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España acudirá al mecanismo europeo para costear los ERTE pero rehúye del fondo de rescate

El fondo SURE movilizará 100.000 millones para gastos derivados del mercado laboral

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Pablo Sempere

Los socios de la Unión Europea alcanzaron este viernes un acuerdo político para poner en marcha el fondo europeo de 100.000 millones de euros que costeará los ERTE y los mecanismos equivalentes al Expediente de Regulación Temporal de Empleo en otros países. Esta herramienta, bautizada como SURE por la Comisión Europea, forma parte de la triple red de apoyo puesta en marcha por la Unión Europea. Movilizará unos 540.000 millones de euros: al fondo se unen los 240.000 millones del MEDE y los 100.000 millones del Banco Europeo de Inversiones.

Este viernes, antes de la reunión del Eurogrupo, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha confirmado que el Gobierno sí prevé solicitar las ayudas de SURE una vez que el mecanismo esté en marcha.

El SURE "se adapta muy bien a nuestra aproximación desde el punto de vista de la financiación de los ERTE, es un embrión de este reaseguro de desempleo y nuestra disposición es utilizarlo una vez sepamos las condiciones y la aportación de garantías por parte de los Estados miembros". A priori, la próxima semana, la Comisión Europea presentará las condiciones de la puesta en marcha de esta red de apoyo, que entrará en vigor cuando los Estados miembros aporten los 25.000 millones de euros en garantías que precisa. Se desconoce todavía cuál será el criterio de reparto entre los socios, pero según lo explicado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a principios de abril -cuando SURE fue presentado-, los tres países que más fondos reciban no podrán aglutinar en conjunto más de 60.000 millones de euros.

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Donde no hay tanto interés por parte del Ejecutivo es en el MEDE, el fondo de rescate, con una capacidad de 240.000 millones que se repartirán entre los países que lo soliciten. Cada socio podrá pedir hasta el 2% de su PIB con un interés del 0,115% a 10 años, y tendrá que utilizar el dinero para costear los gastos sanitarios "directos e indirectos" derivados de la pandemia. España (que podría pedir unos 25.000 millones) rechaza por ahora hacer uso de esta herramienta, si bien celebra su puesta en marcha.

El problema del MEDE es el estigma que lleva asociado tras la recesión económica de 2008 y el rescate de países como Grecia. En esta ocasión, a la baja condicionalidad se le suma la garantía de que no habrá hombres de negro ni vigilancia de una Troika, así como la confirmación de que no se exigirán reformas macroeconómicas asociadas a los años de austeridad. El director gerente del MEDE, Klaus Regling, ha insistido a lo largo de la última semana en que ese estigma ya no existe, tampoco en los mercados de deuda en los que se financian los paíse, asegura. Sin embargo, los socios no lo perciben así.

"Tomaremos la decisión relativa al uso de los distintos instrumentos sobre la base del interés general con el fin de minimizar los costes de financiación", ha explicado Calviño, que reconoce que el acceso al MEDE en esta ocasión es totalmente diferente al de los años posteriores a la crisis económica de 2008. Pero en este momento, ha señalado, la situación de España en los mercados es muy favorable, con un interés que "de media está en el 0,3%".

De acogerse al MEDE, Regling cifra el ahorro que podrían tener países como España en unos 2.000 millones de euros en intereses. Calviño, no obstante, ha explicado que hay cálculos que toman el tipo de interés medio de una determinada emisión de un bono y comparan uno con otro. "Por eso he hablado de los costes medios de financiación del Tesoro, que son del 0,3%, para tener una marco de comparación más adecuado". La vicepresidenta también ha destacado que a corto plazo España se está financiando a tipos negativos.

Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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