Las Rentas Mínimas de Inserción que convivirán con el ingreso vital del Gobierno
La RMI oscila entre los 300 y los 644 euros en función de la región. Escrivá sostiene que su plan será compatible con los autonómicos
El Gobierno ultima una medida para ayudar a las personas más vulnerables y empobrecidas, las más afectadas por la ralentización de la economía tras el decreto del estado de alarma que busca atajar los contagios por coronavirus. Se trata de un ingreso mínimo vital dirigido a las unidades familiares, una medida estructural y permanente que complementará las prestaciones que ya ofrecen las comunidades autónomas, según aclaró hace unos días a El País el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. A la espera de que se apruebe, las familias que no tienen acceso a otras ayudas dependen de la última capa de la red de la Seguridad Social destinada a prevenir la pobreza: los sistemas de renta mínima de inserción (RMI) de las comunidades autónomas.
Se trata de un modelo descentralizado que no cuenta con ningún estándar nacional sobre qué asistencia mínima debe ofrecerse, por lo que hay grandes diferencias entre regiones. Desde los 300 euros de Melilla, pasando por los 400 de Madrid, la región con el PIB más alto de España, hasta los más de 610 de Navarra y los 644 del País Vasco, según los últimos datos oficiales, del ejercicio 2018.
Sin embargo, aunque los requisitos y las cuantías varíen entre regiones, en todas el proceso para acceder a la prestación es lento y complicado, circunstancias que ahora se han agravado debido a la crisis sanitaria. Tal y como lo expresó Philip Alson, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza en su última visita a España el pasado febrero, “el sistema de la RMI sugiere que, o bien está estructurado intencionalmente para excluir a las personas, o está extremadamente mal diseñado”.
Las familias que solicitan la RMI, los trabajadores sociales presentes durante todo el proceso y las plataformas ciudadanas hacen suyas las palabras de Alson. Denuncian que la cantidad de las prestaciones son bajas; los periodos de espera se alargan meses (hasta seis en Madrid o nueve en Andalucía); los requisitos punitivos de residencia impiden el acceso a las personas sin hogar; son incompatibles con trabajos temporales; dejan fuera a los menores de 25 años; y su carga burocrática puede ser una barrera insuperable para muchos.
Estas dificultades habrían empujado a ciertos colectivos a la economía sumergida para sobrevivir, una salida que también se ha complicado con la crisis. “La situación ha empeorado para quienes no tenían nada, ellos se buscaban la vida, y eso no se puede poner en ningún salvoconducto para poder moverse”, explica Hontanares Arranz Peña, profesional de los servicios sociales y portavoz de la asociación madrileña RMI Tu Derecho.
La Comunidad de Madrid, una de las regiones que impone más exigencias para acceder a la RMI y tiempos de espera más largos a las familias desde que son aceptadas hasta que comienzan a cobrar, podría servir para ilustrar. “La dificultad más sangrante y que ocurre en todas las regiones sin excepción es cómo acreditar la insuficiencia de ingresos. Se trata de demostrar que eres pobre de solemnidad”, explica Arranz. “El sistema está hecho para pillarte en una trampa, la Administración parte de la base de que engañas”, dice. Y pone un ejemplo, a los tres meses de enviar la documentación requerida, la Administración vuelve a solicitar los movimientos bancarios. “Durante esas semanas, la gente ya se ha buscado la vida para sobrevivir. Un familiar que ayuda a pagar el alquiler puntualmente, un compañero que presta dinero para pagar la compra… Esas ayudas puntuales hay que justificarlas de una manera muy específica y dejan fuera del sistema a mucha gente”, explica la trabajadora social.
Según cálculos de la asociación RMI Tu Derecho, hay unas 600 personas suspendidas cautelarmente en Madrid. Son ciudadanos a los que le han cancelado la renta hasta que acredite, de nuevo, que la necesita. “La suspensión cautelar ocurre, la mayoría de las veces, por un cambio de domicilio o por un contrato temporal que ya ha terminado. La Comunidad pide otra vez toda la documentación que ya tienen o que pueden consultar por sus propios medios. Y en ese proceso se pierden cosas: no llega el requerimiento, la familia no se entera... Y pueden pasar meses hasta recibir el ingreso de nuevo”, explica Arranz.
Estos problemas recorren cada región de norte a sur del país. Los últimos datos oficiales del Ministerio indican que, en 2018, las personas que recibieron la RMI fueron 293.302, frente a las 313.291 del año anterior, casi 20.000 menos. Pero, según denuncian trabajadores sociales, la razón por la que se conceden menos ayudas no es tanto que las condiciones de vida de las regiones hayan mejorado, sino que se ha caído del sistema mucha gente que necesita la renta por un procedimiento que tachan de injusto.
Si la situación ya era compleja, a los solicitantes de la RMI se unen los muchos trabajadores que se han quedado sin empleo a causa de los miles de ERTEs que las empresas han aplicado a sus empleados ante el Covid-19. “Las trabajadoras sociales ya notamos una avalancha de gente que está solicitando ayuda a los servicios sociales, personas candidatas a la renta mínima que no se ha visto nunca en una situación parecida”, explica Arranz. Llegan a un sistema que, según el relator de la ONU, “es un fracaso abyecto en algunas comunidades autónomas”.
La RMI de los más pobres
Andalucía. Es la región que más perceptores de la RMI perdió entre 2017 y 2018, más de 11.000 personas dejaron de recibirla. La comunidad, con una de las rentas mínimas más bajas (menos de 420 euros), tiene una de las tasas de exclusión social más altas de España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyo criterio mide el riesgo de pobreza, las carencias de las familias y el número de hogares sin empleo. Las trabajadoras sociales y las familias receptoras de la ayuda no solo denuncian la baja cuantía de la prestación, sino que de las 80.0000 solicitudes que se presentaron en 2018, solo se concedieron unas 18.000. El problema, dicen, es “la carrera de obstáculos” para acceder a la RMI.
Extremadura. Es una de las regiones más pobres de España con el 44.6% de su población en riesgo de pobreza, según el INE. Aquí la RMI aumentó 100 euros en abril del año pasado, hasta los 530. Colectivos y profesionales de los servicios sociales denuncian lo que sus compañeros en otras regiones: muchas familias dependen de la economía sumergida para no tener que elegir entre pagar el alquiler o comer. Es el caso de Carlos, camarero en Mérida de 50 años. Contaba con la Semana Santa y la temporada de bodas, bautizos y comuniones para poder pasarle la pensión a su ex mujer y sus dos hijos, pagar los gastos de su vivienda y comprar comida. “Mi situación es crítica, fatal. Antes me llamaban para hacer trabajos, desde el coronavirus no entra ningún ingreso”. Su solicitud de RMI ha sido aceptada pero lleva dos meses a la espera de cobrarla.