Necesitamos ya una auditoría y un plan de reconstrucción del Estado

Los problemas aflorados por la gestión sanitaria y económica de la pandemia invitan a acelerar la digitalización e interconexión de las Administraciones Públicas

El pasado 7 de agosto la revista científica The Lancet publicaba una carta firmada por científicos de prestigio en la que reclamaban “una evaluación independiente e imparcial por parte de un panel de expertos internacionales y nacionales” que valore la gestión que se ha realizado de la pandemia, “centrándose en las actividades del gobierno central y de los gobiernos de las 17 comunidades autónomas”. Este análisis pretender dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación?

Un mes después la pregunta, que sigue sin respuesta, es un clamor y parece que nadie tiene interés en realizar esta auditoría de la gestión de la pandemia, escrutinio con el que está de acuerdo hasta Fernando Simón, seguramente el técnico más afectado, en cuanto que es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad desde 2012.

La evolución de la pandemia a lo largo del verano hace más necesario que nunca el análisis y surge una nueva pregunta, para la que nos conviene tener respuesta: ¿Es verdad que España está gestionando la pandemia peor que el resto de países europeos, nuestros homologables?

A estas alturas, dos meses y medio después del fin del estado de alarma, hay algunas cosas que sabemos y sobre las que hay consenso. Quizás la más relevante, porque arrastra a muchas otras, es la urgencia por revisar la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas. El desarrollo de la Constitución ha llevado a la transferencia del Estado a las autonomías de muchas competencias, entre ellas sanidad y educación, muy afectadas por la pandemia, y cuando ha llegado un problema de esta dimensión parece que priman las excusas sobre las responsabilidades. Se acusó al Gobierno de utilizar la declaración de estado de alarma para recentralizar competencias. Después, de lo opuesto, de irse de vacaciones y dejarlas solas a las autonomías.

Al mismo tiempo, se pusieron en marcha toda una serie de medidas para paliar la crisis económica que han supuesto el confinamiento del país. El contenido de las medidas ha conciliado el aplauso general, pero la ejecución de las mismas ha sido deficiente. Lo que mejor ha funcionado es lo que no depende de la Administración: la línea de avales del ICO. Los bancos han cargado con el peso de la tramitación de estos créditos y han puesto el dinero. El ICO ha hecho lo suyo con poco más de tres centenares de empleados y gracias a que llevan años trabajando con una aplicación tecnológica que conecta al banco público con las entidades privadas.

Los siempre denostados bancos han respondido como un reloj en esta línea, en el aplazamiento de las hipotecas, anticipo de nóminas y pensiones e incluso con los ERTE. Sin embargo, las queridas Administraciones Públicas han vuelto a colapsar con la gestión de los ERTE y del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Lo peor es que las explicaciones son de vergüenza ajena; ya todo el mundo entiende que es una situación excepcional.

Buena parte del atasco que se produce en la tramitación de estos expedientes es porque la Administración se empeña en exigir al ciudadano papeles que ya tiene. La tramitación del IMV es una gincana por departamentos públicos recolectando papeles para entregárselos a la propia Administración. El expediente del IMV lo tramita la Seguridad Social y requiere información de la renta y patrimonio (Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda), certificado de empadronamiento de las personas que viven en el mismo domicilio (ayuntamientos), Libro de Familia, certificados de parejas de hecho y DNI o NIE (Ministerio del Interior), impreso de alta en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (Ministerio de Trabajo) o sus respectivos de las Comunidades Autónomas, además de otros documentos.

Por tanto, en los dos últimos meses ha habido 900.000 españoles (este es el volumen de solicitudes) entreteniendo a funcionarios de múltiples departamentos para que les den documentos que luego son recogidos por otros funcionarios de la Seguridad Social. Es fácil imaginarse la cantidad de funcionarios que se han visto atascados por el expediente IMV y las montañas de papel acumuladas. Esta es la excusa de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sin embargo, la tramitación del IMV sería más sencilla y eficaz si estuvieran interconectadas las bases de datos de los diferentes organismos de la Administración Central del Estado y con protocolos de acceso a las de las comunidades autónomas, respetando toda la normativa de protección de datos, como es obvio. Pero la realidad es que ni las Administraciones están interconectadas ni la información digitalizada.

Resulta increíble que haya florecido toda una pléyade de empresas que se dedica a acumular datos de ciudadanos y empresas para hacer negocio con ellos revendiéndolos y que nuestras administraciones sigan en pañales. Empresas como los bancos, que tienen información muy sensible, han encontrado la manera de compartir información y están interconectados entre sí y con todas las empresas de suministros, por ejemplo. Las Administraciones Públicas tienen que hacer lo propio y ponerse al servicio del ciudadano y no al revés.

La digitalización de las administraciones, central y autonómicas, tiene que ser uno de los proyectos estrella que el Gobierno financie con el maná de Bruselas. Esto redundaría en enormes ganancias de tiempo para el ciudadano y las empresas; y en la administración permitiría una reasignación de recursos, con menos funcionarios que traen y llevan papel y más personal en sanidad y educación, por ejemplo. Imagínense la tarea que hay que hacer en la administración de Justicia, donde los legajos forman parte del paisaje.

Por tanto, es urgente una auditoría de la gestión sanitaria y económica que nos dé respuestas a por qué lo estamos haciendo peor que países muy similares (Italia y Portugal), para después poder elaborar un plan de reconstrucción de nuestra Administración.

 Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad Complutense