Política

La inhabilitación de Torra abre un nuevo frente en la negociación presupuestaria

ERC y JxCat escenifican unión tras meses de desencuentros

Quim Torra, rodeado de seguidores al abandonar el palacio de la Generalitat, en la tarde de ayer.
Quim Torra, rodeado de seguidores al abandonar el palacio de la Generalitat, en la tarde de ayer. GTRES

“Que hoy no estemos en condiciones de acabar el camino hacia la libertad no quiere decir que esto sea un paso atrás. Los independentistas no tenemos miedo a las urnas. Tendremos la oportunidad de demostrarlo en unas elecciones que se celebrarán en pocos meses”, señaló ayer el ya expresidente de Cataluña, Quim Torra, en su primera declaración institucional tras el fallo del Tribunal Supremo que le inhabilitaba como president de la Generalitat.

Torra, que no dimitió pero que sí se dio por destituido, recibió ayer por la tarde la notificación oficial de la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba su inhabilitación por deso­bediencia. El expresident se limitó a señalar que mira hacia unos comicios que llegarán en “los próximos meses”, para los que sugirió una candidatura única de fuerzas independentistas que recupere “el espíritu del 1 de octubre”.

El cese de Torra es el primero de un presidente catalán en el cargo, y abre un nuevo espacio político en la Generalitat y en el resto de España, incluyendo un nuevo frente en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Ejecutivo central está negociando, entre otros, con ERC, una de las partes del Gobierno de coalición catalán, que pasará a estar dirigido por Pere Aragonès a la espera de los próximos pasos que se den en Barcelona.

En los últimos meses, debido a los choques en la estrategia por la gestión del coronavirus, así como por las respectivas relaciones con el Gobierno central –incluyendo la posibilidad de dar luz verde al proyecto para las cuentas públicas por parte de los republicanos– ERC y Junts per Catalunya (JxCat) se han distanciado y puesto en jaque la continuidad del Govern de coalición. Ayer, sin embargo, durante la comparecencia de Torra, el pleno del Ejecutivo autonómico escenificó una unidad que llevaba meses sin palparse, criticando por igual el fallo del Supremo y llamando a “asegurar el Govern más fuerte durante el periodo de interinidad provocado por un tribunal temerario”.

La Sala de lo Penal del Supremo confirmó la condena de un año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros impuesta a Torra por un delito de deso­bediencia hacia la Junta Electoral Central (JEC), que le ordenó retirar símbolos independentistas durante el periodo electoral del 28 de abril de 2019.

Durante la vista por el recurso interpuesto por Torra contra esta condena ante el Tribunal Supremo, celebrada el pasado 17 de septiembre, la fiscalía solicitó la confirmación de la sentencia condenatoria mientras que la defensa argumentó, para pedir su absolución, que Torra fue tratado por la JEC como “minoría nacional” por “tres palabras en una pancarta” que deberían enmarcarse en su libertad de expresión.

El Supremo considera que desobedeció de forma reiterada y contumaz las órdenes, vulnerando así la neutralidad exigida a las Administraciones públicas en esos procesos. Además, como abogado y escritor de formación, el tribunal entiende que Torra tiene unos conocimientos jurídicos “por encima de la media” que le permitieron saber que estaba violando la orden de un organismo superior.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, el Supremo destaca que el ámbito del recurso “no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales desobedeciendo lo dispuesto por la JEC que, en el ejercicio de sus funciones garantiza la transparencia y objetividad de los procesos electorales, prohibió su utilización, con vulneración del principio de neutralidad a que deben sujetarse las administraciones en general, contraviniendo órdenes expresas de aquella Junta Electoral”.

El fallo añade que “la exigencia de neutralidad de la Administración se agudiza en los periodos electorales”, y cita su jurisprudencia para remarcar que el “sufragio libre” significa “proclamar como un esencial designio de verdadera democracia el establecer un sistema electoral que garantice un marco institucional de neutralidad” sin interferencias de ningún poder público.

Para descartar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, el Supremo parte de que Torra “en todo momento, con anterioridad, durante y después del juicio oral, no ha negado la exhibición de pancartas y otros símbolos en edificios públicos dependientes de la Generalitat, en especial en la fachada del Palau, y su negativa a cumplir las órdenes de la JEC”, aunque el recurrente alegara que se trataba de órdenes ilegales y que atentaban contra su libertad de expresión.

Las elecciones catalanas llegarán, como pronto, el 7 de febrero

Las elecciones catalanas se celebrarán como pronto el domingo, 7 de febrero de 2021. Tras la publicación este martes del cese del ya expresident, Quim Torra, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), se activará el calendario electoral. Así, mañana, el presidente del Parlament, Roger Torrent, dará por comenzado el plazo de 10 días para hacer una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para comprobar si hay un candidato con una mayoría para ser investido presidente de la Generalitat en sustitución de Torra. Los partidos independentistas ya han avisado de que no presentarán ningún nombre, y los grupos de la oposición no tienen mayoría para investir a un candidato alternativo.

Así, previsiblemente, Cataluña se dirige hacia unos comicios que tanto PSOE como PP pidieron nada más conocerse ayer la sentencia del Supremo. “Esta inhabilitación abre un tiempo nuevo para Cataluña. Se debe producir lo antes posible la convocatoria de unas elecciones autonómicas que permitan a los catalanes superar la situación de parálisis y de bloqueo generada por la actitud de los partidos independentistas a lo largo de los últimos meses”, dijo la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que manifestó también su “respeto” por el poder judicial.

El líder del PP, Pablo Casado, aseguró por su parte que “el Gobierno debe garantizar el cumplimiento de la sentencia y el orden público en Cataluña”. Desde el PP, como hicieron en Cs y Vox, también se atribuyeron parte del proceso que ha terminado con la inhabilitación de Torra.

Desde En Comú Podem, sin embargo, calificaron la sentencia como “desproporcionada”, un extremo con el que coincidió el ministro de Universidades del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, Manuel Castells. La CUP, por su parte, llamó a la ciudadanía a participar en todas las movilizaciones contra la inhabilitación de Torra.

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