Plan de viviendas para jóvenes diseñado por bancos y aseguradoras
La propuesta de Ana Botín parece que ha quedado en el cajón, pero hay expertos que creen que es una buena opción para el sector privado
Hace un par de semanas la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, proponía en una entrevista concedida a El País una llamativa iniciativa, conceder hipotecas al 95% a los jóvenes con garantías del Estado de hasta el 20% para fomentar el acceso a la vivienda en España de este colectivo. La propuesta dio que hablar al día siguiente, pero, eso sí, ningún otro banquero tenía noticias de esa iniciativa. Incluso sorprendió al Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo que en teoría tenía que facilitar los avales públicos.
El ministerio de Economía reconoció que la propuesta estaba sobre la mesa del ICO, pero parecía que solo era una idea muy verde, y era una más dentro de un conjunto de proposiciones que tienen como objetivo impulsar la maltrecha economía tras la crisis sanitaria. El instituto aseguró que “no es una prioridad ahora”, ya que su mayor urgencia en estos momentos es salvar a las empresas, sobre todo a los autónomos y pymes, el eslabón más débil a la vez que de más peso, en el tejido industrial español. No en vano, crean alrededor del 74% de los puestos de trabajo del país.
Pero la idea ha calado en más de un despacho de expertos, que le están dando vueltas para intentar encajar piezas que sirvan para impulsar esta iniciativa, aunque sea sin el aval del ICO, que sería sustituido por un seguro. Sería una colaboración entre una aseguradora, un banco y, por qué no, un promotor.
El despacho de Alvarez&Marsal (A&M) es una de estas consultoras que ya tienen preparado el diseño de una iniciativa similar. “El objetivo es reactivar el mercado hipotecario tras el Covid-19 y esta puede ser una de las formas. Si funciona en Holanda por qué no va a funcionar en España”, asegura Sergio Redruello, directivo del despacho.
Los asalariados de entre 25 y 35 años se independizan menos, pese a que cuenten con niveles de ocupación similares por razones económicas. Su salario es un 20% inferior al del resto de grupos de edad. Además, dos de cada tres asalariados a tiempo completo en estas edades de 25 a 34 años no están emancipados porque sus condiciones económicas lo impiden. De entre todos los jóvenes que se encuentran ocupados, el alquiler solo representa una opción real para 250.000. Sin embargo, para la adquisición de vivienda habría más de un millón de asalariados de estas edades más para los cuales el pago de la cuota se traduciría en un nivel razonable de endeudamiento. Un colectivo al que hoy, por no disponer del 20% del valor de compra no se le ofrecen soluciones de financiación, explican desde A&M.
“Estimamos que en España hay más de 850.000 demandantes de crédito solventes en el segmento de asalariados de entre 25 y 34 años. En un escenario conservador que implicase un 15% de demanda satisfecha se generaría un volumen de crédito de 21.000 millones de euros, lo que supondría aumentar casi en un 50% el volumen de crédito hipotecario frene a. la producción del sistema en 2019”, explica Redruello.
La propuesta combina la financiación del 100% del valor de compra con la constitución de una doble garantía (hipotecaria y financiera) que. según aseguran desde este despacho, mantiene controlado el coste de riesgo y asegura el retorno del capital. Banco y aseguradoras realizarían conjuntamente la financiación al deudor como herramienta clave de mitigación del riesgo de crédito. La garantía financiera supondría una prenda (e inmovilización de los mismos) a favor del prestamista de los activos financieros disponibles en el momento de la compra y la contratación de un producto de ahorro sistemático al que se destinaria el 10% de los ingresos netos mensuales.
La garantía financiera del total de los 850.000 demandantes alcanzaría el 20% de valor del préstamo en un plazo máximo de 5 años, añaden estos expertos, que aseguran que ya han hablado con alguna que otra aseguradora para presentarles este plan
Y cambiando de asunto, pero también hablando de jóvenes, al parecer con el coronavirus este segmento de la población ha comenzado a interesarse por la Bolsa. Según explicó el miércoles pasado el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta, pese al desplome de la Bolsa [o será por eso, por unos precios muy bajos] “ha vuelto a entrar el inversor minorista y ha bajado la edad media que, además, invierte directamente en el mercado. Son millennials que apuestan, sobre todo, por las tecnológicas”. Ante este fenómeno, Ureta reclamó que se fomentará esta inversión, pero con protección.
También criticó un endurecimiento de la fiscalidad para el inversor, “hay que incentivar la fiscalidad para el ahorro y para la inversión”, si no se quiere que se frene en seco.
Por cierto, Arriaga y Asociados ha emprendido una auténtica cruzada contra los jueces. La causa, su propia guerra. El despacho de abogados se querello hace unas semanas contra cinco magistrados de Barcelona por sus sentencias relacionadas con las cláusulas IRPH. Pues la semana pasada cumplió con su amenaza y también denunció a jueces de la Audiencia Provincial de Granada y de la Audiencia Provincial de Sevilla por presunta prevaricación por diferentes sentencias relacionadas con el índice hipotecario.
Ahora falta, claro, que estas querellas sean admitidas.
De momento, el Consejo General del Poder Judicial ya le ha contestado. “Presionar a los jueces para que resuelvan en un determinado sentido litigios futuros, haciendo públicas tales intenciones, no puede tener otra finalidad que menoscabar la necesaria imparcialidad del juez”. Puede que se convierta en el culebrón de la temporada primavera-verano. Y mientras, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aún debe comunicar si aclarará o no algunas dudas planteadas sobre la sentencia del 3 de marzo también del TJUE sobre el índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH). Otro culebrón que trae de cabeza a la banca, deseosa de cerrar definitivamente esta grieta que tanto repercute en su imagen.