Trabajo pide la "subsanación" de parte del convenio de Endesa arbitrado por Pimentel
El ministerio devuelve el acuerdo, impugnado por CC OO, para que precise la derogación de los beneficios sociales del personal
La Subdirección General de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Economía Social ha devuelto el V Convenio Colectivo de Endesa para la subsanación de parte de su contenido a la comisión negociadora del citado convenio compuesta por la propia empresa y los sindicatos UGT, CC OO, SIE (Sindicato Independiente de la Energía) y CIG (Confederación Intersindical Galega). El convenio, atascado desde 2017, se sometió, con el apoyo de UGT y la oposición del resto de organizaciones sindicales, al arbitraje del exministro de Trabajo Manuel Pimentel, quien dictó un laudo, “salomónico”, según lo calificó la compañía, el pasado 22 de enero.
El convenio así pactado, cuya medida más controvertida es la eliminación de la antigua tarifa para empleados y jubilados (casi 30.000 personas) y una serie de beneficios sociales históricos, fue impugnado por CC OO, SIE y CIG ante el ministerio que dirige la política de Podemos Yolanda Díaz. Estos pidieron a Trabajo que no registrara ni publicara el convenio en el BOE, por entender que el laudo de Pimentel “resuelve puntos y materias no sometidas a arbitraje” y que “incurría en indicios de ilegalidad”.
Entre otros, el laudo estableció la “derogación” de disposiciones referidas a beneficios y atenciones sociales en los “convenios de origen” que regulaban esa materia, así como su desarrollo posterior. La tarifa del empleado y el límite de consumo se recortó de forma considerable (desde un máximo de 30.000 kWh de consumo a 6.000 kWh, ahora, y sin término de potencia), lo que se sumó al recorte en ayudas de estudios (para trabajadores activos) o por hijos minusválidos. Precisamente, es este uno de los puntos de subsanación que impone el ministerio.
Concretamente, en la resolución, a la que ha tenido acceso CincoDías, pide revisar dos disposiciones del convenio (la derogatoria primera y la transitoria segunda) por las que se derogan “en su integridad” las disposiciones de “convenios de origen, referidos a beneficios sociales, atenciones sociales o cualquier otra denominación que pudiera recogerse (..) sobre esta materia, así como cualquier tipo de pacto, acuerdo, decisiones unilaterales colectivas o individuales, o usos y costumbres que los pudieran haber desarrollado” y se establece que serán sustituidas por lo que dicte el nuevo convenio.
Trabajo entiende que estas disposiciones entran “en contradicción” con los convenios de origen de Endesa que establecen que dichos convenios “mantendrán su vigencia ad personam” (a título personal) para la plantilla acogida al convenio marco de octubre de 2000, “todo ello sin perjuicio de la regulación que convenios colectivos posteriores pudieran establecer”.
A su vez, según el departamento que dirige Yolanda Díaz, el nuevo convenio contradice o deroga “el acuerdo marco de garantías para Endesa y sus filiales eléctricas”, que considera vigente. También el acuerdo colectivo marco 2019- 2024 que fija que “la empresa continuará abonando a los trabajadores “con suspensión de contrato” los beneficios sociales y las aportaciones al plan de pensiones”.
El ministerio recuerda que este acuerdo “se está tramitando en esta Dirección General de Trabajo al mismo tiempo que el Convenio que aquí nos ocupa” y que ambos se firmaron el 22 de enero de 2020, el mismo día que se firmó el V Convenio. En este sentido, pide a la comisión negociadora del convenio que “explique estas contradicciones”. La subsanación que exige Trabajo hace referencia, asimismo, a otras cuestiones como revisiones salariales, jornadas o permisos retribuidos.
Una portavoz de Trabajo afirmó ayer que el ministerio ha registrado ya el convenio de Endesa y que transcurrido el plazo para la subsanación requerida, de 10 días, será inscrito o publicado en el BOE. Esto será así, aunque las partes no realicen las citadas subsanaciones. El ministerio "no tumba convenios", añadió.
Sin embargo, el RD 713/2010 que regula la solicitud de inscripciones, deja claro que "si presentada la solicitud, se comprobara que la misma no reúne los requisitos exigidos por la normativa vigente, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos". Y si no lo hiciera, "se le tendrá por desistido de su petición". Además, la autoridad laboral solo podrá ordenar su registro, depósito y publicación en el BOE una vez que compruebe "que no vulnera la legalidad vigente ni lesiona gravemente el interés de terceros". Por tanto, el convenio no esta registrado y el propio ministerio podría impugnar el convenio en los tribunales.
Un portavoz de Endesa, por su parte, señala que las "aclaraciones" solicitadas por el ministerio en relación a la coherencia entre las disposiciones derogatorias del Convenio y la disposición transitoria sobre el mantenimiento ad personam de los derechos de los convenio de origen, "se explica en que no se deroga la totalidad de los convenios de origen, sólo la parte de los beneficios sociales, manteniéndose vigente, para el personal con derecho a ello, el resto de las disposiciones de los convenios de origen". Siguen vigentes, según Endesa, cuestiones menores como la regulación de turnos, permisos de fidelidad o vinculación, licencias vacacionaels y todo aquello que no esté expresamente derogado en el nuevo convenio.
Los sindicatos opuestos al convenio, contaban con dos vías de impugnación: la de la autoridad laboral a la que habían recurrido y que se pronunció ayer y da 10 días para las correcciones solicitadas (aunque Trabajo podría impugnar ante la Audiencia Nacional pero que no tiene ningún interés en hacerlo) y ante la propia Audiencia. En este último caso, tienen de plazo todo el periodo de vigencia del convenio, hasta 2023.
Por su parte, los sindicatos, la Asociación de Jubilados de Endesa y trabajadores a título individual presentaron ayer un recurso ante este tribunal contra el laudo de Pimentel, que podría tener vigencia al margen del propio convenio. Los denunciantes insisten en que hay materias “no arbitrables". En 2017, Endesa dejó sin efecto el anterior convenio y retiró la bonificación de la tarifa a sus jubilados y provisionó 700 millones a la espera de la resolución del conflicto.
Todos los sindicatos, menos UGT, mantienen un recurso contra esta decisión ante el Tribunal Supremo, tras perder en primera instancia, en la Audiencia Nacional.
La justicia italiana obligó a Enel a compensar a sus empleados
Los beneficios sociales de la plantilla de Endesa, especialmente, el de la tarifa del empleado, se remontan a los acuerdos sindicales firmados cuando entre 1999 y 2000 el grupo terminó el proceso de integración de una decena de compañías eléctricas repartidas por toda España cuyos trabajadores disfrutaban de sus particulares derechos laborales. A cambio de facilitar la movilidad de las distintas plantillas, Endesa ofreció respetar los beneficios de “los convenios de origen”, lo que se plasmó en un convenio marco.
En términos generales, activos y jubilados acogidos a esos convenios, recibían en especie 30.000 kWh para dos viviendas, más el término de potencia. Ya en el primer convenio como Grupo y para los empleados incorporados posteriormente, la tarifa se redujo a 15.000 kWh. Tras el laudo de Manuel Pimentel, apoyado por UGT, que desbloqueó el V Convenio Colectivo de la empresa el consumo bonificado se ha reducido a 6.000 kWh, sin término de potencia y con límites en horas valle y punta.
Los trabajadores de Endesa denuncian que la provisión de 700 millones por los beneficios sociales que se les ha “hurtado” irán a las arcas de Enel en forma de dividendo. La matriz ya eliminó las tarifas de empleados en Italia, si bien, tres tribunales locales le obligaron en distintas sentencias a compensar a los afectados: empleados, jubilados y viudas. Además, critican que en pleno conflicto, Endesa haya prouesto incrementar un 33% la retribución de su consejo de administración.
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