El coronavirus sume a los festivales de música en el caos legal

Los promotores, que se enfrentan a reclamaciones millonarias, reclaman la declaración de fuerza mayor para cancelar eventos

Una imagen del Festival Internacional de Benicassim 2019.
Una imagen del Festival Internacional de Benicassim 2019. Getty Images.

La crisis del coronavirus ha puesto en jaque la temporada de festivales de verano. Y es que, a pesar de la desescalada progresiva de las medidas de confinamiento, es difícil imaginar que dentro de unas semanas (o, incluso, meses) miles de personas puedan concentrarse en un mismo recinto para disfrutar de un macroconcierto. De hecho, el sector calcula que la pandemia provocará unas pérdidas directas de entre 1.000 y 7.000 millones de euros en el resto de los servicios auxiliares hasta diciembre.

Conscientes de esta realidad, varios festivales importantes como el Sónar o el Primavera Sound ya han optado por suspender la edición de este año. Otros muchos, sin embargo, siguen sin mover ficha. Este silencio podría estar motivado por la inseguridad jurídica que afecta a las actividades relacionadas con los espectáculos. En concreto, con el hecho de que nadie tenga claro hasta cuándo durará el estado de alarma ni qué medidas de seguridad se impondrán cuando termine.

El problema de fondo es que los festivales programados para después del 24 de mayo (fin de la última prórroga del estado de alarma) teóricamente pueden celebrarse, y si los organizadores modifican unilateralmente el evento podrían enfrentarse a una avalancha de demandas por daños y perjuicios por parte de los diferentes los agentes implicados: artistas, montadores, patrocinadores, etc.

Por esta razón, la Asociación de Festivales de Música (FMA) lleva semanas reclamando al Gobierno que declare la pandemia causa de fuerza mayor. Su representante legal, Patricia Gabeiras, asegura que la medida serviría para dar cobertura jurídica a todas las empresas que reprogramen o cancelen eventos, dado que “podrían alegar que ha sido por un motivo inevitable”.

Manuel López, abogado especializado en música y director de Sympathy for the Lawyer, está convencido de que una declaración oficial ayudaría a deshacer la cadena de contratos que hay detrás de los festivales y evitar futuros conflictos judiciales. No obstante, advierte de que, al tratarse de una relación entre empresas privadas, es posible que se hayan pactado cláusulas de exclusión. “Hay veces que el organizador pacta con el artista que se quede con un adelanto o con todo el caché bajo cualquier circunstancia”, revela.

La única salida sería, por tanto, la negociación paso a paso y con el Código Civil en la mano. Las partes pueden acordar el retraso del cumplimiento de sus obligaciones (como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de los festivales que han buscado una fecha alternativa) o adaptarlas a las restricciones de aforo y medidas de seguridad que eventualmente imponga el Ejecutivo. “En estos supuestos entraría en juego el principio jurisprudencial rebus sic stantibus, que tiene como finalidad reequilibrar las prestaciones”, aclara López.

Devolución de entradas

Otro de los asuntos que más preocupa a los organizadores tiene que ver con la devolución de las entradas. La legislación sobre espectáculos públicos es una competencia cedida a las comunidades autónomas, que por regla general reconocen el derecho al reem­bolso en caso de cancelación, aplazamiento o modificación del evento en un plazo inferior a 15 días.

Para unificar criterios, el pasado 1 de abril el Gobierno aprobó un real decreto que permite a la promotora ofrecer un vale canjeable (por ejemplo, por una nueva entrada). Si el consumidor no está de acuerdo, la empresa tendrá 60 días para devolver el importe, aunque no está claro que esta norma pueda aplicarse cuando decaiga el estado de alarma.

Desde la FMA proponen que se implante la opción del bono canjeable mientras duren los efectos de la crisis sanitaria y, además, se amplíe el plazo de reembolso a 12 meses. Patricia Gabeiras defiende que esta medida permitiría al sector recuperarse y evitar la destrucción de miles de puestos de trabajo.

La letrada pone como ejemplo a países como Alemania o Portugal, que han aprobado iniciativas similares. “La idea no es limitar el derecho de los consumidores, sino posponerlo con una solución equilibrada. Obligar a los festivales a devolver el dinero como si hubieran cometido un incumplimiento sería injusto”, asegura. Por ahora, el Ministerio de Consumo descarta una nueva reforma normativa.

Las ayudas aprobadas por el Gobierno

Préstamos. El Ejecutivo ha creado una línea de 20 millones de euros destinados al sector cultural que gestionará a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual (SGR).

Subvenciones. Se ha aprobado un paquete de ayudas directas de 5,5 millones de euros para las entidades de actividades de artes musicales y 6,6 millones para entidades de artes escénicas. Además, se abonarán los gastos en que hayan incurrido los beneficiarios de subvenciones públicas para proyectos que no hayan podido llevarse a cabo total o parcialmente.

Anticipos. Los artistas podrán solicitar anticipos del 30% en caso de aplazamiento o cancelación de actuaciones contratadas con la Administración, siempre que el importe de los contratos sea inferior a 50.000 euros.

Desempleo. Los trabajadores itinerantes del ámbito cultural tienen desde el 1 de mayo acceso a una prestación extraordinaria por de­sempleo por un periodo máximo de 180 días: de 20 a 54 actuaciones realizadas darán para 120 días de paro, y más de 55 funciones, para 180.

Mecenazgo. Se aumenta en un 5% la deducción por mecenazgo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Así, se podrá deducir el 80% de los 150 primeros euros invertidos en un proyecto, y el 35% de la cantidad restante.

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