La eficiencia energética gana enteros para liderar la economía postcovid

Los proyectos de reducción del consumo energético de vehículos o edificios se disponen a aprovechar los fondos que desbloqueará Europa para reactivar la actividad. Sin embargo, prevalece el reto de casar ayudas públicas e iniciativa privada

La pandemia ha relanzado la carrera por trazar el mundo postcovid, que pasa por integrar las tendencias que se venían explorando en los últimos años, como el urbanismo diseñado desde el punto de vista del peatón o la transición ecológica aplicada a los núcleos de población. Un grupo de expertos ha expuesto la necesidad de estimular, más que nunca antes, la eficiencia energética en un encuentro virtual organizado por CincoDías con la colaboración de Acciona bajo el nombre Eficiencia energética, una oportunidad económica. Los ponentes destacaron en este foro telemático la importancia de dotarse de una regulación concisa, fomentar la colaboración público-privada en los proyectos e impulsar la inversión para alcanzar los ambiciosos objetivos españoles y europeos en materia energética.

Elena González, directora de servicios energéticos de Acciona, destacó los pasos que ya se han dado en la dirección correcta los últimos años, a los que sin embargo les falta entrelazarse: “El energético es un sector conservador, donde los cambios cuestan más, pero tenemos los ingredientes. Ahora hay que unirlos y plasmarlo en beneficios de descarbonización, que por ahora no está ocurriendo”. Esos componentes son “las tecnologías, los modelos de negocio, los profesionales y la financiación”.

Sobre este último sustentó su tesis el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, para quien las administraciones deben forjar un “gran proyecto de Estado” que movilice recursos públicos y privados, organice plataformas de colaboración con “seguridad jurídica”. El también presidente de la Red Española de Ciudades por el Clima de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pidió más transparencia y certidumbre sobre “los recursos y cómo acceder a ellos”.

Al igual que la directiva de Acciona, Pedro Antonio Prieto, director de ahorro y eficiencia energética del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), sugirió que los ingredientes precisan ser moldeados, pero ya forman parte de los proyectos que se llevan a cabo. “Hay tecnología suficientemente madura para la reducción del consumo, de forma rentable, y existen empresas especializadas y de servicios energéticos para recuperar la inversión con ahorros”, precisó.

Marta Castro, socia de economics & regulation en KPMG España, señaló al respecto que pese a la dificultad para alcanzar la eficiencia en todo su potencial, ya se ha recorrido un importante camino con el goteo de medidas proeficiencia de los últimos años. “Se cuenta con una batería de medidas que arrojan un ahorro de energía para 2030 de cerca del 40%, y solamente considerando el cambio tecnológico; ni siquiera estamos contabilizando los posibles cambios de comportamiento del consumidor”. Castro especifica que “la mitad del potencial de estas medidas se podría alcanzar a un coste eficiente”. Para Jorge Jiménez Luna, director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, la prioridad en estos momentos de crisis por el coronavirus radica en movilizar a las pymes.

Proyectos integrados

Los ponentes ahondaron en el carácter público-privado que debe presidir muchas de las iniciativas económicas del sector energético. Prieto defendió que, pese a los esfuerzos y la “actuación ejemplar” de algunos gobiernos locales que son “una referencia” en el ámbito de la eficiencia energética, se hacen necesarios los proyectos integrados. “Los ayuntamientos han optado por actuaciones parciales, faltan las que integren rehabilitación, movilidad, equipamientos… y no es sencillo porque ahí intervienen el urbanismo, el rediseño de redes de transporte público, que la ciudad sea densa o expandida... influye en la movilidad y en el consumo de energía, igual que el clima o la situación de las empresas”.

Jiménez Luna abogó por “cambiar el chip” y aprovechar al máximo los fondos disponibles que, en todo caso, se deben combinar con la inversión privada, “sobre todo para medidas como la rehabilitación de la epidermis de edificios, aquellas que no tienen un retorno rápido”. Además, se mostró convencido de que el energético es uno de los sectores en los que existe mayor voluntad por parte de las compañías por invertir. No obstante, precisó, el gasto debe producirse según modelos de negocio “a medio plazo”.

Sin embargo, el componente de financiación privada por parte de las entidades capaces de otorgar créditos, como los bancos, puede ser mayor, según advirtieron algunos de los participantes. Prieto, a través del IDAE y de su experiencia pasada en la gestión y rehabilitación de viviendas, considera que la eficiencia energética en los edificios de uso residencial todavía arrastra impedimentos para obtener créditos. “Hemos detectado que en las comunidades de propietarios tienen problemas de acceso a financiación de los bancos. IDAE ha trabajado en suplir la falta de financiación privada porque las comunidades no tienen una figura jurídica clara y los bancos no les financian”, explicó.

Regulación

El marco normativo, cada vez más claro, permitirá acometer con más celeridad los proyectos de eficiencia energética, destacaron los ponentes. El Gobierno tiene un anteproyecto de Ley de Cambio Climático, aunque González quiso referirse al último Decreto Ley en materia climática aprobado por el Ejecutivo, donde se contemplan nuevas figuras como la del agregador independiente (combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o de varios generadores para su venta, compra o subasta en cualquier mercado de electricidad). La directiva de Acciona aseguró que la compañía trabaja en desarrollar esta figura y también está incorporando novedades como la taxonomía de la Unión Europea sobre empresas sostenibles. “Hay que empezar a exigir que toda la cadena de suministro siga esos parámetros de sostenibilidad porque así las ofertas serán sostenibles”, indicó González, quien afirmó que Acciona está consolidando ese criterio europeo, bajo el que ya se encuentra el 99% de su capital invertido, el 92% del ebitda y el 69% de los ingresos.

El 69% de los ingresos de Acciona siguen la taxonomía sostenible de la UE

Según Castro, la regulación debe jugar un “papel muy importante en estos momentos” y apoyarse en figuras como las empresas de servicios energéticos. Además, añadió la experta de KPMG, deben ponerse en marcha las medidas que ya se han demostrado “costoeficientes”. Prieto destaca que los planes con objetivos por décadas han permitido poner orden a medidas como la movilidad sostenible o la mejora de consumo de los edificios y equipamientos, cuyo fin último es “una transformación completa del sistema energético”. Espadas definió la legislación como “condición sine qua non, pero dejó claro que “no es garantista”.

Además de la regulación, el Covid-19 ha reforzado en la Unión Europea el compromiso por redoblar la inversión pública en sectores que se consideran estratégicos para las próximas décadas y para la recuperación económica de esta crisis, entre ellos el de la energía. Sin embargo, algunos ponentes discrepan de la manera en que la administración debe tomar partido en los proyectos de eficiencia energética. “Estamos excesivamente acostumbrados al incentivo. El mercado está absolutamente condicionado por él. Es una actuación cortoplacista: recuperar parte de la inversión de forma rápida, si no te encuentras muchas barreras para convencer a la administración e inversores”, valoró Jiménez, para quien conjugar los fondos públicos y la intervención privada será especialmente relevante en la rehabilitación de edificios para hacerlos más sostenibles.

El consumidor

Administración, empresas pero también los ciudadanos, la otra pata presente en los proyectos energéticos que, sin embargo, muchas veces pasa desapercibida. Castro destacó la escasez de información de la que disponen como uno de los grandes hándicaps que frenan en seco el avance de los procesos de eficiencia: “Se necesita mejorar la información del consumidor. Además, a veces la financiación la tienen los proyectos grandes, pero cuando el consumidor va a emprender medidas de eficiencia energética, se encuentra con periodos de maduración de la inversión de 7 u 8 años y lo ve como una inversión de muy largo plazo”. Por ello, la responsable de KPMG propuso aplicar en España formas de financiación que imperan en otros países, como las hipotecas verdes o desgravaciones de impuestos de la propiedad.

Hipotecas verdes o desgravaciones, vías para atraer al consumidor

González defendió que Acciona, a través de fondos comerciales, propone a los clientes proyectos que les generan rentabilidad. Sin embargo, aprecia que los consumidores “están esperando las ayudas públicas, que no dan para desarrollar el potencial completo del país”, ya que por sí misma la vertiente pública no permite completar los objetivos de plazos que se han marcado las instituciones. Así, la directiva de la empresa energética española pidió que, tras el confinamiento provocado por el Covid-19, se reactiven aquellos proyectos que no dependen de dinero público: “El compás de espera en la crisis anterior se llevó por delante a las pymes, con las que trabaja Acciona, y hace que tanto grandes como pequeños suframos”.

¿Los proyectos piloto como precursores?

 

El debate sobre la fuerza que debe tener el Estado en el desapalancamiento económico tras la pandemia, sobre el que se ha hablado mucho las últimas semanas, también afloró en el foro. Juan Espadas fue contundente a la hora de defender la idoneidad de las iniciativas públicas, sobre todo en el sector energético. El regidor sevillano sugirió que deben ser los alcaldes de un puñado de ciudades los que comprueben cómo de sólidos son el proyecto de Ley de Cambio Climático y el Pacto verde de la Comisión Europea. “Necesitamos ver que esto funciona en un número de ciudades que podría crear una plataforma de experiencias piloto”. González, en cambio, advirtió de que aunque la regulación contempla estos “experimentos”, estos no deben paralizar otras iniciativas, siendo dos líneas compatibles que transitan en paralelo. “No necesitamos un proyecto piloto para demostrar que en contratos donde empresas garantizan ahorros y pueden ser auditados y proveen eficiencia se pueden llevar a la práctica. No estamos en un modelo inmaduro tecnológicamente hablando”, aseguró la directiva. Jiménez Luna rompió una lanza por la propuesta del alcalde de Sevilla y defendió que existe una interpretación equivocada de la utilidad de los proyectos piloto. Estos, según el director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, “sirven para abrirle los ojos para muchas personas de las que depende la firma de proyectos como el inversor”. Por ello son iniciativas que deben diseñar “bien los instrumentos” y completarse con una labor de formación.

Experiencias pasadas. Jiménez Luna explicó que durante la crisis del sector de la construcción, en 2014, desde la Agencia Andaluza de Energía se impulsó un programa de construcción sostenible que movilizó 164 millones de euros de incentivos. "Dio lugar a 40.000 actuaciones para cambios de epidermis, bioclimátización, iluminación, cambio de calderas...". Además, generó una actividad que creó 20.000 empleos, llegó al 86% de los municipios andaluces y se adhirieron a él 8.000 empresas