Las tecnológicas estadounidenses viven en una excepcionalidad legal
No se las trata igual que a las de otros sectores, para bien o para mal, en cuestiones laborales o de competencia
Las grandes tecnológicas estadounidenses están jugando con un conjunto de reglas diferentes a las de todos los demás. El excepcionalismo legal de la industria se hizo evidente de nuevo el día 11, cuando un juez de EE UU aprobó la fusión de T-Mobile US con Sprint, número 3 y 4 del sector de la telefonía móvil en el país, y que en cualquier otro sector bien podría haber sido aplastado por anticompetitivo. Otros ejemplos incluyen leyes que impiden las demandas por contenido nocivo en Facebook o requieren que Uber y similares, pero no otras compañías con estructuras parecidas, otorguen a los trabajadores de la gig economy beneficios como si fueran empleados. Las empresas de tecnología rara vez merecen el estatus distintivo que se les ha otorgado, ya las ayude o las perjudique.
El fallo del día 11 puso fin a una saga legal de dos años que comenzó con la aprobación de la fusión de T-Mobile US y Sprint por parte del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comunicaciones. Mientras, 13 estados de EE UU y el Distrito de Columbia demandaron, argumentando que el acuerdo reduciría la competencia y aumentaría las tarifas. Parecía economía básica: T-Mobile y, en menor medida, Sprint suelen recortar precios y compiten por los clientes con tácticas como ofertas “sin cargos” y planes ilimitados, y permitir su fusión les liberaría para subir los precios. Las dos compañías dan un punto de vista diferente, por supuesto, diciendo que, juntas, podrían enfrentarse mejor a AT&T y Verizon, las dos mayores, e invertir más en 5G.
El juez de distrito Victor Marrero siguió una lógica un tanto sorprendente al aceptar el trato. Desestimando en esencia el testimonio de los expertos de ambas partes, razonó que la firma combinada seguiría bajando los precios e innovando, porque eso es lo que funcionó en el pasado y lo que se exige en un mercado “dinámico” de “tecnologías avanzadas”. Luego contrapuso los smartphones con productos más simples como la leche. “La leche es leche”, escribió, pasando por alto la complejidad de los mercados agrícolas y la falta de competencia en las telecomunicaciones, que suele provocar quejas de los consumidores. El juez concluyó, en la práctica, que las normas habituales no deberían aplicarse a esta fusión.
Un razonamiento similar ha dado lugar a otras exenciones legales para la tecnología. En 1996, por ejemplo, el Congreso aprobó el artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, basándose en la teoría de que al proteger los sitios web de demandas por los mensajes de sus usuarios se alimentaría el papel de internet como un foro inigualable para la expresión libre y constructiva. Casi 25 años después, eso ha pasado en cierta medida, pero internet es también una fuente de mensajes y vídeos engañosos, falsos y a veces odiosos publicados en plataformas como YouTube, Facebook y Twitter.
Las empresas de redes sociales están respondiendo con diversa prontitud a la presión para vigilar el contenido que propagan. Pero, a diferencia de casi todas las demás empresas de EE UU, son en gran medida inmunes a una de las fuerzas disciplinarias más eficaces del capitalismo: la responsabilidad legal por sus productos. Es una distinción que comparten con otra industria controvertida: la fabricación de armas.
El excepcionalismo legal no siempre beneficia a las Big Tech. El mismo día que el juez Marrero dio a conocer su opinión, la Comisión Federal de Comercio dijo que investigaría las adquisiciones pasadas de menos de 90 millones de dólares –el umbral habitual para el escrutinio antimonopolio– de Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Alphabet. Los defensores de la competencia están comprensiblemente preocupados por el hecho de que estas megaempresas hayan utilizado las llamadas “adquisiciones asesinas” para evitar la competencia de startups innovadoras.
Sin embargo, como señalaron dos comisionados de la Comisión Federal de Comercio en una declaración separada, otras empresas –en particular farmacéuticas y sanitarias– participan regularmente en fusiones igualmente dudosas que están por debajo del umbral de precio para el escrutinio pero que merecen ser investigadas. En estos casos, puede que las tecnológicas estén recibiendo un trato injusto.
Eso parece estar ocurriendo también en California. A finales del año pasado, los legisladores del Estado Dorado promulgaron una ley que convierte a los trabajadores de la gig economy, como los conductores de Uber, de contratistas independientes a empleados con derecho a baja por enfermedad y otros beneficios. Podría decirse que fue una victoria merecida para los trabajadores que luchan por llegar a fin de mes. Sin embargo, la ley excluye a una serie de personas en situación similar –desde camioneros hasta peluqueros – con mínimas justificaciones. Que la ley estaba dirigida directamente a las tecnológicas era evidente en un artículo de opinión del Washington Post en el que un coproponente del proyecto de ley citaba específicamente a Uber.
A veces, también, el excepcionalismo sale por la culata. Las empresas de Silicon Valley fueron de las primeras en exigir a los trabajadores que resolvieran las controversias en arbitrajes privados, en los que los individuos tienen derechos legales limitados y generalmente no pueden unirse para demandas colectivas. Eso es ventajoso a nivel legal para las empresas en cuestión. Sin embargo, cuando más de 5.000 trabajadores presentaron demandas de arbitraje contra DoorDash, con sede en San Francisco, el servicio de reparto de comida a domicilio las bloqueó, argumentando que muchas de las quejas eran infundadas y que no podía pagar las tasas de tramitación. “Ironía de ironías”, escribió un juez federal en un fallo contra la empresa, también la semana pasada. “DoorDash desea ahora una demanda colectiva. Esta hipocresía no será bendecida”.
A las empresas que han dado un vuelco a las industrias tradicionales, como Uber, se las señala a menudo. Parte de la razón es que han puesto a prueba áreas de poder y responsabilidad que nunca antes se habían considerado adecuadamente, y la ley está intentando ponerse al día. Sin embargo, parece contraproducente ver a la industria tecnológica como algo tan excepcional que no debería estar sujeto a los mismos estándares antimonopolio, laborales y de otro tipo que todas las demás... y viceversa. Tal vez el Congreso y los tribunales deberían centrarse menos en los misterios de la tecnología y más en la igualdad ante la ley.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías