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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Precipitación y falta de diálogo en una regulación que perjudica el turismo

La labor del Ejecutivo consiste en hallar un punto de equilibrio entre la seguridad sanitaria, que no debe nunca ponerse en peligro, y la necesidad de respaldar la actividad

CINCO DÍAS

La decisión de someter a una cuarentena de 14 días a las personas que viajen a España durante la vigencia del estado de alarma, publicada ayer en el BOE mediante orden ministerial, es un ejemplo del exceso de precipitación, escasos matices y déficit de diálogo con los que el Gobierno está encarando esta crisis. La medida, que afecta a españoles y a extranjeros, impone a los viajeros una reclusión de dos semanas en su domicilio o alojamiento, del que solo podrán salir para comprar alimentos, medicamentos, ir al médico o “por causas de fuerza mayor”, siempre con uso obligatorio de mascarilla. La norma, que de momento se solapa con el cierre de fronteras que fue decretado el pasado 16 de marzo, obliga a las agencias de viaje, los touroperadores y las compañías de transporte a informar a sus clientes de estas condiciones antes de venderles un billete con destino a territorio español.

La imposición de una cuarentena a los viajeros que lleguen a España supone un mazazo más sobre una industria turística duramente golpeada por las medidas de contención adoptadas contra la pandemia, y que está acusando ya de forma devastadora las restricciones a la movilidad y los cierres de las fronteras. Los cálculos de la OMT han advertido de que el número de viajeros internacionales se reducirá este año hasta en un 30% en el mundo y de que la caída de los ingresos turísticos alcanzará los 400.000 millones de euros. La factura sobre el empleo podría ascender a 75 millones de puestos de trabajo. En España, el sector ha presentado ya 200.000 ERTE que engloban a unos 900.000 trabajadores.

El turismo español tiene un potente componente internacional, una característica que lo hace especialmente vulnerable frente a esta crisis global y frente a medidas como la anunciada ayer por el Gobierno. La labor del Ejecutivo en la gestión de la desescalada consiste en hallar un punto de equilibrio entre la seguridad sanitaria, que no debe nunca ponerse en peligro, y la necesidad de ayudar al tejido empresarial a salir adelante y recuperar la actividad. Esa tarea, que sin duda es compleja, requiere de una labor previa de consulta y de diálogo con el sector afectado para tratar de diseñar fórmulas capaces de compatibilizar la protección con la actividad, pero también de una técnica jurídica depurada, que no genere interrogantes y se adapte a la orografía de cada industria. Regulaciones como la que se ha impuesto a las aerolíneas, que incluye una medida tan indeterminada y abierta como la de procurar la “máxima separación posible” entre pasajeros en la cabina, no solo no salvaguardan la salud de los ciudadanos, sino que siembran incertidumbre, y en el caso del turismo, perjudican seriamente a una de las primeras industrias de la economía española.

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