El Gobierno prepara un pacto, unir desaladoras y una Ley de Costas dura
Teresa Ribera se ha comprometido a tener listo un plan nacional en 2021
Los recursos hídricos son una de las puntas de lanza de cualquier Gobierno en España. En el actual Ejecutivo, el agua forma parte de las labores de la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico, desde la cual ya han lanzado algunas ideas sobre lo que se quiere hacer.
El gran compromiso de la titular del ministerio, Teresa Ribera, es alcanzar un Pacto Nacional del Agua. A tal fin, el Ministerio de Transición Ecológica lleva más de un año coordinándose con las confederaciones hidrográficas de las comunidades autónomas, “lo que nos ha permitido construir un diagnóstico de situación integrado sobre la política del agua en nuestro país” afirman fuentes de este departamento. Ello ha llevado a una planificación hidrológica, aseguran, cuyo proceso de aportaciones públicas se prolongará a lo largo de seis meses y que conducirá a sentar las bases de la gestión a partir de 2021.
Entre las tareas claves de Teresa Ribera se encuentra la política de trasvases de las aguas entre cuencas hidrográficas, caballo de batalla para comunidades autónomas y para regantes. Pero en el departamento de Ribera es una de las cuestiones que tienen más claras: “Cuando sea necesario apoyar la demanda de puntos concretos con transferencia de agua, se hará, pero el objetivo que se persigue es que cada región sea lo más autosuficiente posible en términos de agua, manteniendo y mejorando la calidad de vida de su población”. Esta autosuficiencia se basa, según el ministerio, en considerar fuentes convencionales la reutilización y la desalación.
“Para ello, es fundamental avanzar en la interconexión de las desaladoras”, en lo que ya está trabajando el Gobierno. De este modo, aseguran las mismas fuentes, el objetivo básico es optimizar los recursos generados en las distintas desaladoras, “a fin de que se puedan distribuir en las zonas regables independientemente de la procedencia del recurso”.
Las cifras
2021 es el año en que entrará en vigencia el Pacto Nacional del Agua que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez.
33 millones de euros ha pagado España en multas a la UE por la mala depuración de sus aguas.
75 años de moratoria concede la Ley de Costas a las edificaciones construidas a lo largo del litoral.
En la actualidad se han licitado y se están ejecutando proyectos de interconexión de las plantas gestionadas por la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) con la infraestructura del postrasvase Tajo-Segura. “Se trata de crear una malla de conexiones sirviéndonos de los canales ya existentes y conectando allí donde sea necesario para que el agua desalada llegue adonde se necesite, más si cabe en aquellas zonas donde los acuíferos están sobreexplotados”, señalan en el ministerio dirigido por Ribera.
Ley de Costas
Uno de los aspectos esenciales en la gestión del Gobierno se refiere a la franja litoral, muy castigada en los últimos meses por diversos temporales y cuya protección también está ligada a luchar contra el cambio climático, la gestión integrada de los recursos hídricos o la aportación de sedimentos.
La ministra Teresa Ribera ha explicado en varias ocasiones, entre las que destaca su intervención en sesión parlamentaria, que “durante años se ha producido cierta dejadez en la aplicación de la Ley de Costas de 1988”, por la que se quiso marcar el dominio público marítimo-terrestre. La modificación de esta norma en 2013 (por la cual se concede una moratoria de 75 años a construcciones al borde de la costa que debían pasar al Estado y ser demolidas) “fue una gran irresponsabilidad, pero, hoy en día, existe una mayor sensibilidad en la sociedad española y ello resulta decisivo para acometer determinadas reformas que no pueden esperar más”, dijo en febrero la ministra en el Congreso.
El departamento de Ribera quiere presentar, antes de 2021, una Estrategia para la Protección de la Costa Española, “que marque los planes de protección de cada tramo de costa, priorizando aquellos más afectados por el proceso erosivo y que contemplará las medidas de gestión y las inversiones necesarias”. Se acometerá, además, una actualización de los deslindes y “se mejorará la gestión de las solicitudes de ocupación de la franja litoral”, declaran en el ministerio.
En definitiva, se trataría de adaptar la Ley de Costas a los impactos del cambio climático, que tanto se están dejando notar en las costas españolas.
Un proyecto ambicioso para depurar
La depuración y el tratamiento de las aguas es uno de los asuntos más duros con el que tiene que lidiar cualquier Administración pública. Hay que recordar que el Gobierno actual debe hacer frente a una condena al Reino de España que dictó la Comisión Europea en febrero de 2018 y por la que el Estado ha tenido que abonar casi 33 millones de euros de multa a principios de este año. Se trata de la mayor sanción pagada por España hasta la fecha. En el Ministerio de Transición Ecológica están redactando el Plan de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR) para concretar las medidas de los planes hidrológicos de tercer ciclo y establecer criterios generales (económicos, sociales y ambientales) para su viabilidad. Entre otras cosas, se centrará en “el aprovechamiento del potencial de tratamiento de las aguas residuales, eficiencia energética y generación de energía”, señalan fuentes ministeriales. Se prevé que el DSEAR esté redactado el próximo verano y que se someta a información pública durante el segundo semestre de este año. Asimismo, en los planes hidrológicos españoles se contemplan hasta 3.500 medidas de saneamiento y depuración, con una inversión de unos 10.000 millones de euros en los próximos 18 años, a repartir entre las Administraciones central, autonómicas y locales. Los fondos comunitarios permiten más de 80 actuaciones.
