Una gestión del coronavirus serena, eficaz y en diálogo con las empresas
La guía práctica de Trabajo destila buena intención, pero evidencia una preocupante dosis de precipitación, imprecisiones y alarmismo
La propagación del coronavirus de Wuhan más allá de las fronteras de China y su irrupción en el resto del mundo ha convertido un foco puntual de riesgo epidémico en una pandemia de potencial global. Las autoridades de todos los países están adoptando medidas de contención y de gestión de una crisis cuyos numerosos interrogantes obligan a revisar constantemente los protocolos. En ese marco de instrucciones sanitarias y de medidas de protección civil dictadas, corregidas y actualizadas casi en tiempo real, el Ministerio de Trabajo publicó ayer una guía práctica para explicar cómo deben actuar las empresas y los trabajadores ante una situación de riesgo “grave e inminente” relacionada con el virus. El texto, que se remite a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, señala el deber de los empresarios de adoptar medidas de protección adecuadas –que pueden llegar incluso a la suspensión de la actividad– ante un riesgo “grave e inminente” de contagio, así como el derecho de los trabajadores, bien de forma individual o bien por decisión mayoritaria y a través de sus delegados de prevención, de abandonar la empresa por considerar que existe un peligro serio para su salud, y hacerlo sin sufrir consecuencias disciplinarias, salvo que adopten la decisión de mala fe.
El tono general de la guía elaborada por Trabajo destila buena intención, pero evidencia una preocupante dosis de precipitación, imprecisiones y alarmismo. Aunque el texto señala que la interpretación de “riesgo grave e inminente” a efectos del coronavirus debe ser restrictiva, el hecho de remitirse al artículo 21 de la LPRL, que regula el derecho individual de resistencia del trabajador ante un escenario de riesgo grave e inminente para su salud –un artículo que la jurisprudencia ha aplicado a situaciones como la de tener que trabajar con elementos metálicos bajo cables de alta tensión– deja en manos del trabajador una decisión de salud pública en el marco de una emergencia sanitaria cuyas dimensiones todavía no están determinadas y no ayuda a una gestión laboral serena, responsable y objetiva de la crisis. Tampoco el hecho de que la guía remita a la legislación de riesgos laborales para gestionar un brote infeccioso que hasta el momento las autoridades públicas han definido como enfermedad común –y no laboral– contribuye a clarificar quién debe hacerse cargo del coste de estas bajas médicas.
Buena parte de las dudas generadas por la guía se explican por haber sido redactada por Trabajo de forma unilateral y sin entablar un diálogo previo con empresarios y sindicatos. Ambos son los interlocutores apropiados para gestionar en las empresas con eficacia y serenidad una crisis que no solo conlleva un riesgo sanitario, sino que puede pasar una seria factura económica al país.