen otros. Una economía anestesiada por las medidas urgentes tomadas por el Gobierno para parar el golpe de la crisis. Pero todos coinciden en que no durará mucho. Sus efectos podrían pasarse en 2021, cuando termine la moratoria concursal. A esta circunstancia se le sumará la finalización de los expedientes de regulación temporal de empleo (los ya famosos ERTE), prorrogados ya varias veces, y el final de los avales públicos para los Créditos Covid.

Según fuentes de Crédito y Caución, especializada en asegurar riesgos comerciales, las insolvencias aumentarán en España un 30% ya en este año, pero aún más el año que viene precisamente por el fin de “las medidas adoptadas para que no se declarasen" en 2020. "Es el caso de España”, advierten. Y señalan al sector servicios como uno de los que tienen “riesgo muy alto” de impagos.

Hostelería y turismo, podrían ser quienes antes echen el cierre o presenten concurso de acreedores para intentar “salvar los muebles”. Algo que tocaría de lleno a Canarias. Así lo ven algunos de los abogados consultados y Juan Carlos Arricivita, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, al que le preocupa los pequeños negocios que no podrán ni pagarse un asesor para ir a concurso de acreedores. “Muchos harán una huida hacia adelante: Me doy de baja, ahí queda el muerto y ya me llamarán cuando sea. Hasta para cerrar la empresa va a haber problemas” vaticina.

En 2019, según datos del Poder Judicial, los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria tramitaron 116 procedimientos concursales. La “anestesia” aplicada no hace esperar un gran aumento este año, pero la medida de lo que vendrá en 2021 la dan los despachos especializados. “Esperamos un fuerte incremento de los procedimientos concursales debido a que muchos de nuestros clientes nos están planteando acogerse a esa posibilidad” señala Borja Rodríguez-Batllori, de San Telmo Abogados y economistas, quien recuerda que la moratoria concursal termina el 31 de diciembre, pero “hay dos meses para presentar concurso de acreedores, por lo que empezará a notarse en marzo”.

Ricardo Lagares, socio director de Lagares Abogados cree que son los ERTE los que están conteniendo las cifras. “El empresario no toma una decisión radical porque no sabe si va a confirmar su suspensión y pasar al cese de actividad o no. Y tampoco tiene los instrumentos necesarios para saber si al salir del ERTE no va a tener actividad viable y van a cerrar. En 2021 tendrán que decidir. Si cesan, no podrán pagar la cuota mensual de créditos ICO Covid y entonces sí habrá una avalancha” afirma.

Pero ante este negro panorama, aún hay esperanzas. La primera la propia existencia del procedimiento concursal, pensado para que la empresa afronte sus deudas y que puede implicar “una quita de la deuda y un aplazamiento en su pago” como señala Rodríguez-Batllori. Con esa intención llegan los clientes de Samuel Díaz, director de Abogados Díaz y asociados, “no para una quiebra total de la empresa, que es lo último que desean, sino para que se les permita seguir sustentándola”. Aunque ambos advierten de que la tardanza en tomar la decisión de ir a un concurso de acreedores hace insalvable la empresa “sobre todo en el caso de las pequeñas, que apuran hasta el último momento” advierte Díaz.

Toda esta situación cargará de trabajo a las asesorías, aunque solo a corto plazo, ya que muchos de esos clientes irán a liquidar la empresa. A abogados y empresarios les preocupa más el colapso que pueden producir los procedimientos concursales en los juzgados de lo mercantil. El propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aventuraba en mayo 50.000 procedimientos concursales en 2021. Los abogados piden jueces de refuerzo y secretarios judiciales que agilicen el trabajo “para que los juzgados sean una solución y no un problema”

Para no llegar siquiera a ese extremo, los autónomos de ATA piden medidas a la administración que cumpla los plazos de pago a proveedores que marca la ley de morosidad, inyectar liquidez en los sectores más afectados, ayudas a los alquileres “y medidas proactivas de reactivación como deducciones fiscales para reflotar la economía sumergida y extender en el tiempo los créditos ICO”, recuerda Arricivita

Una medida con fecha de caducidad

Directiva. Ricardo Lagares cree que “será clave” la adaptación por España como máximo en julio de 2021 de la directiva europea 2019/1023 que permite “a las empresas viables nuevos mecanismos de reestructuración de deuda para evitar el concurso”.

Segunda oportunidad. ATA pide flexibilizar la llamada ley de segunda oportunidad. Creen que debe permitir fraccionar las deudas cuando quebró tu primera empresa y no “ahogar a quien intenta volver a emprender”. Arricivita calcula en un 40% los autónomos que se quedaron fuera del sistema por esta ley tras la anterior crisis.

Procedimientos. En 2019, según datos del Poder Judicial, los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria tramitaron 116 procedimientos concursales.