ANÁLISIS

Permisos retribuidos recuperables, un reparto de sacrificios

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Un trabajador en una fábrica, en una imagen de archivo.

La ampliación del confinamiento y, con la misma, la paralización de la actividad económica decidida por el Gobierno provoca el cese del trabajo durante este período. La fórmula para ello es la de los permisos “retribuidos recuperables”, que se parece bastante a lo hecho en Dinamarca con una reducción de las vacaciones laborales, si bien a través de una técnica parcialmente diversa. Tiene en común que se fija un reparto de sacrificios: los trabajadores tienen que realizar la misma jornada anual, mientras que las empresas tienen que adelantar la retribución de ese tiempo que se realizará más tarde, sin la seguridad para las empresas de recuperar esas horas pues puede que la demanda no se recupere posteriormente.

En todo caso, es fácil intuir que ello muestra que las arcas públicas se encuentran ya al límite, que no resulta factible incrementar el número de ERTE para estas empresas en servicios no esenciales que ahora tienen que parar. Paradójicamente, aunque este sistema de permisos no existe en nuestro sistema vigente, tampoco es novedoso, pues con ello se viene a rescatar lo que un Reglamento de principios de los años ochenta regulaba como horas retribuidas perdidas por fuerza mayor que había que recuperar. Se trata, pues, de un mecanismo no desconocido para los laboralistas, plenamente lícita su introducción y comprensible en su funcionamiento práctico, más allá de las incertidumbres aplicativas que siempre tiene recuperar algo desaparecido.

El sistema es ágil en su puesta en práctica, en la medida en que se pone en marcha automáticamente desde el primer día, sin necesidad de someterse a procedimiento previo administrativo o sindical: no se trabaja esos días, pero la nómina del mes se abona íntegra como si se hubiese trabajado. Igualmente, es flexible en cuanto a su recuperación, pues se deja abierta a las singularidades de cada empresa, ahora sí, con la intervención en el modo de hacerlo por parte de los representantes de los trabajadores. Sería importante que la flexibilidad permita incluso que se decida que la recuperación se concentre en el período previsto de vacaciones, con lo cual sería posible acoger el modelo danés.

 

A muchas empresas el sistema, por mucho que se mantenga la equivalencia trabajo/costes, les va a provocar importantes dificultades, aunque no hay más remedio que hacerlo así porque es inviable ampliar hasta el infinito los ERTE. De un lado, si la demanda posterior no permite dar ocupación efectiva a los trabajadores para recuperar las horas no trabajadas, ello no puede suponer que los trabajadores deban devolver lo recibido por anticipado, pues se califican de permisos “retribuidos” y, por tanto, las empresas pueden sufrir los correspondientes efectos negativos. De otro lado, las empresas tienen que adelantar salarios sin haber producido y, por tanto, sin poder vender. Ello inexorablemente tiene que llevar a abrir canales adicionales de liquidez a las empresas para afrontar estos costes anticipados; de ahí, la enorme trascendencia de que los países europeos adopten políticas de mayor solidaridad con los más afectados sanitaria y económicamente por el coronavirus.

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Jesús Cruz Villalón es catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla