El déficit se eleva un 18% a noviembre pese a que las entregas a cuenta alivian el agujero regional

El déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluyendo a los ayuntamientos, concluyó el undécimo mes del año en el 1,66%

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero

El déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluyendo a las corporaciones locales, ascendió en noviembre a 20.746 millones de euros, el equivalente al 1,66% del PIB, un 18,1% más que en el mismo periodo de 2019, según los datos de ejecución presupuestaria facilitados este martes por el Ministerio de Hacienda.

A falta de ver los datos de cierre del año, y el impacto positivo del déficit de los ayuntamientos, la cifra se acerca ya al objetivo que se había marcado el Gobierno de cerrar 2019 con un déficit del entorno al 2% del PIB, frente al 2,5% de 2018, si bien expertos como los del Banco de España apuntan a que apenas hubo reducción del agujero fiscal.

La evolución al alza del déficit se explica fundamentalmente por las comunidades autónomas, que pasan de un superávit de 1.200 millones de euros en noviembre de 2018 a un déficit de 3.125 millones en el mismo periodo de 2019, equivalentes a un 0,25 % del PIB.

Pesa en sus cuentas el aumento del gasto en un año de elecciones y con subidas del sueldo de los funcionarios. Con todo, situación regional se vio mejorada en noviembre frente a los meses anteriores gracias a la inyección de una primera parte de la actualización de las entregas a cuenta pendientes, retrasadas ante la ausencia de Presupuestos Generales para el año. El resto del abono, y del impacto positivo se dio en diciembre.

Por su parte, la administración central incrementó su déficit un 0,1%, hasta 11.994 millones (0,96% del PIB). Dentro de esta partida, el déficit del Estado se redujo un 7,1% hasta los 10.880 millones, equivalentes a 0,87% del PIB, gracias a un aumento de ingresos del 2,6% que supera al de los gastos. Por su parte, los organismos estatales cuadruplicaron su agujero fiscal, hasta los 1.114 millones, correspondientes al 0,09%.

Finalmente, la Seguridad Social redujo el suyo un 17%, a 5.627 millones (0,45% del PIB). El efecto se debe fundamentalmente al incremento del 7,5% en los ingresos por cotizaciones tras el alza del salario mínimo, y por tanto las bases mínimas de cotización, en un 22,3% y del 7% en las máximas.

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