Bruselas reprocha a España la falta de avances en pensiones e impuestos

La Comisión cree que el elevado nivel de deuda pública hace vulnerable a la economía española y aconseja a Sánchez mantener partes de la reforma laboral

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La Comisión Europea dio este miércoles varios tirones de orejas a España en materia económica. El primer y reiterado reproche tiene que ver con el elevado nivel de deuda pública que equivale actualmente al 96% del PIB, lo que otorga a la economía española un alto grado de “vulnerabilidad”. Pero, el Ejecutivo comunitario también ha criticado la total ausencia de avances en materia de pensiones y tributaria, que la Comisión recomendó hacer a España en mayo pasado.

Así lo recoge el último informe emitido este miércoles por Bruselas para evaluar los desajustes de las economías comunitarias y los avances realizados en las reformas encomendadas a los Estados miembros de la Unión Europea. En concreto, respecto a este último punto resaltan que “no ha habido ningún progreso” en la adopción de medidas para fortalecer el sistema fiscal”, ni para hacer sostenible el sistema de pensiones. De hecho, Bruselas critica que el Gobierno haya acabado con el factor de revalorización y haya suspendido el de sostenibilidad, al tiempo que ha actualizado las prestaciones con el IPC, “acelerando el crecimiento del gasto en pensiones”.

La actual situación del mercado laboral español, “con una tasa de paro aún muy elevada y gran dependencia del empleo temporal, con contratos de muy corta duración, incluso en sectores poco estacionales como la industria, la educación o la sanidad” es uno de los principales puntos negros de su economía, según este informe. Si bien, en Bruselas reconocen que la tasa de conversión de contratos temporales en fijos al cabo de un año en el empleo ha mejorado, pasando del 14,6% en 2017 al 17,4% en 2018.

En materia laboral, consideran que “el empleo a tiempo parcial involuntario y los falsos autónomos que trabajan en las plataformas digitales son otros elementos de preocupación”.

Si bien dicho esto, y ante los anuncios del Gobierno de desmontar la reforma laboral de 2012, abordar la contratación y el coste del despido y hacer que los autónomos coticen por sus ingresos reales, la Comisión aconseja a Pedro Sánchez que “será importante que toda nueva medida sólo se adopte tras una cuidadosa evaluación de su posible impacto y que se preserven los logros de las reformas anteriores”.

Es más, la Comisión defiende que la reforma laboral de 2012 “ha desempeñado un papel importante en la promoción de la recuperación económica basada en una elevada creación de empleo”.

Este documento también es escéptico respecto a la reciente subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros al mes, al señalar que “todavía no hay pruebas suficientes para evaluar qué parte de esa desaceleración del empleo iniciada en 2019 se debe al aumento del salario mínimo”. Añaden que los datos de la Seguridad Social “sugieren algún impacto en grupos, regiones o sectores específicos pero aún se necesitan más datos para realizar una evaluación en profundidad”. Y añade que solo tres Estados miembros tienen salarios mínimos mayores que el español, “pero tienen tasas de paro mucho más bajas”.

Precisamente este miércoles un informe de la multinacional Adecco recordaba que en el cuarto trimestre de 2019 el salario medio en España se situó en 1.695 euros, tras crecer un 2,2% interanual. Este es el mayor incremento desde marzo de 2010 y marca un nuevo máximo histórico, informa Ixone Arana.

En cuanto a la recaudación tributaria, Bruselas también echa de menos mayores avances. El informe pone de manifiesto que la presión fiscal en España asciende al 34,7% del PIB, con datos de 2018. Se trata de un porcentaje inferior a los promedios de la UE y de la zona del euro, que son del 39,2% y el 40,6%, respectivamente.

Concretamente, en la Comisión ven margen para una mayor recaudación por IVA, sacando artículos gravados con tipos reducidos y superreducidos al tipo general. Asimismo, apuntan que también ha recorrido para aumentar los impuestos verdes, cuya recaudación era del 1,8% del PIB en 2018, comparado con el promedio de la UE de cerca del 2,4%. Y ponen de manifiesto que el presupuesto en I+D, “aunque es generoso, está produciendo resultados relativamente limitados”.

En resumen, la Comisión recuerda que España está junto a Alemania, Irlanda, Holanda, Francia, Croacia, Portugal, Rumanía y Suecia entre los países que “siguen experimentando desequilibrios” en sus economías. Si bien dichos desequilibrios no llegan a la gravedad de los que experimentan Italia y Chipre. Mientras que Bulgaria ya ha superado esta situación de desequilibrio macroeconómico.

Fondos verdes a ocho provincias españolas

Transición justa. Por primera vez, este tipo de informes de la Comisión Europea también evalúan los avances de los Estados miembros en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y destacan las políticas macroeconómicas y de empleo que pueden ayudar a alcanzarlos. También analizan los retos y oportunidades para cada país derivados de la transición climática y energética. En la misma línea, señalaron las prioridades para el apoyo del Fondo de Transición Justa. En este punto, el Ejecutivo comunitario propuso este miércoles que Asturias, León, Palencia, Coruña, Teruel, Cádiz, Córdoba y Almería puedan beneficiarse de las ayudas del nuevo Fondo de Transición Justa de la Unión Europea (UE), destinado a apoyar a aquellas regiones comunitarias más afectadas en términos de empleo por la transición ecológica. Este mecanismo contará con 7.500 millones de euros del presupuesto comunitario para los próximos siete años. De esta cantidad, a España sel corresponderían 307,4 millones, el 4% del total.

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