Presupuestos 2021: Cómo combinar disciplina y fomento de la actividad
La Comisión Europea censurará unas cuentas españolas enfocadas a repartir subvenciones en detrimento del impulso al crecimiento
España es la cuarta economía de la eurozona, la quinta de la Unión Europea y la decimotercera potencia mundial por volumen de PIB. Desde 2018 el gobierno no ha podido aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Se han ido sucediendo prórrogas del presupuesto acordado por el Partido Popular y Ciudadanos en 2018. Los Ejecutivos encabezados por Pedro Sánchez desde junio de 2018 siempre han necesitado el apoyo de muchísimos partidos para alcanzar la mayoría absoluta. En enero su investidura por mayoría simple requirió el respaldo de seis partidos a la coalición PSOE-Podemos Unidas. Debido a la pandemia, los ministros de Finanzas de la UE suspendieron el límite de déficit presupuestario anual del 3% del PIB exigido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Recientemente el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, destacó que los límites de déficit seguirán cancelados. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, subrayó que la vuelta a los límites de déficit no llegará en 2021. El director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Klaus Regling, declaró que 2021 no es el momento para volver al pacto fiscal. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, asimismo reclama una política fiscal valiente por parte de los Estados.
Teniendo en cuenta esta coyuntura institucional tan favorable y unánime, al PSOE debería poder elaborar unos presupuestos que avale el Congreso. La dificultad radica en el ascenso vertiginoso del déficit y la deuda. El déficit presupuestario ha alcanzado el 10% y se prevé un nivel de deuda pública del 115% sobre el PIB a finales de año. El pacto de gobierno PSOE-Podemos Unidas contiene una ambiciosa reforma fiscal con aumentos del IRPF de dos puntos para los que ingresan más de 130.000 euros y de cuatro puntos para la parte de la renta que supere 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se elevaría en 4 puntos para rentas por encima de 140.000 euros. Frente a un shock de la demanda debido al Covid-19, una subida tan sustancial de impuestos sería un despropósito que hundiría el consumo y la inversión privada. Y la parte de la renta que supera los 60.000 euros ya tributa al 45%. Sánchez es consciente de que la UE no puede asumir las exigencias de Podemos. Necesita a los partidos nacionalistas que se caracterizan por la moderación en sus planteamientos fiscales y que le sustentaron en la investidura: PNV con sus seis diputados y Nueva Canarias con uno. Por consiguiente, Sánchez nuevamente debe configurar unas cuentas públicas moderadas que sean apoyadas por los seis partidos que le convirtieron en presidente y lograr además la abstención de ERC y EH Bildu.
La congelación de los salarios de los funcionarios es una medida acertada que supondría un ahorro de 3264 millones. Los funcionarios han recuperado las cantidades de las congelaciones anteriores y la inflación actualmente es inexistente. Gobiernos encabezados por Felipe González (1994), José María Aznar (1997), José Luís Rodríguez Zapatero (2011) y Mariano Rajoy (2012) ya los congelaron, y Zapatero los disminuyó un 5% en 2010. Mientras que las ministras de Economía (Nadia Calviño) y Hacienda (María Jesús Montero) son partidarias de la medida, otros ministros del PSOE y Podemos la rechazan. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, se equivoca al descartar no incrementar las pensiones más altas. Las dos mayores partidas de gasto de los presupuestos son los 158.000 millones en pensiones y 130.000 millones en salarios a funcionarios, cuyo número subió en 42.300 en 2019 y se sitúa en 3,25 millones. Pedir un cierto sacrificio sería menos difícil si la rama ejecutiva y legislativa dieran ejemplo. Los altos cargos de los numerosos ministerios y diputados y senadores deberían recortar sus salarios y eliminar coches oficiales. Una verdadera lucha contra la economía sumergida generaría también ingresos para las arcas públicas.
El Gobierno quizás intentará resucitar las tasas Google y Tobin. La tasa digital para que tributen multinacionales de tecnología que facturan más de 750 millones a nivel mundial y más de 3 millones en España es justa y necesaria. Pero hay que consensuarla a nivel internacional mediante las negociaciones que auspicia la OCDE. De lo contrario, el presidente Trump elevará aranceles sobre nuestras exportaciones, como ya sucedió cuando Francia aprobó su versión. El Impuesto a las Transacciones Financieras –conocida como tasa Tobin – gravaría con un 0,2% la compra de acciones de las 64 empresas españolas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones. Hacienda calcula que recaudaría 800 millones mediante el ITF. Por otra parte, el Gobierno sufrió una derrota en relación con los PGE cuando el Congreso rechazó su decreto ley que pretendía apropiarse de los superávits de los municipios a cambio de crear un fondo de 5.000 millones para los entes locales.
Aunque los salarios de funcionarios y las pensiones equivalen al 67% del gasto, costará convencer a los implicados si un tercer grupo numeroso sigue sin trabajar, pero cobrando ERTEs o prestación por desempleo. El Ejecutivo desembolsará 45.000 millones para sufragar ERTE y desempleo en 2020, más del doble que en 2019. Los ERTE debían ser un instrumento temporal para evitar el desplome durante el confinamiento. Su prórroga en junio fue irresponsable, especialmente porque no estimula la actividad de las empresas y los empleados cobran 70% de su salario. En EEUU el desempleo ha descendido desde mayo a agosto del 13% al 8,4% y se han creado 10 millones de empleos porque se conceden préstamos a fondo perdido si la empresa retiene a su plantilla. La Comisión Europea censurará unas cuentas españolas enfocadas a repartir subvenciones en detrimento del fomento de la actividad económica.
Alexandre Muns es Profesor de EAE Business School y analista de economía internacional