Los ayuntamientos pugnan para no pagar un 0,5% a la banca por sus depósitos

La FEMP pide a Hacienda una cuenta sin coste para sus 28.300 millones de pasivo en el Banco de España pero este tendría que cobrarles la facilidad de depósito del BCE

Belén Trincado / Cinco Días

Los ayuntamientos españoles son la única administración pública que lleva años encadenando superávits presupuestarios. Dada la limitación que pesa sobre su reinversión, los municipios acumulan una cifra récord en depósitos bancarios por los que llevan meses temiendo que el sector financiero comience a cobrarles intereses en esta nueva era de tipos negativos. Expectante a la formación del nuevo Gobierno para reclamar soluciones, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprovechó la primera reunión oficial con el nuevo Ejecutivo, mantenida el pasado lunes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para solicitar que se les facilite contar con una cuenta sin costes del Banco de España en la que ingresar sus fondos.

El asunto no es menor. Tras ocho años consecutivos registrando más ingresos que gastos, los ayuntamientos acumulan 28.300 millones de euros en depósitos bancarios, según los últimos datos del Banco de España, de cierre del tercer trimestre de 2019. Se trata de una cifra récord, que supera incluso los 18.500 millones que atesoraban en diciembre de 2007, antes de que la crisis redujera la cifra a 10.000 millones en 2010. Teniendo en cuenta que los municipios se juegan abonar un tipo del 0,5% por sus fondos, la factura bancaria podría ascender a unos 140 millones al año.

El temor de los ayuntamientos a que la banca les penalice por sus depósitos surge del persistente entorno de tipos negativos en la zona euro y de la decisión que ya han adoptado numerosas entidades españolas de empezar a cobrar por el ahorro a las empresas y a los grandes patrimonios, en especial después de que el Banco Central Europeo (BCE) comenzara a hacer pagar al sector financiero por guardar su exceso de liquidez a fin de incentivar la concesión de crédito. Esa penalización ha ido intensificándose hasta que el pasado septiembre Fráncfort fijó el tipo de la facilidad de depósito en el citado -0,5%.

Desde entonces, grandes entidades como Santander, BBVA, CaixaBank o Bankia ya han reconocido que están trasladando ese coste cobrando por los depósitos a grandes compañías y clientes institucionales, sin que esa penalización incluya al pequeño ahorrador.

A fin de esquivar el impacto, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, trasladó el lunes a la ministra de Hacienda durante la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) la posibilidad de que el Banco de España alojara sus depósitos sin coste alguno. La idea ya había sido manejada en una reunión de carácter técnico de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local el pasado 30 de enero. El Gobierno aún no se ha pronunciado.

Todo apunta, sin embargo, a que la solución propuesta por la FEMP no permitiría ahorrarse el coste. En caso de que el Banco de España, a petición de Hacienda, abriera una cuenta con los depósitos de los ayuntamientos, tendría que cobrarles también ese 0,5%, con lo que tampoco evitarían la penalización al trasladar su liquidez desde una entidad financiera. Esto es así porque el supervisor tiene la consigna de aplicar a las administraciones públicas el mismo interés de la facilidad de depósito que Fráncfort, según establece el BCE en su orientación sobre las operaciones internas de gestión de activos y pasivos para los bancos centrales nacionales. Tal tasa de interés es común a cualquier organismo público, sean ayuntamientos, comunidades autónomas o la Administración Central, sin que el Banco de España tenga margen para establecer una diferente, aclaran fuentes oficiales.

De hecho, esto mismo es lo que ya sucede con el pago de cupones y las amortizaciones de deuda de comunidades autónomas. Según explican desde el Gobierno de Canarias, esta administración –que por el momento no paga a la banca por sus depósitos– debe ingresar en una cuenta especial del Banco de España un día antes de su vencimiento el pago de los cupones de sus emisiones, por lo que se le cobra el 0,5% de interés en concepto de depósito.

Hay otros precedentes de la dificultad que tienen los organismos públicos para sortear pagar por su pasivo en tiempos de tipos en negativo. Sin ir más lejos, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) vio como el concurso público para gestionar su cuenta corriente quedaba desierto después de incluir entre las condiciones que no pagaría por sus depósitos. La institución tuvo que renunciar a esta premisa y el año pasado acabó adjudicando la cuenta a CaixaBank a cambio de abonar un 0,4% por su pasivo, el coste que tenía por entonces la facilidad de depósito del BCE.

La FEMP volverá a analizar el asunto en su junta del próximo martes. La suerte que corra la movilización de los ayuntamientos será seguida con interés desde las comunidades autónomas que, pese a haber sufrido déficits de forma más generalizada en los últimos años, atesoran a su vez 16.742 millones en depósitos bancarios por los que podrían acabar pagando.

Más ahorro que deuda

 

Niveles récord. El volumen de depósitos que acumulan las corporaciones locales marcó un nuevo récord en el tercer trimestre de 2019, alcanzando los 28.300 millones de euros. La cuantía lleva años creciendo de forma sostenida mientras la deuda se reduce. Así, según los últimos datos del Banco de España, el volumen de ahorro de los ayuntamientos ya casi duplica la cuantía de su deuda. Así, los préstamos registrados a cierre del tercer trimestre del año pasado ascendían a 15.100 millones de euros, un 17% menos que un año atrás y lejos de los 20.100 millones del tercer trimestre de hace dos años.

 

Comunidades autónomas. El ahorro en depósitos de las comunidades autónomas, de 16.700 millones de euros, es en cambio muy inferior a la deuda que soportan estas administraciones y que, a cierre del tercer trimestre de 2019, se elevaba a 41.700 millones de euros, de acuerdo con los datos del Banco de España. Su endeudamiento ha crecido el 3,2% en el último año. Esta diferencia radica fundamentalmente en el hecho de que mientras que el sector de corporaciones locales viene registrando superávits, el de las comunidades lleva años sumido en el déficit. Fuentes oficiales estiman que en 2019 cerraron con uno del 0,5% del PIB.