España se sitúa a la cola de las potencias europeas en protegidos por ERTE
Francia, Alemania e Italia tienen más afectados que España, que ronda los cuatro millones
El Consejo de Ministros de ayer, tras negociar con patronal y sindicatos, aprobó desligar los ERTE del estado de alarma, ampliándolos así hasta el 30 de junio. Este instrumento, explicó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha permitido que algo más de 3,2 millones de trabajadores puedan cobrar sus prestaciones y no ir al paro. De hecho, el Plan de Estabilidad recién remitido por el Ejecutivo a Bruselas elevaba ya a cuatro millones el número de empleados protegidos por este instrumento. “De ahí la necesidad de mantenerlo”. Es más, según cálculos de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), si no fuese por este mecanismo, la tasa de paro, hoy en el 14,4%, habría llegado al 34%. Pese a la importancia de los ERTE, su peso en España está siendo menor que en otras potencias europeas, en las que la cifra de acogidos se multiplica casi por cuatro, como es el caso de Francia.
Según los datos del Instituto Sindical Europeo (ETUI, por sus siglas en inglés), España está a la cola en el número de empleados afectados por estos mecanismos en comparación con las principales potencias. En Reino Unido ya son más de seis millones; en Italia unos 8,3; en Alemania llegan a los 10; y en Francia superan los 11 millones. El 47,8% de los trabajadores galos está protegido por este mecanismo; en Italia, la cifra llega al 46,6%; porcentaje que baja al 26,9% en Alemania. España tiene al 24,1% de sus trabajadores bajo el paraguas de los ERTE, cifra que baja cinco décimas en el Reino Unido.
Suiza, con 1,9 millones de personas acogidas a estos instrumentos, es el país europeo con mayor porcentaje de protección (casi el 50%). En Países Bajos y Bélgica, con 1,7 y 1,3 millones de afectados por ERTE, respectivamente, los porcentajes se sitúan en el 23,2% y el 31,5%. Portugal, uno de los países que más destacan por haber conseguido sortear los efectos de la crisis sanitaria y económica, tiene al 5% de sus trabajadores bajo estos planes, unos 200.000, aproximadamente.
Pese a que el objetivo de todos estos mecanismos es “mantener el empleo”, explica el director de coyuntura y análisis internacional de Funcas, Raymond Torres, su forma difiere entre unos países y otros. Donde mejor funciona, en opinión de Torres, es en Alemania, ya que “lleva muchísimos años existiendo”. Así, a través del Kurzarbeit, se instaura una modalidad de jornada reducida o de suspensión eventual en la que el Estado paga temporalmente algo más de dos tercios del salario. Como mínimo, es necesario que la empresa se acoja a una reducción de jornada del 10% para al menos el 30% de la plantilla, aunque esta reducción, como ha sucedido en esta crisis, puede ser total.
En Italia, continúa Torres, el sistema es diferente, porque funciona por horas. “Cada empresa establece su reducción y el Estado compensa esas horas no trabajadas, por lo que el cálculo es diferente”, dice. En caso de reducción total, el subsidio estatal también roza el 70%. En Francia, por su parte, los ERTE “funcionan como un paro parcial por fuerza mayor, por lo que la prestación sí contabiliza para el paro, al contrario de lo que ha hecho España”. Con todo, los trabajadores reciben un 84% de su salario a cuenta de las arcas públicas, hasta el límite de 4,5 veces la renta mínima.
Además del menor número de trabajadores acogidos, Funcas estima también una brecha temporal entre España y sus vecinos. “En Francia, como aquí, el mecanismo es independiente de la alarma, pero se prevé que dure hasta finales de año. También se prolongará más tiempo en Italia”.
La norma
El real decreto aprobado ayer mantiene los actuales beneficios para los afectados en materia de cobro de prestaciones y también las exenciones del pago de cotizaciones a las empresas. Si bien, se crea un nuevo tipo de ERTE por fuerza mayor parcial, que permite ir incorporando progresivamente a los empleados al ritmo de la desescalada. En estos casos se adecuan también las exoneraciones empresariales, que van desde el 85% al 30% dependiendo del mes o el tamaño de la empresa.
Además, la norma incluye nuevas exigencias a las empresas, como el impedimento de acogerse a las ayudas si la compañía tiene una sede en un paraíso fiscal o la prohibición de repartir dividendos, salvo que devuelva las exoneraciones de cotizaciones recibidas con recargo. Por el contrario, para lograr el apoyo patronal, el texto incluye también varios elementos que flexibilizan el compromiso que se exige a las empresas de mantener el empleo durante seis meses.
Estos elementos son: acortar este periodo, ya que los seis meses empiezan a contar desde el día en el que se incorpora el primer trabajador. En segundo lugar, se establecen varias excepciones que no contarán como aminoración de plantilla: es el caso del fin de contratos temporales para los que se termine su causa durante estos seis meses, las jubilaciones o fallecimientos. También se establece que podrán incumplir este compromiso de mantenimiento del empleo las empresas que demuestren que están en riesgo de concurso. Finalmente, el Gobierno ha accedido a levantar el 30 de junio la prohibición de hacer despidos objetivos justificados por el Covid-19.
Hasta fin de año
El líder del Partido Popular y de la oposición, Pablo Casado, reclamó ayer que los ERTE se amplíen hasta el 31 de diciembre, una petición que se enmarca en su plan “alternativo” a las políticas del Gobierno en el que trabaja su formación y en el que también se incluyen otro tipo de medidas relativas a la sanidad, a la reactivación económica y el ámbito de la justicia. Casado, tras enfatizar de nuevo en que no apoyará la petición de prórroga del estado de alarma que planteará el Gobierno de Pedro Sánchez, propuso que la Comisión para la Reconstrucción que comienza esta semana los trabajos acoja un pacto de Estado por la sanidad, bajo el nombre Pacto Cajal, para que el sistema de salud cuente con financiación suficiente y se trabaje por la centralización de la investigación.
