Patronal y sindicatos urgen a que los Presupuestos financien ya parte de los gastos del sistema de pensiones
Los interlocutores sociales urgen al Pacto de Toledo a que acuerden las recomendaciones que sirvan de base para reformar la Seguridad Social en el diálogo social
La Comisión del Pacto de Toledo ha retomado sus trabajos con la intención de acelerar un acuerdo parlamentario de recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones. Ese acuerdo será del que partan el Gobierno, la patronal y los sindicatos para convertir en ley dicha reforma, a ser posible también con consenso.
Precisamente ayer fueron los responsables en materia de pensiones de los sindicatos CC OO y UGT y de las patronales CEOE-Cepyme, los que explicaron a los nuevos integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo de esta legislatura cuáles creen que deben ser los mimbres de la próxima reforma y urgieron a los parlamentarios a llegar a un acuerdo de recomendaciones que sirva para que el Gobierno y los interlocutores sociales la diseñen.
Todos ellos coincidieron en algo: la necesidad inmediata de acabar con el desfase entre ingresos y gastos del sistema que ya antes del impacto de la crisis del Coronavirus se elevaba al entorno de los 19.000 millones anuales de déficit. Para acortar estos números rojos, empresarios y sindicatos piden que sea el Estado, a través de los impuestos, el que costee los gastos no contributivos de la Seguridad Social que ahora se pagan con cotizaciones sociales. Es más consideran que ya los próximos Presupuestos del Estado deberían incluir medidas tendentes a esta nueva separación de fuentes de financiación (que ya se culminó con los complementos a mínimos,)
Desde UGT, Mari Carmen Barrera, indicó a los diputados que “la Seguridad Social no puede seguir pagando lo que no debe, por más que lo haya hecho durante muchos años. Eso ya no es posible ni es admisible”. Y en concreto precisó que no se deben pagar con cotizaciones contributivas, cuyo destino es exclusivamente las prestaciones, los gastos de las políticas de empleo, ni de la reducción de cotizaciones, ni los gastos de gestión administrativa de la Seguridad Social, ni tampoco el reconocimiento de un nivel subvencionado de protección para determinados grupos”. Según esto, la Seguridad Social debería dejar de pagar entre 8.000 y 10.000 millones de euros, lo que solo financiaría la mitad del déficit anual.
Por su parte, Carlos Bravo (CC OO) consideró urgente “equilibrar” la parte estructural de ingresos y gastos y añadió: “Emplazamos al Gobierno para que ya en los Presupuestos de 2021 haya primeras medidas al respecto”, afirmó. Además, precisó que los gastos de la Seguridad Social causados por el impacto de la pandemia de Covid-19 se financien de forma separada con la emisión de deuda pública y con los fondos europeos.
Los representantes empresariales también se mostraron partidarios de que los gastos no contributivos de la Seguridad Social pasen al Estado. Se trata, por tanto, de una recomendación que no tendrá dificultades de ver la luz porque así lo habían entendido también los anteriores integrantes del Pacto de Toledo. Si bien el calendario para el traspaso del déficit al Estado será algo más difícil de concretar.
Pero además de este traspaso de una parte de los gastos de las pensiones al sistema impositivo, hará falta aumentar más los ingresos. Para ello, los compareceientes patronales y sindicales también coincidieron en la necesidad --ya defendida por el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá-- retrasar la edad efectiva de jubilación, de forma que esta se acerque cada vez más a la edad legal en cada momento.
"Nosotros, quiero decirlo con claridad, estamos interesados en abordar la problemática de las diferencias entre la edad efectiva y la edad legal", dijo la representante de UGT que, sin embargo, consideró menos prioritario abordar el rediseño o establecimiento de un factor de sostenibilidad, algo que no debería estudiarse hasta que no se cierre el déficit estrucural, precisó Barrera.
Para los responsables de CEOE, el acercamiento de la edad real o efectiva de jubilación a la edad legal también es deseable, si bien consideraron que la negociación colectiva debe tener un papel protagonista en este retraso de las jubilaciones, informaron fuentes empresariales.
Además, los técnicos patronales pidieron también el fomento de los planes privados de pensiones. Y los sindicatos reclamaron nuevamente que la ley fije la revalorización de las pensiones con el IPC si es positivo.
Diez años y dos reformas desde el último acuerdo
La última vez que el Pacto de Toledo renovó sus recomendaciones para reformar el sistema de pensiones fue el 29 de diciembre de 2010. Han pasado ya diez años, aunque se debía revisar cada cinco. Además el consenso de las primeras revisiones de este pacto se truncó en 2011. Aquel año el PP votó en contra de la reforma de las pensiones del Gobierno socialista que, en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, retrasó la edad de jubilación de forma progresiva hasta los 67 años y endureció el acceso general a la pensión. Y dos años después, el PSOE votó en contra de la reforma popular que endureció las prejubilaciones y creó los factores de revalorización y de sostenibilidad.
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