El IRPH divide a la justicia española a la espera del dictamen del TJUE

Nueve audiencias provinciales lo anulan y el resto avalan su uso mientras que el tribunal europeo emitirá su pronunciamiento la próxima semana

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La sentencia del Tribunal Supremo avalando el uso del índice hipotecario IRPH por parte de la banca española a finales de 2017 no zanjó la polémica ni siquiera entre las instancias judiciales inferiores. A la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dicte el próximo martes un pronunciamiento que sí se espera que fije un criterio judicial definitivo, la justicia española sigue emitiendo fallos contradictorios.

Así, de las 45 audiencias provinciales que han acabado abordando denuncias de consumidores contra el uso del Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH), la inmensa mayoría, un total de 36, vienen fallando a favor de la banca, siguiendo los argumentos establecidos por el alto tribunal español. Sin embargo, otras nueve (las de Madrid, Baleares, Asturias, Vizcaya, Álava, Tarragona, Salamanca, Almería y Cádiz) vienen decantándose por anular la aplicación de este índice hipotecario por abusivo, según los datos recopilados por la asociación de usuarios financieros Adicae.

Para emitir este tipo de fallos, en contra de la voz del Supremo, los jueces se están aferrando a la jurisprudencia europea sobre cláusulas abusivas. Algunos echan mano también del contenido del voto particular con el que contó el fallo del alto tribunal.

Ante semejante controversia, el titular del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona acabó elevando a la Corte de Luxemburgo el caso de una hipoteca de Bankia en la que el cliente acabó pagando entre 18.000 y 21.000 euros más al estar sujeto a IRPH de lo que hubiera abonado de estar su crédito ligado al euríbor.

El asunto ya fue abordado el pasado mes de septiembre por el abogado general del TJUE Maciej Szpunar, una suerte de fiscal general que abrió la puerta a tumbar su uso por falta de transparencia. Alegó que dada su complejidad, ligar una hipoteca al IRPH exige informar debidamente al cliente de su método de cálculo, evolución y potenciales repercusiones, algo que pocas entidades cumplieron durante su comercialización.

Solo la gran banca se juega unos 17.000 millones de euros con la decisión del TJUE, monto que el gigante de la banca de inversión Goldman Sachs eleva a 44.000 millones en el caso de que se tengan en cuenta los efectos de una anulación totalmente retroactiva para el conjunto del sector financiero. El Gobierno español ha solicitado al TJUE que limite el impacto de un posible fallo negativo para la banca española, si bien Luxemburgo ya hizo caso omiso a este tipo de peticiones en el caso de las cláusulas suelo.

En el fallo europeo de la próxima semana, Adicae espera que el TJUE aclare “si los jueces en España pueden valorar la transparencia del IRPH y determinar su nulidad; qué aspectos deben considerarse para valorar la falta de transparencia; si es susceptible de ser considerado abusivo incluso aunque hubiese habido transparencia en la contratación; y finalmente, qué efectos conlleva la declaración de nulidad del IRPH”, si así se decide.

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