El Supremo confirma la condena al PP por lucrarse con la Gürtel
Baja a 29 años la pena de cárcel a Bárcenas y a 13 años a su esposa, Rosalía Iglesias, que tendrá que entrar en prisión
El Tribunal Supremo confirmó ayer en líneas generales las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a los principales líderes de la trama Gürtel en su primera época de actividades –1999-2005–, así como la que recibió el Partido Popular por lucrarse del entramado empresarial dirigido por Francisco Correa.
En la sentencia, de 1.843 folios, el Alto Tribunal ratifica la comisión en esta causa de delitos de cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, o exacciones ilegales.
El Supremo rebaja, eso sí, las penas de cárcel que deberán cumplir tanto el extesorero del PP Luis Bárcenas como su mujer. Bárcenas será condenado a 29 años y un mes de cárcel frente a los 33 años y cuatro meses que fijó la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2018. Su mujer, Rosalía Iglesias, que fue condenada por el tribunal de la Audiencia Nacional a 15 años y un mes de cárcel, verá reducida su pena de prisión a 12 años y 11 meses. Esta rebaja de más de dos años no evitará sin embargo que entre en prisión a la espera de lo que resuelva el Tribunal Constitucional (TC) ante un probable recurso de amparo.
A pesar de que ratifica la condena al PP por lucrarse, el Supremo considera excesivas las menciones de la Audiencia Nacional a la caja B del partido porque ese asunto no se juzgaba y no hubo acusación ni defensa. Esta era una de las cuestiones más controvertidas que debía estudiar la Sala de lo Penal, que ha estimado parcialmente el recurso del PP, aunque sin efectos prácticos. El tribunal no entra a modificar los hechos probados de la sentencia que provocó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy.
La resolución supone rechazar en su mayor parte los más de 400 motivos expuestos en los 42 recursos de los condenados, tanto personas físicas como jurídicas, e impone penas que suman 51 años de cárcel para un total de 29 personas.