Una desaceleración cuya intensidad dependerá de la política económica

Aunque algunas de las medidas propuestas por el Ejecutivo podrían impulsar el crecimiento a corto plazo, otras amenazan con socavar la competitividad

Una desaceleración cuya intensidad dependerá de la política económica

Tras varios meses de estancamiento político y dos elecciones generales en 2019 se ha formado el primer Gobierno de coalición nacional de España desde el regreso del país a la democracia a finales de la década de los 70.

Pedro Sánchez (PSOE) cuenta la confianza del Congreso por un margen muy estrecho de dos escaños, la investidura más apretada en cuatro décadas. Gobierna en coalición con el partido populista de izquierdas Unidas Podemos, gracias al “sí” de varios partidos pequeños y acuerdo de izquierda republicana catalana (ERC) de abstenerse a cambio de la apertura de conversaciones entre los Gobiernos central y regional sobre el futuro de Cataluña. La nueva administración PSOE-Unidas Podemos tiene 155 escaños de 350 y requiere apoyo de otros 21 diputados para aprobar reformas.

Al respecto Portugal puede servir como modelo de éxito de Gobierno de izquierda minoritario. Pero la situación en España es más complicada por el asunto catalán. Además hay tensiones entre PSOE y Unidas Podemos. Así que es imposible saber cuánto durará este Gobierno. La única alternativa son otras elecciones, pero en noviembre el partido de extrema derecha, Vox, duplicó posición en las nacionales. Así que es probable que ambas partes del nuevo Gobierno hagan lo que sea necesario para mantenerse. La primera prueba a que se enfrentará es la aprobación del presupuesto estatal y la apertura de negociaciones con ERC para tratar de encontrar una solución a la larga crisis de Cataluña. ERC quiere asegurar un compromiso para la autorización de un referéndum legal de independencia catalana, mientras que Sánchez pretende mejorar el autogobierno de Cataluña.

El caso es que nuevo Gobierno de coalición ha acordado una serie de iniciativas políticas que afectarán a la economía española. Faltan detalles, pero las principales medidas implican un aumento de impuestos a las personas de alto patrimonio neto y a las grandes empresas, así como mayor protección de los trabajadores y aumento del salario mínimo. El impuesto sobre la renta de los que ganan más de 130.000 euros al año puede aumentar 2 % y 4 % para aquellos que ganen más de 300.000 euros. Por su parte el impuesto de ganancias del capital puede aumentar 4% para los importes superiores a 140.000 euros, hasta 27% desde el 23% actual. Además las grandes empresas pueden tener que pagar un nuevo tipo mínimo del 15% en sociedades, mientras que bancos y compañías de petróleo y gas un 18%.

El plan incluye dar marcha atrás parcialmente a varios aspectos de la reforma laboral introducida por Mariano Rajoy en 2012 y la coalición planea una ley que impida a las empresas despedir a trabajadores en faltas de trabajo frecuentes por enfermedad, así como introducir medidas para combatir los empleos precarios y temporales. La coalición también quiere aumentar progresivamente el salario mínimo entre 1.000 y 1.200 euros al mes para que alcance 60% del salario medio -actualmente de 900 euros-. Se trata un importante aumento pues ya subió un 22% en enero de 2019.

Es probable que el presupuesto propuesto por la coalición sea acomodaticio, a pesar de que el margen de maniobra es limitado. España abandonó el Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea (UE) en junio de 2019 tras años de lenta consolidación hasta el 2,5% del PIB en 2018, partiendo de un déficit presupuestario del 11,3% en 2009, cuando se puso en marcha por primera vez contra España. Para que España se adhiera estrictamente a los términos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Comisión Europea el nuevo Gobierno seguirá teniendo que ajustar su equilibrio estructural en 0,65% del PIB anual. Pero lo más probable es que no veamos ajustes estructurales del déficit en 2020 y el déficit nominal puede mantenerse sin cambios respecto a 2019. Ahora bien, es probable que la Comisión Europea haga una interpretación flexible de las normas de la UE, siempre que el exceso siga siendo limitado.

De todas formas, aunque algunas de las medidas propuestas por el nuevo Gobierno pueden impulsar el crecimiento a corto plazo de España algunas de ellas a medio plazo (en particular la derogación parcial de la reforma del mercado de trabajo) pueden socavar la competitividad de las empresas. Además la ausencia de reformas estructurales en el programa de Gobierno puede frenar el potencial de crecimiento de España, que es crucial para la dinámica de su deuda pública. De hecho el panorama político muy fragmentado indica que será complicado aplicar las reformas necesarias para resolver los problemas estructurales a los que se enfrenta España. El caso es que, desde el punto de vista de los mercados financieros, vale la pena mencionar dos elementos. En primer lugar, la nueva administración sigue siendo firmemente pro europea y en segundo lugar, la falta de mayoría parlamentaria implica que las medidas políticas extremas son poco probables.

Hay que tener en cuenta que España ha superado la media de crecimiento del PIB de la euro zona los últimos cinco años, con mejores resultados que países como Alemania e Italia, incluso a pesar de un prolongado período de incertidumbre política y que a corto plazo el contexto macroeconómico sigue favorable gracias a una sólida demanda interna y holgada situación de financiación de la deuda. Además la reducción de incertidumbre política debe proporcionar un nuevo impulso a la economía española, lo que es probable en 2020.

Pero esperamos que el crecimiento se desacelere gradualmente, reduciendo la favorable brecha respecto a la euro zona. En concreto, impulsado por la demanda interna, estimamos un crecimiento del PIB español de 1,7% en 2020 tras el previsible 2 % de 2019, con riesgos a la baja, mucho de lo cual dependerá de la implantación de políticas económicas del nuevo Gobierno.

Nadia Gharbi es economista para Europa de Pictet WM