El Congreso avala la prórroga del estado de alarma, pero modificará los decretos económicos
El presidente citó a los grupos la próxima semana para negociar Pedro Sánchez prevé una nueva prórroga dentro de dos semanas
El Congreso de los Diputados arrancó este jueves la tercera sesión plenaria en un mes, con el hemiciclo prácticamente vacío y el voto telemático generalizado. De 350 diputados, fueron 43 los que se saltaron la cuarentena para asistir a la Cámara Baja. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, abrió la sesión y dio paso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defendió la solicitud de la prórroga del estado de alarma.
Tras un largo debate, el Pleno del Congreso respaldó la prórroga por 15 días, hasta el próximo 26 de abril, para hacer frente a la pandemia del coronavirus, pero con menos apoyo que la vez anterior: Esquerra Republicana (ERC), Junts per Catalunya y EH Bildu se mantuvieron en la abstención, pero Vox y la CUP se pasaron al voto en contra.
Impacto económico
Pedro Sánchez, en su intervención, apuntó que la epidemia empieza a estar bajo control y que se comienza a “doblegar la curva” para lo que se está preparando un plan de desescalada, aunque en una respuesta al portavoz de EH Bildu, el presidente dijo “estar convencido” de que el estado de alarma se tendrá que volver a prorrogar porque dentro de dos semanas "no habremos puesto fin a la pandemia".
Asimismo, cuantificó en 128.288 millones de euros el impacto económico de todas las medidas adoptadas ante la emergencia provocada por la expansión del virus Covid-19. De todas ellas, 119.000 millones de euros se dirigen a medidas económicas, 4.600 millones a cuestiones sanitarias, 3.400 millones a medidas laborales y más de 1.100 millones a medidas de carácter social. Sánchez aseguró que se trata de "la mayor movilización de recursos públicos de la historia democrática".
Por otro lado, Sánchez convocó a todos los partidos a una reunión la semana que viene para evaluar la posibilidad de conformar un gran acuerdo de país como el de los Pactos de la Moncloa de 1977, que permita hacer frente a la crisis económica y social que llegará como consecuencia del coronavirus.
“Integraremos a los agentes sociales y a las fuerzas políticas que estén dispuestas a arrimar el hombro. Llamo a todos a los pactos”, anunció. Aunque su propuesta no tuvo una gran acogida entre los principales partidos de la oposición que afirmaron que no tenían intenciones de sumarse, aunque todavía no han dado su última palabra.
"Difícilmente puede aspirar a reescribir la Transición quien no negocia un decreto", ha dicho el líder del PP, Pablo Casado, quien también ha acusado a Sánchez de dar un "portazo" a cualquier acuerdo al permitir los "insultos" y las "difamaciones" de los socialistas contra su partido.
Tres decretos sujetos a cambios
El Pleno del Congreso convalidó los tres reales decretos económicos y también aprobó tramitarlos como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia para posibilitar la introducción de cambios en la Cámara Baja, a petición de varios grupos parlamentarios.
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defendió el real decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, como moratorias en el pago del alquiler, de la cuota hipotecaria, de las cotizaciones sociales de autónomos y empresas o nuevos subsidios destinados a las empleadas del hogar y los trabajadores temporales.
El "amplio abanico" de medidas y ayudas tiene la finalidad de "capear lo mejor posible la crisis", según la ministra, que reconoció el "impacto y el coste" que esta crisis sanitaria está teniendo en materia económica y social. Asimismo, aseguró que se trata de un "impacto exponencial", esto es, "cuanto más tiempo estén en vigor las medidas de contención y de restricción de movimientos y actividad para contener la pandemia, mayor será su impacto económico y social".
Este decreto, de medio centenar de medidas, no convenció a muchos grupos parlamentarios, que se inclinaron por la abstención. El diputado del Grupo Popular, Mario Garcés, señaló que el decreto es insuficiente para los autónomos y da 15 millones de euros a operadores de comunicación. Vox alegó lo mismo, mientras que ERC, Junts per Catalunya (JxC) y PNV señalaron que puede invadir competencias.
Por otra parte, el decreto que fija medidas complementarias en el ámbito laboral, que incluye la restricción del despido o clarificaciones con respecto a los ERTE, se debatió conjuntamente con el que regula el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales.
Los defendió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en cuya intervención apuntó que “no tiene sentido percibir ayudas y destruir empleo”, alegando que no es momento de despedir y que “el Estado hará todo lo que esté en su mano para ayudar a que empresas y trabajadores aguanten”. Asimismo, señaló que los ERTE se deben utilizar con “rigor” e indicó que se registraron 450.000 en las comunidades autónomas.
El PP ya anunció su intención de votar en contra de estos dos últimos y solicitar sus tramitaciones como proyectos de ley buscando su modificación.
