Hacienda aprueba las entregas a cuenta y desbloquea los presupuestos regionales de 2020
El Consejo de Ministros autoriza la entrega de 103.000 millones a las comunidades prorrogando el pago de 2019, más 200 millones, a la espera de sus Presupuestos
El nuevo Gobierno ha decidido priorizar la actualización de los presupuestos públicos. De todos. Así, de un lado, el Ministerio de Hacienda dio este martes el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2020 con la publicación en el BOE de la orden ministerial que fija sus prioridades y, de otro, el Consejo de Ministros aprobó el abono de las entregas a cuenta de este año para las comunidades autónomas, lo que desbloquea el diseño de las cuentas regionales.
En concreto, Hacienda comunicó a las regiones que recibirán 103.000 millones de euros de forma provisional, aunque la cifra podría variar, previsiblemente al alza, cuando unos nuevos Presupuestos del Estado contemplen el aumento de recaudación del ejercicio.
La cifra anunciada supone un incremento del 5% respecto al monto inicialmente repartido en 2019, si bien apenas eleva en 200 millones (un 0,2%) la cuantía finalmente entregada tras la actualización aprobada el pasado otoño. Un pago adicional que se vio demorado por la ausencia de cuentas públicas y el hecho del que el Gobierno seguía en funciones. Las regiones que mayor cuantía reciben son Cataluña (19.164,19 millones, el 19,62% del total), Andalucía (19.143,24, el 18,6%) y Madrid (14.529.4, el 14,11%).
Adicionalmente, Hacienda avanzó que las regiones recibirán otros 10.934 millones de la liquidación tributaria del ejercicio 2018, que se abona a los dos años. El monto duplica el de 2017, que se liquidó el pasado ejercicio, gracias a la mejora de los ingresos tributarios.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aclaró que la inyección definitiva dependerá de la tramitación de los Presupuestos Generales pero detalló que las inyecciones comenzarán a efectuarse esta misma semana para permitir que las comunidades puedan hacer frente al pago a proveedores y a las amortizaciones de deuda que tengan previstas.
El anuncio también abre la puerta a que las regiones que aún no lo han hecho comiencen a diseñar sus presupuestos para 2020, si bien desde algunas comunidades denuncian que las cuentas no se podrán afinar hasta conocer la cifra definitiva que Montero condiciona a las cuentas del Estado.
De hecho, la aprobación de las entregas a cuenta llega solo un día después de que los consejeros autonómicos de Hacienda de Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León y Ceuta, regiones gestionadas por el PP, remitieran una carta a Montero exigiéndole la actualización de estos pagos.
La misiva también requería a la ministra que les convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que lleva sin reunirse desde agosto de 2018 aunque tiene la obligación de ser convocado al menos dos veces al año, para abordar una reforma de la financiación autonómica. Más allá, estos consejeros reclaman los 2.500 millones de euros del IVA de 2017 no contabilizados por el nuevo sistema de información inmediata (SII) del impuesto, que deberían haber sido liquidados el año pasado. Montero recordó, sin embargo, que el PP, entre otros grupos, tumbó el plan presupuestario de 2019 que recogía ese abono, con lo que dio por perdida la oportunidad de abonarlos. En cuanto a los 120 millones de 2019 que echan en falta, Montero aseveró que se deben a las variaciones de población.
Aunque la reforma de la financiación autonómica es un objetivo a medio plazo, Hacienda sí tiene previsto convocar “muy pronto” al Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar inmediatamente su propuesta de senda de déficit y techo de gasto de 2020. Se trata de un paso previo obligado a la tramitación del Presupuesto, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aspira aprobar antes del final del verano.
Antes de eso, explicó Montero, el Gobierno espera lograr un “acuerdo” con la Comisión Europea para diseñar una senda de déficit “más transitable” que la actualmente vigente, heredada del PP y, dijo, “desacompasada de la realidad del día a día”. El objetivo expuso, es lograr una reducción progresiva del agujero fiscal y de la deuda pública pero sin poner en riesgo la creación de empleo, el crecimiento económico y la recuperación de los derechos de los ciudadanos, sostuvo. "No puede haber crecimiento justo si solo beneficia a unos pocos", apostilló Montero.
Vehículos sin emisiones en 2050
Emergencia climática. El Consejo de Ministros aprobó este martes una “declaración de emergencia climática” para subrayar la urgencia de las medidas de lucha contra el cambio climático y se comprometió a impulsar tres decenas de iniciativas en esta materia, incluyendo cinco en sus primeros 100 días de gobierno. La declaración, que busca convertir en transversal para todos los Ministerios el cuidado del medioambiente, es un primer paso hacia la presentación de un proyecto de ley contra el cambio climático que se enviará al Congreso antes de mayo, o de la definición de una senda de descarbonización. A partir de ahí, la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Digital, Teresa Ribera, avanzó que ya “no habrá” nuevos subsidios a combustibles fósiles, como el diésel, la gasolina o el gas, mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incidió en que su reforma tributaria tendrá también un espíritu verde. Ribera matizó, eso sí, que el horizonte para que no circulen coches que emiten CO2 se fijará en 2050, como pide la UE, en lugar de en 2040 como se había barajado. Eso sí, anunció que los municipios de más de 50.000 habitantes estarán obligados a crear zonas de bajas emisiones.
