Nissan recuerda que España debe revisar su papel ante la inversión exterior

No es el momento de sembrar dudas sobre la estabilidad de unas leyes que si necesitan algo es ser más flexibles

La decisión de Nissan de abandonar la producción de coches en la Zona Franca de Barcelona es una muy mala noticia para la Ciudad Condal, para Cataluña y para España. Casi 3.000 trabajadores industriales muy cualificados y de rentas elevadas abandonarán las cadenas de montaje, y en paralelo no menos de otros 20.000 que trabajan en los alrededores industriales de la firma japonesa seguirán su desgraciado camino. La industria de la automoción española, que siempre ha estado a la cabeza de la competitividad mundial, pierde una planta que era una referencia histórica como consecuencia del rediseño de las estrategias corporativas de las multinacionales del motor, a la busca de márgenes diferenciales que ya no aprecian aquí.

El cierre de Nissan es una decisión exclusiva de sus accionistas, tras la redefinición estratégica planteada por su triple alianza con Renault y Mitsubishi. Una decisión que trata de reforzar las sinergias entre las tres y que concentra la producción de cada enseña en el territorio en el que goza ya ahora de una posición fuerte. Por ello, ­mientras Renault concentrará sus esfuerzos en Europa –y por tanto es de esperar que en España también– y en Rusia, Sudamérica y Sudáfrica, Nissan lo hará en Norteamérica, China y Japón, y Mitsubishi, en el resto de Asia y Oceanía. Una decisión de la que son responsables los nuevos gestores del grupo automovilístico. Pero España –y dentro de ella Cataluña– y por supuesto sus responsables políticos tienen que revisar sus actitudes para que esta salida de Nissan, a la que se acaba de sumar la de una de las dos plantas de Alcoa, en Lugo, no se generalicen. España no está en disposición de perder fábricas, de las que no está en absoluto sobrada.

España debe reforzar su imagen de mercado atractivo para la inversión extranjera y hacerlo tanto de palabra como de obra. En los últimos años, Cataluña ha jugado políticamente con fuego como todo el mundo ha podido ver, y esa no es la mejor tarjeta de presentación para retener o atraer inversión exterior, y ha mostrado hostilidad regulatoria y fiscal hacia negocios e inversiones. El Gobierno central tiene también que evitar su sesgo hacia las decisiones menos amables con las empresas y con la inversión. Debe volver a reconstruir el mejor de los climas para atraer industrias, pues cada vez que una crisis ha dañado la economía española, la reconstrucción siempre ha venido apoyada en la inversión extranjera. Debe dejar de coquetear con un revisionismo demagógico de la legislación laboral y de asustar con subidas de impuestos y con regulaciones más restrictivas que las de nuestros socios. Es el momento de volcar los esfuerzos en reforzar la imagen del país como un atractivo destino de la industria y no de sembrar dudas sobre la estabilidad de unas leyes, laborales o fiscales, que si necesitan algo es ser más flexibles y amables con la inversión.