España, el tercer país de la UE donde más recursos destinan las rentas bajas al alquiler

La mitad de los inquilinos con pocos ingresos paga arrendamientos excesivos, una proporción que solo superan Finlandia y Reino Unido

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El notable auge de los precios de la vivienda en los últimos años, especialmente del alquiler, ha creado un problema de accesibilidad en las principales ciudades del país, pero también ha hecho que España se haya convertido en una de las economías avanzadas donde el arrendamiento se come más parte de los ingresos, sobre todo de las personas con menos recursos.

España es el tercer país de toda la Unión Europea donde las rentas bajas tienen más difícil hacer frente al pago de la renta, y el séptimo de los 37 estados que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según los datos actualizados recientemente por el organismo que dirige Ángel Gurría.

La entidad analiza cuáles son los países donde los ciudadanos hacen un sobreesfuerzo para pagar su vivienda, entendido como aquel que supone un desembolso superior al 40% de sus ingresos disponibles. Y desvela que casi la mitad (46%) de las personas con pocos recursos en España –las que concentran el 20% de los ingresos más bajos– superan ese nivel de gasto recomendado para hacer frente al pago del alquiler.

Una proporción solo rebasada en la UE por Reino Unido (el 50,7% de los inquilinos con pocos ingresos supera el umbral de gasto aconsejado) y Finlandia (48,4%) –ver gráfico–. Las cifras que se dan en España se sitúan así a mucha distancia de otros países de nuestro entorno como Portugal (33,5%), Italia (32,1%) o Francia (17,2%). Sobre el conjunto de la OCDE, apenas Nueva Zelanda, (56%), Israel (54,1%), Chile (53,8%) y Estados Unidos (48,3%) registran peores resultados que España.

Los datos de la OCDE arrojan, además, que el nivel de esfuerzo de los hogares con menos recursos es notablemente superior en el alquiler que en la compra. El 46% de inquilinos con ingresos bajos que pagan una renta excesiva contrasta con el 33,8% de los propietarios con bajas rentas que tienen que hacer un sobreesfuerzo para hacer frente a la cuota hipotecaria, 12 puntos menos que en el caso del alquiler. No obstante, en comparativa internacional, se trata también de la tercera tasa más alta de la UE, únicamente superada por Italia (42,1%) y Grecia (39,7%), y la séptima de toda la OCDE, por detrás de México, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá.

La diferencia en cuanto a nivel de esfuerzo económico es especialmente importante en función del nivel de renta. Mientras que cerca de la mitad de los españoles situados en el quintil más bajo –es decir, el 20% con menos recursos– destina casi la mitad de sus ingresos disponibles a pagar al alquiler, esa proporción prácticamente desaparece en el quintil más alto –el 20% más rico– donde menos de uno de cada diez individuos destina un nivel de renta superior al umbral recomendado. Si bien esa brecha también se observa en el caso del pago de la vivienda en propiedad, la diferencia es menor.

No se trata solo de que las personas con menor nivel de ingresos tengan que hacer un esfuerzo excesivo en España, sino que ello también afecta al conjunto de la sociedad, y en mayor medida que en muchos países del entorno europeo. Uno de cada cinco inquilinos (20,3%) destina un nivel excesivo de ingresos al pago de la renta –algo que solo se da en el 5,9% de los hipotecados–, una situación que solo se supera en Noruega (24,2%), Reino Unido (22,6%), Finlandia (21,4%) e Islandia (20,8%) y que es dos veces mayor a la que se observa en países como Italia (11,4%) o Portugal (11,3%).

En este contexto, el nuevo Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos ha anunciado un paquete de medidas encaminadas a mejorar la accesibilidad de la vivienda en España. Una de las más destacables pero también de las más polémicas es la que prevé habilitar a las comunidades autónomas y ayuntamientos para contener las subidas de los precios del alquiler de forma temporal en las zonas más tensionadas, a partir de un índice de precios oficial en cuya preparación está inmerso el Ministerio de Fomento.

El Ejecutivo también se ha propuesto definir el concepto de vivienda vacía y de gran tenedor para que las entidades locales puedan llevar a cabo medidas fiscales, ya sean de índole incentivador o sancionador. Por otra parte, el Ejecutivo se ha comprometido a aumentar el parque público y reorientar la vivienda de protección oficial exclusivamente al alquiler.

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