El Gobierno cumple 100 días marcados por una cuarentena que lo cambió todo
La pandemia lleva a la coalición a renunciar a su plan presupuestario y Economía prepara ya un nuevo cuadro macroeconómico que cifre la debacle
“El nuevo Gobierno tiene una singularidad que todos conocen: es el primer Gobierno de coalición de la historia de nuestra democracia. Tendrá que recorrer un camino nuevo”, dijo Pedro Sánchez el pasado 12 de enero, al anunciar la formación del nuevo Ejecutivo nacido del pacto entre PSOE y Unidas Podemos, ignorante aún de lo realmente inédita que iba a resultar, por otros motivos, la senda que el flamante Gabinete tenía por delante. La coalición ha cumplido esta semana al frente del Gobierno sus primeros 100 días, marcados en su recta final por una cuarentena sin precedentes, que se alargará más de lo que dicta su nombre, y que mantiene al país semiparalizado y con los españoles confinados en sus hogares ante la pandemia global del coronavirus Covid-19. Una emergencia sanitaria, que ha pasado también a serlo social y económica, que ha dado al traste con las previsiones y planes económicos de un Ejecutivo que arrancó el año gobernando un país muy distinto al actual.
El Gobierno, que nació dispuesto a gestionar una desaceleración del PIB y de la creación de empleo, encara ahora un histórico desplome vertical de la economía que le ha obligado a trastocar todos sus planes legislativos anulando, o en el mejor caso posponiendo, el grueso de sus propuestas.
Apenas 10 días después de su formación, el Gobierno lograba una foto clave, la del pacto con patronal y sindicatos para elevar el salario mínimo interprofesional de 900 a 950 euros, que presentó como un primer paso hacia el cumplimiento de su ambiciosa agenda social. Por el camino, el Ejecutivo acabó también con el despido ligado al absentismo pero su anunciada contrarreforma laboral cayó en el olvido con la propagación del virus.
Otro tanto ocurrió con el plan de control de precios del alquiler en zonas tensionadas, que no ha contado siquiera con el índice de precios por territorios que el Gobierno preveía publicar a finales de marzo, cuando el país estaba sumido ya en el estado de alarma. La creación de una oficina de protección del cliente bancario ha dejado también de ser una prioridad.
Tampoco ha progresado la reforma tributaria anunciada, que incluía subidas del IRPF para rentas altas o la fijación de un tipo mínimo de Sociedades para las grandes empresas. Aunque el Ejecutivo sostenía esta última semana en el Senado que sigue decidido a aprobar las llamadas tasas Google y Tobin, Hacienda ha renunciado a presentar un plan presupuestario para 2020 y todo se fía ya a unas cuentas para 2021 que permitan reconstruir el país. Sin embargo, el contenido de esos Presupuestos es totalmente incierto a falta de conocer aún la magnitud del impacto final que tendrá la pandemia, su coste sanitario, el importe de la factura social de sostener a los afectados, o si habrá siquiera consenso político que permita sacarlos adelante.
Lo que es seguro ya es que el virus dejará su marca en las cuentas públicas. De hecho, la Vicepresidencia de Asuntos Económicos trabaja ya en la elaboración de un nuevo cuadro macroeconómico, que deberá remitir a Bruselas el próximo 15 de mayo, que recoja el impacto del Covid-19 y actualice las caducas cifras del que presentó a inicios de año. Tras concluir 2019 con una rebaja del crecimiento del 2,5% al 2%, el Gobierno confiaba entonces en que el PIB avanzase un 1,6% este año y un 1,5% el próximo. Ahora, la previsión más extendida, coincidiendo con la del Fondo Monetario Internacional (FMI), es que la economía caiga un 8% en 2020. Retroceso que el Banco de España ampliaría al 13,6% si el confinamiento se alarga hasta mediados de junio.
Con una caída de los ingresos tributarios estatales de 40.000 millones de euros (-19%), según las estimaciones del Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), y un enorme incremento del gasto público en ciernes, el siguiente efecto será que el déficit público se dispare a los peores niveles de la crisis anterior. Eso tras cerrar 2019 con el primer alza en seis años, del 2,5% al 2,82% del PIB, según matizo Eurostat esta semana. Si el Gobierno arrancó el año proponiendo una senda de reducción del agujero fiscal al 1,8% en 2020 y el 1,5% en 2021, Mapfre Economics prevé ya un 6,4% en 2020, en el mejor de los casos, y el supervisor financiero habla de un 11% en el peor.
Semejante desajuste entre ingresos y gastos acabará elevando la deuda pública, que culminó 2019 en el 95,5% del PIB, al 113% que estima Funcas, o el 122% que teme el Banco de España.
Por su parte, tras bajar del 14% el año pasado, la tasa de paro amenaza con escalar al entorno del 20%, según la mayoría de analistas, pasando de 3,2 a 4,8 millones de parados, lo que supondría un aumento de más de 1,5 millones de desempleados en solo un año.
Bajo este panorama, una de las pocas iniciativas programáticas del Gobierno de coalición que sigue en pie es la creación de un ingreso mínimo vital como fórmula urgente para paliar la crisis, aunque con aspiración estructural, que se lanzaría en mayo.
Por el camino se ha desplegado una batería de medidas nunca vista, cuantificada ya en 134.000 millones de euros (ver despiece), que el Gobierno no podía imaginar cuando arrancó su mandato y que, dada la gravedad de la crisis que se abre, prometen no ser las últimas novedades de esta inesperada legislatura.
134.000 millones movilizados frente al Covid
Factura creciente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuantificó esta semana en 134.000 millones de euros el monto movilizado por el Gobierno desde el 12 marzo en respuesta a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que el paquete incluye tanto ayudas directas, como garantías públicas y moratorias que facilitan liquidez solo de forma temporal.
Avales. La mayor partida del paquete son los 100.000 millones de euros del plan de avales públicos del Instituto de Crédito Oficial para facilitar financiación a las empresas, si bien estas garantías no tienen coste público salvo en caso de que las firmas beneficiarias impaguen a la banca los créditos respaldados.
Aplazamientos. La segunda medida por importancia es el aplazamiento en el pago de impuestos por hasta seis meses –tres de ellos de carencia, sin coste en intereses– para pymes y autónomos, a fin de facilitarles liquidez por un monto máximo de 14.000 millones.
Resto. Los otros 20.000 millones incluyen el resto de medidas aprobadas, incluyendo fondos sanitarios, ayudas sociales y a la vivienda, o los 2.425 millones que se estima supone el último decreto que facilita al autónomo dejar de tributar por módulos, por ejemplo.
