Una FEMP dividida decidirá el viernes si acepta el plan de Hacienda para reinvertir su superávit

Almeida pide a Caballero que respete el criterio de los ayuntamientos y no acepte la “imposición” del Gobierno central

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha decidido convocar una Junta de Gobierno Extraordinaria para este viernes -aunque previamente se anunció para el jueves- que se promete de alta tensión. La cita tiene por objeto someter a votación la propuesta negociada por la cúpula de la FEMP con el Ministerio de Hacienda para permitir a los ayuntamientos reinvertir sus superávits en respuesta al Covid. La solución diseñada, sin embargo, ha dividido con fuerza a los alcaldes.

En la cita, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, tiene previsto presentar y pedir el voto favorable al “Acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias para contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana, políticas de cuidados y apoyo a la cultura y al deporte”.

Así se denomina la fórmula ideada para permitir que los municipios puedan disponer de sus remanentes acumulados, pues la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Constitución les prohíben incurrir en déficit contable, algo que harían si invierten el superávit de años pasados sin incorporar medidas de ingreso por la misma cuantía para este ejercicio.

La solución que será sometida a votación supone que los ayuntamientos que así lo deseen hagan un préstamos a bajo coste a la administración central, por hasta 14.000 millones de euros en superávits acumulados en cuentas bancarias, que luego el Ministerio de Hacienda les entregaría en forma de transferencia a lo largo de varios años.

En concreto, la propuesta sobre la mesa supone que el 35% se entregue entre 2020 (cuando se transferirían hasta 2.000 millones) y 2021 (con otros 3.000 millones), mientras que el resto se abonaría en una década.

Gracias a este sistema, sería la administración central la que elevara su galopante déficit, mientras que los ayuntamientos sortearían la prohibición legal que pesa sobre ellos en este sentido.

El destino de los fondos recibidos, eso sí, quedaría limitado a algunos proyectos concretos, como los que pasan por la mejora de los servicios sociales, las vías públicas, o el tratamiento de aguas, por ejemplo.

Al no convencer la fórmula a los alcaldes del PP, pero tampoco a los de Cs, Podemos o los nacionalistas vascos, Hacienda mejoró la propuesta apostando por suspender la regla de gasto local durante 2020 y prometiendo para los ayuntamientos recursos –sin cuantificar- del nuevo fondo europeo.

La mejora de la oferta no ha terminado por lograr el consenso entre los municipios, cuyos representantes se reunirán por videoconferencia este viernes a fin de tomar una decisión definitiva. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya advirtió el martes que no hay alternativa.

Una advertencia que ha llevado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a declarar este miércoles que la propuesta que hay sobre la mesa no es “una oferta” de Hacienda, sino “una imposición”, que busca tratar a las administraciones locales como a “menores de edad”.

Almeida, del PP, ha pedido a Caballero, alcalde de Vigo por el PP, que “respete” el criterio de los alcaldes y no ceda a las posiciones del Gobierno central.

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