El Gobierno debería rectificar su claro error con los ayuntamientos

Coger un atajo, dividir a los municipios, ofrecer un caramelo financiero solo a unos para lograr una mínima mayoría es la peor forma de afrontar el problema

El Gobierno de Pedro Sánchez ha gestionado con extrema torpeza su propuesta para dar algo de holgura a los ayuntamientos con el fin de hacer frente a los gastos extraordinarios y a la caída de ingresos derivados de la pandemia. Un Gobierno que pide unidad para hacer frente a la pandemia debería haberse dado cuenta de que una propuesta que arrancó por la mínima la aceptación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no era la idónea. Hasta los propios socios de investidura y alcaldes de los partidos que apoyan al Gobierno se han mostrado en contra de esta medida aprobada por decreto ley sin tener los apoyos suficientes para la convalidación, lo que ha provocado una estruendosa derrota política del Ejecutivo en el Congreso.

Que las críticas más demagógicas que hablan de confiscación del dinero de los ayuntamientos no tengan razón no quiere decir que el decreto estuviera bien diseñado ni fuera justo con las entidades locales. El Gobierno trató de coger un atajo por la vía de la puesta a disposición de Hacienda de los remanentes de tesorería para saltarse las limitaciones que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Aunque el ministerio no necesita liquidez, eso ha abonado el terreno para que se le acuse de incautar el ahorro de los demás. Pero ese no es el problema de fondo del decreto, sino el hecho de discriminar entre ayuntamientos y favorecer a unos frente a otros al condicionar el reparto de los 5.000 millones extras de fondos aportados por la Administración central a la participación en la entrega de remanentes, en una especie de chantaje.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé que el Estado y las comunidades puedan incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria. Es una excepción que debería extenderse a ayuntamientos. La forma para lograrlo es reformar dicha ley, para eso es posible tejer acuerdos y consensos y lograr la unidad que tanto reclama el Gobierno. Pero coger un atajo, dividir a los municipios, ofrecer un caramelo financiero solo a unos para lograr una mínima mayoría es la peor forma de afrontar el problema. El Gobierno debe socorrer a los ayuntamientos y otorgarles fondos sin condicionarlos a sus remanentes y luego debe reformar la ley para contemplar las excepciones apropiadas para la situación actual que les permitan movilizar sus propios fondos. La mejor forma de hacerlo es logrando amplios acuerdos políticos. El Gobierno debe admitir su error y rectificar, no empeñarse en que si se ha rechazado su propuesta ya no tiene la responsabilidad de buscar una alternativa.