Escrivá quiere endurecer la jubilación anticipada y mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones de empresa

Quiere tener lista la reforma de la Seguridad Social a fin de año y que incluya un “marco estable” para revalorizar las prestaciones

El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá
El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá EFE

El Gobierno ya tiene claras algunas de las cosas que quiere hacer con las pensiones antes incluso de que empiece a reunirse la Comisión del Pacto de Toledo. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere utilizar “tres palancas” para sanear el sistema: endurecer las jubilaciones anticipadas voluntarias, incentivar el retraso de la jubilación, y fomentar, a través de una fiscalidad más atractiva, los planes colectivos de pensiones que se suscriben en el seno de las empresas.

Escrivá, que compareció este jueves en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, explicó que la próxima reforma de las pensiones tiene que acabar con la “profunda desafección” de trabajadores hacia el sistema de pensiones, que “en muchos casos les lleva a tomar decisiones erróneas ante la incertidumbre del futuro del sistema”.

Una de estas decisiones, que según Escrivá estaría aumentando más de lo esperado y dañando los ingresos del sistema, se materializa en el fuerte aumento de las jubilaciones anticipadas voluntarias (que se permiten dos años antes de la edad legal de retiro en cada momento), que han crecido un 66% en seis años y ya representan el 16% de todos los que se retiraron en 2019. Según el análisis que hacen en Seguridad Social, la penalización de la pensión de hasta el 8% por año antes de que se jubile el trabajador de forma voluntaria, no se estaría aplicando “de facto”, sobre todo en los trabajadores con pensiones más altas, por lo que barajan un rediseño de estos coeficientes penalizadores que endurezca este tipo de retiro.

Junto a esta “revisión de la fórmula de jubilación anticipada”, Escrivá citó una segunda palanca –incluida en la recomendación 12 del borrador de acuerdo alcanzado por el Pacto de Toledo en la legislatura pasada– consistente en aumentar los incentivos a que los trabajadores sigan en activo más allá de la edad de retiro.

Según el ministro, ya existen fórmulas para prorrogar la vida laboral, como es el caso de la jubilación demorada –que añade un porcentaje adicional por cada año cotizado por encima de la edad legal de jubilación de entre el 2% y el 4% en función de la carrera de cotización–, o la jubilación activa. Si bien se trata de modalidades que tienen “muy poca aplicación práctica y ninguna evaluación”. Por ello, el Ministerio pretende analizar su baja efectividad y hacer campañas públicas para la difusión de los futuros incentivos.

Con estas dos iniciativas, Escrivá pretende aproximar la edad real de jubilación actual (64 años y 5 meses) a la legal (65 años y 10 meses y progresivamente 67 años desde 2027). “Esta es una palanca potentísisma”, dijo Escrivá, porque por cada año que sube la jubilación real “se soluciona un 25% del problema”, precisó en referencia al futuro incremento del gasto en pensiones por la llegada masiva a la jubilación de los nacidos en el baby boom, desde mediados de esta década.

Seguridad Social: los incentivos a planes individuales son “caros” y “regresivos”

La tercera palanca tiene que ver con el fomento de los planes de pensiones privados de carácter colectivo en el seno de las empresas (denominados en el sector planes de empleo). En este punto, Escrivá defendió el modelo de planes de empleo del País Vasco, “que arroja niveles de pensiones complementarias interesantes, sobre todo para las rentas medias y bajas, que son las que más lo necesitan”.

Para incentivar estas pensiones complementarias, “el Gobierno está dispuesto a ir desplazando la actual fiscalidad positiva de los planes de pensiones individuales hacia los planes de empresa”. El ministro no avanzó detalles, pero sí dijo que este cambio lo diseñará el Ministerio de Hacienda, que usará la evaluación de estos incentivos fiscales elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Para Escrivá los incentivos fiscales de los planes individuales son “regresivos”: los declarantes de IRPF con rentas superiores a 60.000 euros (el 3,9% del total) se benefician del 41% de dichas ayudas, indicaron los técnicos de Hacienda (Gestha).

Además, sugirió que dichos incentivos se usan para hacer ingeniería fiscal y recordó que los planes individuales, además de ser “muy caros”, rentan alrededor del 2,5% frente al 4% de los planes de empresa, cuando el coste de las comisiones de gestión es mucho más bajo en estos últimos (0,3%) que en los individuales (1,3%).

Y reiteró el ejemplo de las pensiones colectivas del País Vasco –que afectan al 50% de los empleados frente al 10% en el resto de España– a través de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV). Están vinculadas a los convenios colectivos sectoriales; el trabajador aporta el 1% de su salario y la empresa otro 1%, al plan de pensiones contratado por la compañía y se aplican entonces los beneficios fiscales.

Plazos de la reforma y vinculación al IPC

Este año. La intención de Escrivá es que el Pacto de Toledo cierre en pocos meses un acuerdo de recomendaciones, si parten, como pretende el Gobierno, del borrador ya alcanzado en la anterior legislatura. De esta forma el Ejecutivo podría tener una reforma legislativa que llevar al parlamento al final del próximo periodo de sesiones, esto es, a final de este mismo año.

Poder de compra. Dentro de este paquete legislativo, Escrivá priorizó el establecimiento de un “marco estable” de revalorización de las pensiones que garantice el poder adquisitivo de los pensionistas, vinculándolo al IPC. Si bien fuentes de la Seguridad Social precisaron que esta garantía del poder de compra de los pensionistas podría ser “año a año o no”. Esto dejaría la puerta abierta a que en periodos de crisis, si la inflación se disparara, la revalorización no se actualizaría estrictamente con el IPC del ejercicio, pero incluiría el compromiso de que esa menor actualización se compensaría después, en un periodo de tiempo que se determine. De esta forma, el mantenimiento del poder de compra se produciría en un periodo superior al año.

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